El derecho al olvido

Por: Andrés Aldana H.
abril 06, 2015
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El derecho al olvido

Cada 24 de marzo, la plaza de mayo se llena de ancianas locas, ancianas que se negaron a olvidar, que aún hoy después de 32 años de terminada la dictadura militar, siguen reclamando por el derecho de sus hijos, esposos, hermanos y amigos a permanecer en la memoria.

Es tan importante el acontecimiento que el centro de Buenos Aires colapsa, pues se ha convertido por antonomasia en el evento revisionista, no solo en la Argentina sino en toda Latinoamérica.

La lucha por los desaparecidos en cada dictadura, guerra civil o convencional, se ha tornado en un tema político del cual son partícipes la mayoría de gobiernos (en las izquierdas es casi un acto fundacional) y que a su vez ha impulsado sinnúmero de leyes en pro del reconocimiento de las víctimas y los derechos de sus familias, además de centros para la recuperación de la memoria, esa memoria colectiva perdida en el entretejido de historias e imposiciones ideológicas.

Sin embargo, mientras en Latinoamérica nos esforzamos sustancialmente por la recuperación de nuestra historia, esa historia individual detrás de las personas que nos han sido arrebatadas, Europa y Estados Unidos se enfrentan ahora por un derecho tan o más importante, teniendo en cuenta el contexto al que nos vemos avocados. Un derecho que representa la necesidad de auto-determinación y la preservación de otros derechos como la presunción de inocencia o el derecho al buen nombre.

El derecho al olvido surge a partir de la lucha de un hombre que, irónicamente siempre será recordado y quien se dio a conocer internacionalmente gracias a su afán por borrar su nombre de la historia, en lo que podría llevarnos a una conclusión apresurada pero persuasiva; La información, y la red actual donde fluyen todos nuestros datos, actuarían en este aspecto como arenas movedizas, todo intento enérgico por evitarle terminaría eventualmente en un mayor hundimiento.

Mario Costeja González interpuso una demanda ante la justicia ordinaria española en contra de Google quien permitía que el periódico La vanguardia tuviese en sus páginas una publicación de desahucio por deuda de 1998 sobre su casa en Cataluña. Información que en su momento fue lícitamente publicada pero que según Costeja afectaba su derecho a la protección de datos.

La lucha judicial se largó por cuatro años (2010-2014) y dio como resultado una cuantiosa indemnización a favor de Costeja y el retiro de todos los enlaces relacionados de su sistema de búsqueda.

A partir de este caso, la avalancha de demandas por protección de datos en España y Europa no se hizo esperar, dándose incluso en algunos casos la posibilidad a criminales convictos de borrar toda información sobre su pasado criminal.

Y es que si bien, el derecho en un principio parece tener un sustento legítimo, el mal uso de la ley puede desembocar en un caos informático; eventualmente cualquier persona que no se encuentre conforme con una crítica sobre su trabajo, (política, judicial, social, cultural, académicamente) podría invocar la protección de información y en caso tal, acabar de facto con el derecho a la libre expresión e información de los demás.

Lo que parece en un principio la queja de un viejo gruñón (espero sinceramente no borren el enlace de este artículo por una mala crítica) se ha convertido en uno de los debates éticos esenciales de la segunda década de nuestro siglo; ¿Quién tiene el derecho a decidir qué información circula o no? ¿Quién puede determinar hasta qué punto mis datos son personales o de dominio público? ¿No es acaso el acceso a la información una forma de control?

El uso ético de este nuevo derecho hará parte de los debates recurrentes durante los próximos años; el derecho al olvido se convertirá inexorablemente en el derecho de las resistencias, la izquierda eventualmente lo acogerá como forma de resistencia a un mundo que convierte la información en capital. La derecha promulgará su intención de controlar la información total de los sujetos para garantizar su seguridad.

Tal vez en el futuro el acto revolucionario más audaz sea no decir nada, no permitir que la información sobre nuestras actividades fluya. Es paradójico, en este sentido, pensar que hace 20 años el ciberpunk, influenciado por las novelas distópicas como 1984 y posteriormente con su resurgir a finales de los 90’s con Matrix se plantearan la idea del control total por parte de entidades cibernéticas y hoy, accedamos voluntariamente a dar nuestra ubicación, deseos, miedos y experiencias a través de la redes sociales.

El derecho al olvido, el derecho al recuerdo, representaciones de una sociedad dividida, dos lugares contemporáneos más no sincronizados. Tal vez la mayor muestra de cuan distintos son los derechos del oprimido y del opresor.

@andresaldana

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