Por fortuna, todavía en Colombia hay un saldo de respeto por las instituciones, lo cual impide que ciertos partidos políticos impongan a la torera sus arbitrariedades al momento de legislar, porque la ley debe ser una norma de carácter general que satisfaga los intereses colectivos, no los caprichos individuales de uno o más legisladores. Una dinámica equivocada se esparce, de mala fe, con el objeto de contrariar ese principio que hacía ponderado y sabio al legislador. No obstante, hay mayorías populares que celebran alborozadas los atropellos de las leyes inconstitucionales, como ocurrió con la estatutaria de la Justicia Especial para la Paz, saneada por la Corte.
De no existir la jurisdicción constitucional, encargada de controlar los abusos del legislador cuando los rencores y el manipuleo pesan más que su misión institucional, en Colombia todo sería un disparate aplaudido por el sectarismo y la insolvencia emocional de quienes, desde su privilegiada posición social y económica, pretenden que todos pensemos –o malpensemos– como ellos, aferrados a un extremo ideológico desaconsejado por el equilibrio que debe presidir las decisiones de Estado.
La Corte Constitucional hizo lo suyo al anular las violaciones embutidas a última hora, y fuera de tiempo, en el estatuto de la JEP. La extensión de la ponencia del magistrado Lizarazo (822 páginas), acogida por la Sala Plena, reflejó la acuciosidad con que el ponente valoró la letra y el espíritu de la disposición, sujeta en su mayor parte a la Carta Política. Depurada, la justicia transicional y el país tendrán en su texto la herramienta adecuada para que el proceso de paz pueda culminar sin los escamoteos que una oposición hirsuta le atravesó al finalizar el trámite parlamentario.
La presidente Patricia Linares saludó la decisión de la Corte con optimismo y esperanzada. Como una larga y ancha franja de la opinión pública, la magistrada confiaba en la imparcialidad del juez constitucional. Superada la crisis interna que lo abrumó por meses, por ahora nadie desconfía de su integridad profesional, ni de la ética que se le supone a una corporación de su nivel. De modo que la intención que indujo al Constituyente del 91 a su creación, recobró vida y vigor en esta postrera y definitiva determinación.
La suerte del posconflicto mejora y le recuerda al gobierno,
que insiste en algunos cambios,
que la Justicia profiere sus sentencias libres de prejuicios y pasiones
Poco a poco, como se ve, la suerte del posconflicto mejora y le recuerda al gobierno, que insiste en algunos cambios, que la Justicia profiere sus sentencias libres de prejuicios y pasiones. Nada que recargue de obstáculos una paz que logró con el fallo de la Corte otra garantía de consumación, sería procedente si la única justificación es el sainete de un partido político que la sigue cuestionando con la peregrina tesis de que las Farc no eran un grupo beligerante, sino un reducto de terroristas. Pocas veces lo que se grita en la plaza pública, en pos de votos, se mira, como asunto de Estado, a través del mismo cristal, y, menos, si es materia sensible y peligrosa para la estabilidad de un país traumatizado.
Sin embargo, a tiempo con el fallo que comentamos, el Centro Democrático lanzó un nuevo torpedo contra la implementación en un proyecto de ley de doble filo, que prohíbe suministrar información clasificada. ¿Será que su tribu de cortesanos, o el jefe, temen el salto de un lobo de la empalizada de la confidencialidad? ¿A cuenta de qué ardid o maña la JEP dejará de practicar pruebas que, denegadas, bloquearían la búsqueda de verdad, justicia, reparación y no repetición? ¿O es que ahí sí conviene que ciertos hechos queden impunes? Si el que nada debe nada teme, no tiene por qué intranquilizarse con el uso judicial de documentos o dichos que no lo comprometan en ningún caso.
Unir es misión de estadistas; dividir es protervia de anarquistas
Bien dijo Patricia Lara cuando afirmó, al ser entrevistada por lo que narra en su libro Adiós a la guerra, que sería una estupidez parrandearnos la paz, tanto por los resultados conseguidos en año y medio de desmovilización y entrega de las armas, como por lo que incentivaría acuerdos con el Eln si la racionalidad vence la “caprichomanía” populista que trajo dividendos electorales. Seguir en andanzas de captación de fieles por cuatro años más, podría tirarse también el esfuerzo por dotar de apoyos clave a la Administración Duque. Hegel, en un tratado sobre la Constitución alemana, reconoció en Maquiavelo al hombre que liberó a Italia de más y peores guerras promoviendo la unión de su país en un solo Estado. Unir es misión de estadistas; dividir es protervia de anarquistas.
Esa lectura no se la ha aconsejado José Obdulio a su jefe.
