El caso que 1300 mineros de la Frontino Gold Mines quieren llevar a la CIDH

Ante la inoperancia de la justicia colombiana, quieren acudir a un tribunal internacional. Esta es la historia

Por: Andrés Felipe Ríos Fernández
marzo 26, 2021
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El caso que 1300 mineros de la Frontino Gold Mines quieren llevar a la CIDH

“¿Qué decimos nosotros? Que el Estado colombiano, en cabeza del alcalde (Alberth Luján), en cabeza del gobernador (Luis Alfredo Ramos) y del presidente en ese entonces (Álvaro Uribe), sabían que los paramilitares se estaban financiando con las minas de la Frontino Gold Mines y nunca hicieron nada. En ese entonces no se podía hablar mucho de la situación porque asesinaban al que hablara, por eso nos toca acudir a las instancias internacionales porque aquí la justicia no ha operado. Cuando el juzgado quinto nos iba a entregar la empresa, no podíamos hacer denuncias porque los paramilitares nos amenazaban. El Estado nunca nos tuvo en cuenta ni como trabajadores ni como dueños. Nos dejaron sin nada: sin pensión, a otros enfermos, a una mujer en embarazo; ese fue el negocio que hizo el gobierno aquí. Queremos llevar eso a instancias internacionales para mostrar la violación a los derechos humanos, ya que esto lo hizo el gobierno para entregarle la mina a los paramilitares”, asegura Gustavo Adolfo Castrillón Restrepo, trabajador de la Frontino Gold Mines, quien tuvo que salir desplazado de Segovia en 2012 por denunciar estos hechos.

La historia comienza en 1852 cuando llegaron los ingleses a Segovia y pidieron un título minero, el cual el gobierno se los dio a perpetuidad, en agradecimiento por colaborar con la independencia de Colombia. Hasta 1976, que se aburrieron en la subregión, aduciendo pérdidas y por la situación social cuando las FARC y el ELN tenían controlado el territorio realizando homicidios, secuestros y otro tipo de hechos delictivos. Ante la deuda que tenían con los trabajadores, decidieron entregarles ante un notario en Nueva York, la empresa Frontino Gold Mines. Posteriormente, el Estado aceptó el Concordato Preventivo, que se dilató entre 1976 y 2004, hasta que el Estado decidió liquidar la empresa porque los ingleses se fueron y en pago por las deudas laborales les entregan la empresa a trabajadores y jubilados. En este año el expresidente Álvaro Uribe, optó por sacar la empresa a liquidación, aunque ésta ya había sido liquidada.

“Cuando la empresa estuvo en liquidación, la administró el Estado por medio de la Supersociedades, resulta que el Estado por intermedio del liquidador le daba los contratos a estos grupos al margen de la ley. Hubo un liquidador de la Frontino llamado Eduardo Toya, que después fue a Buriticá y allá lo cogieron por ser jefe de una banda delincuencial, ¿cuál es el asunto entre el Estado y estos grupos al margen de la ley? Dentro de esos casos está el del exalcalde de Segovia Alberth Luján que acolitaba que estos grupos invadieran las minas, el del paramilitar Jairo Hugo Escobar y el del anterior secretario de gobierno en ese entonces porque ellos recibían puestos allá”, esto se cuestiona Mario Piedrahita, representante de los trabajadores y jubilados de la Frontino.

Más sorprendente fue para ellos, que El superintendente de sociedades dijo en el pueblo en el año 2004: “siempre la empresa será de los jubilados y trabajadores”, en una reunión en el municipio con muchos testigos de por medio. Reconoció que la Frontino fue liquidada y ya no existe, en 1976 se liquidó, y sin embargo, la volvieron a liquidar. Los reconoció como dueños y después cambió el discurso y la volvió a liquidar para venderla con varias irregularidades de por medio.

Muchos de los 1.300 jubilados ya sean muerto porque ya son 17 años esperando, otros todavía están por aquí. La mayoría están con un mínimo, van por la jubilación a principio de mes y luego no vuelven porque no tienen pasajes. Les dieron una miseria de pensión aseguran ellos… A otros ni siquiera les reconocieron el bono pensional, por eso muchos quedaron tirados.

“El gobierno nos dividió, Gustavo Palacio que era el presidente del sindicato en ese entonces se hizo a favor del gobierno. Álvaro Uribe se lo llevó a Estados Unidos para que hablara mil maravillas del TLC, con eso se dejó comprar y vino a Colombia hablando bellezas del presidente, y el mismo presidente del sindicato le dice ahí está la empresa para que meta a los paramilitares ¿Qué más pruebas tenemos? La misma Superintendencia tiene las pruebas en los documentos de cómo le entregaron la empresa a los paramilitares. Los mismos trabajadores le abrían la puerta a Macaco cuando él fue a decir: “vengo a ver lo que compré””, asegura Gustavo Castrillón.

A esto se suma, que grupos paramilitares invadieron la mina “El Silencio”, entre el 2001 y 2003, que fue hecha por el Bloque Metro, con el jefe en Segovia que era Gustavo Restrepo: “Ellos invadieron estas minas con consentimiento del alcalde de Segovia, Albert Luján. Él es condenado por estar vinculado con el Bloque Metro por concierto agravado para delinquir. Luego de invadir la mina “El Silencio” comienzan a invadir Providencia, a nosotros nos invitan a una reunión en el sindicato,  con supuestamente todos los paramilitares, pero  allá fue solo “Lele” que era él que le llevaba las finanzas a este grupo, dijo que por encima del que sea iban a trabajar la mina, y él que se oponga lo asesinamos”, afirma Castrillón. Adicionalmente alias “Piedra” recibió contratos del liquidador, estuvo preso y luego fue asesinado por tener contacto con estos grupos al margen de la ley.

Posteriormente, comienzan una lucha jurídica desde el año 2004, en el juzgado quinto laboral de Medellín. En el 2006 el juez quinto dictó medidas cautelares a favor de los jubilados, aunque la Supersociedades obligó a una colisión de competencias, diciendo que el juez no debía inmiscuirse en esto. El Consejo Superior de La Judicatura dirimió a favor del juez quinto laboral que falló a favor de los trabajadores y jubilados. La Corte Suprema de Justicia, en la salsa de casación laboral, ratificó lo dicho por el Consejo Superior de la Judicatura. En 2006 es la entrega oficial, pero la Supersociedades radicó una tutela y les quitó la empresa, este proceso judicial siguió, después por medio de Eduardo Otoya, quien interpuso otra tutela que falló a favor de él.

“Hay muchas irregularidades, el hecho de que el liquidador estaba impedido porque anteriormente era superintendente de Supersociedades. Adicionalmente la empresa la vendieron basados en el artículo 195 del código de comercio que habla de enajenación especial, resulta que esto solo se aplica cuando el bien está a punto de pudrirse o dañarse, pero el caso es diferente porque el oro no se oxida. También hubo una persecución contra el juez quinto, trajeron una juez de Santa Fe de Antioquia y siguió el juego del gobierno, y prácticamente nos anuló el proceso que llevábamos. Con base a eso interpusimos una reparación directa, lleva 9 años y no ha habido todavía un fallo al respecto”, cuenta Mario Piedrahita.

Cuando estaban que vendían la empresa, en el 2009, trabajadores, extrabajadores y el pueblo en general presionaron con un paro para que no la vendieran. Los trabajadores cuentan que a punta de violencia los doblegaron y que toda la gente del municipio estaba enojada con eso. Aseguran que los problemas con la mesa minera y con todo lo demás han sido por la misma causa. Los ingleses se fueron y dejaron eso ahí tirado sin maquinaria y sin repuestos, como un hueco sin reservas y sin nada. Les tocó a ellos volver a sacar eso adelante, porque era una de las minas más ricas del mundo, que ha producido hasta más de cinco millones de onzas de oro en un solo depósito. Hubo tiempos en que la empresa les daba bonificaciones a los trabajadores, pudieron arreglar sus casas e hicieron lo que quisieron. No había ese conflicto con el pequeño minero y permitían que ellos trabajaran hasta cierto punto. El conflicto de ahora con la empresa es porque les está haciendo unos pequeños contratos y quiere ganar hasta el 50 o 60% de la producción; sin contar la extorsión por parte de actores armados a los mineros ancestrales.

“Nosotros no tenemos un pleito con la Colombia Gold, porque ellos van a decir que compraron de buena fe, aunque nosotros sabemos que no fue así. Es muy diciente y sospechoso que en la primera junta de ellos (que primero se llamaba Medoro, luego Sandor Capital y ahora Colombia Gold) estuvo María Consuelo Araujo, ministra estrella de Uribe y  el ministro de minas, Hernán Martínez, a quien le tocó la venta de la empresa”, asevera Piedrahita.

Acerca de la compra de la empresa, en un derecho de petición la empresa Gran Colombia Gold respondió: “es importante aclarar que Gran Colombia Gold Segovia Sucursal Colombia, es una sucursal en Colombia de una sociedad extranjera, cuyo objeto social se encuentra plenamente definido, la cual adquirió los activos físicos de la empresa Frontino Gold Mines Limited,  esta última al encontrarse en estado de liquidación obligatoria (…) se aclara que Gran Colombia Gold no es propietaria ni compró la empresa Frontino Gold Mines Limited, ni es la misma empresa”.

Ante todos estos hechos, los jubilados y trabajadores presentaron una demanda ante la Comisión de la Verdad que publicará su informe en noviembre de 2021 y a la JEP (Justicia Especial para la Paz), a quienes les entregaron los documentos, las pruebas y su versión, por lo que esperan que emita un concepto favorable y que citen a estas personas implicadas a declarar. También llevaron el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que evaluará el caso para ver si acepta la demanda ante la CIDH. Aunque quisimos contrastar los hechos con la Supersociedades, para escuchar su versión sobre los hechos, calificaron el derecho de petición como improcedente por ya haber sido liquidada la empresa y solo se limitó a referir lo siguiente: “este Despacho dio por terminado el proceso liquidatorio, tal como consta en proveído 2014-01- 481427 del 28 de octubre del 2014. Conforme lo anterior, esta persona jurídica como sujeto de derechos y obligaciones se encuentra extinta, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 199 de la Ley 222 de 1995”. Si el caso llega a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, será ésta la encargada de determinar si les da la razón, y aunque sea, poner al Estado a dar su versión sobre lo ocurrido.

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