El enorme aparato publicitario que se ha desplegado en torno al Coronavirus, parece ser más un distractor para desviar la atención de los ciudadanos, puesto que para combatirlo no hay que hacer tanta alharaca sino tomar todas las medias indispensables para proteger a la población. No será que a los grandes medios de comunicación, muchos de ellos de propiedad de poderosos empresarios o financiados por los mismos, le preocupa mucho el virus informático que ha estado esparciendo con sus creíbles y bien argumentadas declaraciones, Aida Merlano Rebolledo, y tienen que conjurarlo.
Son creíbles las declaraciones, porque los afectados se han dedicado a descalificarlas y a hacerlas ver como unas grandes mentiras, pero no a desmentir las denuncias que se han hecho y que hablan del mercado público en donde se venden y se compran al por mayor y al menudeo los votos en cada periodo electoral. Lo que resulta evidente de todo lo dicho y que es de conocimiento público, es la perversidad del sistema electoral colombiano, y el dominio de las mafias que gobiernan a Colombia, y no una sería preocupación por proteger la salud y la vida de los colombianos. Si esto fuera así, se acogería sin dilación alguna la recomendación que la ONU le ha hecho a todos los gobiernos del mundo incluido, por supuesto, el de Colombia, señalando que la salud, no solo es un derecho humano, sino un derecho fundamental; y no obstante estar este postulado de la ONU incorporado en la legislación colombiana, es violado sistemáticamente por el gobierno y los directivos de las EPS.
En el sector de la salud no hay quien le ponga el cascabel al gato, puesto que los flamantes directivos de las EPS, consideran que están por encina de la ley y fuera del alcance del brazo de la justicia. Esto parece ser así, pues ya ni siquiera cumplen los fallos de tutela.
Los usuarios del sector la salud se deberían ocupar en descubrir si los encopetados directivos de las EPS, forman parte de las mafias que financian las campañas electorales para el Congreso y la Presidencia de la República, lo que explicaría porque gozan de tanta protección del gobierno y de los congresistas. Estos arrogantes directivos, no solo irrespetan a los usuarios del sector de la salud, sino a los jueces, si tenemos en la cuenta que para muchos de ellos, el cumplimiento de las decisiones judiciales, parecen ser opcionales y no un mandato perentorio y de obligatorio cumplimiento. El gran problema que tenemos los usuarios de la salud, es que al parecer, tanto congresistas como gobernantes, están cooptados e hipotecados a los directivos.
En medio de todas las propuestas de reformas que está haciendo el gobierno, se está hablando de una reforma a la justicia, por lo que resulta no solo oportuno sino trascendental, demostrar que la congestión de la justicia, en buena parte es el producto de la negligencia los directivos de las EPS, por lo que debemos proponer que se castigue severamente a los directivo de las EPS, por no cumplir con el deber que han adquirido, para con sus afiliados, y que los afectados se vean obligados a interponer acciones de tutela. De nada vale hablar de la descongestión judicial, si por la negligencia de estos irresponsables directivos o los incompetentes funcionarios públicos, los ciudadanos tienen que recurrir ante el Juez constitucional para que les ampare sus derechos vulnerados y desconocidos, no obstante hacer los aportes para la salud.
Propongo a los usuarios del sector de la salud que abramos un gran debate nacional, entorno a tipificar con mayor claridad y rigor la responsabilidad penal de los médicos, que apartándose del juramento Hipocrático, basan su desempeño profesional en la bioética. Por su parte las sanciones a los directivos de las EPS, deben ser severas, habida cuenta que son unos violadores de los derechos humanos de los usuarios de la salud. En este debate que estoy proponiendo y que ojalá sea acogido por muchos colombianos, no podemos dejar de lado lo precario de los contratos laborales de los médicos, la baja remuneración, la mayoría de los médicos son de mala preparación, y lo que es más preocupante, sin ninguna sensibilidad social y humana. Son numerosos los pacientes que por la práctica de una intervención quirúrgica inadecuada, quedan incapacitados de por vida o mueren en un quirófano.
En el Código Penal, la incapacidad de por vida de un paciente por la práctica de una intervención quirúrgica inadecuada o la muerte del mismo, por falta del suministro de los medicamentos o por falta de hospitalización y atención médica oportuna, debe ser penalizada y con castigos severos, tanto para los médicos como para los directivos de las EPS.
Creo que no le falta razón a los ciudadanos que se formulan esta pregunta. ¿De qué material estaremos hechos los colombianos? Esto porque aquí nos acostumbramos a vivir en medio de las drogas ilícitas, de la inseguridad y la violencia, la corrupción, la compra venta de votos y todos los desmanes de los responsables de prestar el servicio de salud.
Creo que llegó la hora de abrir un gran debate nacional en torno al servicio público de la salud y las responsabilidades de Médicos y directivos de los hospitales, y las implicaciones penales. Colombia es uno de los pocos países del mundo, donde la gente paga por un servicio de salud que casi no le prestan y que cuando se lo prestan es deficiente; los médicos están sometidos cada vez más a elevadas cargas de trabajo, de los 15 minutos que dura una cita, diez se la dedican al computador para revisar la historia clínica y unos 5 minutos se lo dedican al paciente. Hoy la relación es la del médico con el computador, y no la del médico con el paciente. Los médicos mal remunerados, se ven sometidos a pesadas cargas laborales y presiones indebidas para que solo receten Acetaminofén y no medicamentos costosos.
La Ley 1751 de 2015, en su artículo primero dispone: “Garantizar el derecho fundamental a la salud, regularlo y establecer sus mecanismos de protección”, y en el artículo segundo consagró el derecho a la saluda como fundamental, de nada vale la existencia de normas, sino hay quién las haga cumplir, ni ciudadanos que exijan su cumplimiento. A los directivos de las EPS, les cae muy bien la frase que se le atribuye a Luis XVI “El Estado soy yo”, pues estos sujetos imponen su propia ley.
