La visita de Barack Obama a Cartagena en abril de 2012 para la Cumbre de las Américas dejó una huella imborrable, no por sus discursos sobre democracia, sino por el escándalo sexual que precedió su llegada. Doce agentes del Servicio Secreto de EE. UU., junto con militares, contrataron trabajadoras sexuales en bares como Pley Club y El Dorado, prometiendo pagos que nunca cumplieron.
Lo que parecía un incidente local se convirtió en noticia mundial, pero con un giro siniestro: documentos recientes de Jeffrey Epstein revelan que el financista asesoró a la Casa Blanca para encubrir el caso, desacreditando a las mujeres de Cartagena. Este episodio ejemplifica cómo la política de una superpotencia coloniza el debate público colombiano. No fue solo "turismo sexual", sino abuso de poder transnacional: agentes federales explotaron la vulnerabilidad económica de las trabajadoras, estigmatizándolas para proteger su propia impunidad.
La prensa centró la narrativa en la "mala imagen" de la ciudad, pero nadie protegió la dignidad de las víctimas; su testimonio quedó reducido a chisme sensacionalista opacado por la maquinaria diplomática gringa. El encubrimiento es aún más escandaloso: Kathryn Ruemmler, abogada del gobierno Obama, consultó directamente a Epstein —entonces bajo investigación por tráfico sexual— para manejar la prensa. Emails filtrados muestran a Epstein editando respuestas oficiales y cuestionando la credibilidad de las testigos en el hotel El Cid.
Aunque el foco recayó en Jonathan Dach, un asistente cuya reputación se blindó con la frase "no hay actos indebidos", solo tres agentes renunciaron. El silencio sobre las conexiones internas perduró hasta que los archivos de Epstein lo destataron 14 años después. Es evidente que cuando la política de EE. UU. cruza el Atlántico, impone su jerarquía informativa: las trabajadoras sexuales —mujeres afrodescendientes y madres cabeza de hogar— pasaron de ser víctimas a fuentes "dudosas".
Medios internacionales y nacionales como El Tiempo repitieron la versión oficial sin cuestionar el silenciamiento de las voces cartageneras. Esto puede catalogarse como colonialismo mediático: Colombia como escenario exótico donde la potencia protagoniza su redención y las locales cargan con el estigma. Hoy, con los documentos públicos, Cartagena merece una reparación narrativa: estas mujeres no eran "prostitutas erradas", sino testigos de un abuso sistémico.
También le puede interesar:
Anuncios.
