“El boom minero cogió al país con los calzones abajo”: Amylkar Acosta

Sin saber que sería el nuevo Ministro de Minas, el exsenador desnuda en esta entrevista la realidad del sector y dice que el auge ya pasó.

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septiembre 06, 2013
“El boom minero cogió al país con los calzones abajo”: Amylkar Acosta

Amylkar Acosta es un guajiro a carta cabal, abierto en su comportamiento y pensamiento y firme en sus convicciones, cree en lo que cree. Además este economista de la Universidad de Antioquia, ha hecho de los temas minero-energéticos  guajiros como pocos, el eje de su trabajo y compromiso en lo intelectual, como profesor, conferencista, columnista, ensayista y Presidente de la Sociedad  Colombiana de Economistas. En lo político, durante varios períodos desde la Comisión Quinta del Senado, y como Presidente del Congreso. Pero también en su paso por la función pública – viceministro de Minas y Energía, actualmente miembro de la Junta Directiva de Ecopetrol - ha transitado por esos predios.

Su visión tiene el sabor de la experiencia, del que no come cuento y ayuda a situar en sus justas proporciones el tema minero energético que para unos es maná que cae del cielo y para otros, una locomotora desbocada que todo arrasa. Amylkar da elementos para poner las cosas en su punto.

Juan Manuel Ospina (JMO): ¿Hay  una crisis en la minería, es una crisis de crecimiento o un gigantesco desorden que vuelve crítico el actual escenario?                                                                                     

Amylkar Acosta (A.A) : Para acotar el tema, parto de la base de que Colombia no es un país minero. De la misma manera en que se dice que Colombia es un país con petróleo, pero no es un país petrolero.  Colombia es un país con minas, pero no es un país minero. Y lo digo porque con excepción de la gran minería del carbón en la Guajira y el níquel  de Cerro Matoso, en  los últimos 20 o 30 años no hemos tenido  un solo emprendimiento nuevo de mediana o de gran minería. Al inicio de este gobierno siendo Carlos Rodado Noriega  Ministro de Minas y Juan Carlos Echeverri de Hacienda,  se planteó la reforma del régimen de regalías; mientras Echeverri planteaba que era una reforma necesaria  porque vivíamos  una bonanza minero energética,  Rodado hablaba más bien de un auge minero; yo coincido con la apreciación  de Rodado porque solo se podría  hablar de bonanza minera  si  los mayores ingresos por  la producción y  exportación   del mineral o del petróleo se originaran en  nuevos  descubrimientos, en  la incorporación de nuevas reservas; y ese no es el caso de Colombia.

J.M.O: ¿Y cómo explica entonces el auge minero que vive el país?                                                            

A.A: Los mayores  ingresos, producto de un aumento en nuestras exportaciones minero energéticas son el  fruto de dos hechos. Uno, la voracidad del mercado internacional por materias primas, especialmente de India y China que se convirtieron  en  verdaderas “aspiradoras de materias primas”  lo que llevó a que las demandas y  los precios internacionales de esas materias primas se dispararan. Tuvimos entonces   mayores  exportaciones con  mejores precios. Se conoció  en esos años un  escenario  de mercados en expansión con  precios internacionales bien  atractivos,  que atrajeron  al país inversiones extranjeras  que venían afanadas a  aumentar  la producción;  el resultado no fueron  nuevos descubrimientos, nuevas reservas.

El caso más diciente para entender lo anterior es lo que sucede  con el petróleo; el gobierno se obsesionó  con alcanzar la cifra mágica del millón de barriles de producción diaria de crudo. Pero, más  que obsesionarse con alcanzar ese millón de barriles, debería estarlo con  aumentar  nuestras reservas, pues  las reservas actuales solo nos alcanzan para 6.5 años. Para sostener en el tiempo el cañazo del millón de barriles de producción diaria, que fue consignada como  la meta del actual plan de desarrollo, requeriríamos incorporar cada año un promedio de 365 millones de barriles de crudo, que equivalen a un campo como el de Quipa,  el último  de importancia  descubierto en Colombia en 2006 o 2008. Una tarea difícil  a pesar de   una mayor dinámica exploratoria, especialmente en petróleo, gracias a la cual   hemos ido encontrando pequeños campos.

JMO: No lo percibo optimista sobre nuestro futuro minero energético.

A.A: Correcto y la razón es sencilla, pues no se dan  nuevos desarrollos, no hay nuevos hallazgos razón por la cual e  insisto en ello, prefiero hablar de un auge, de un boom minero energético. Para hacer más contundente el punto, entidades como  ANIF plantean que la bonanza  ya  llega a  su  final. El  boom ya pasó. Tuvimos  10 años de auge del sector y “lo que por aguas viene por agua se va”. Ahora con  el mercado internacional contrayéndose, los precios caen  y con ellos   la inversión extranjera directa (IED) en el país, particularmente la dirigida al sector minero. No ha pasado lo mismo  con la petrolera por razones ajenas al mercado, nacidas de  problemas geopolíticos, en particular la situación de Egipto y la incertidumbre reinante. Pero en mí concepto, la tendencia de los precios es a la caída.

El 70%  de esa inversión extranjera se ha ido al  petrolero. La  que se orientó hacia los minerales  metálicos lo hizo a la minería del oro  en las localizaciones donde ancestral y tradicionalmente la habíamos hecho – Marmato, Zaragoza -. Los  capitales  llegaron  manivacíos,  sin aportar  nueva tecnología y por ello  se mantuvo una explotación marcada por  la informalidad. No  llegaron con el ánimo de  montar nuevas empresas cero kilómetros, sino  a comprar lo que había. El cambio  ha sido solo  de dueños.

J.M.O: Con su explicación podría pensarse que el cambio minero energético que marcó nuestra historia reciente, no es fruto de una decisión planeada, de una estrategia de desarrollo del país, sino que nos cayó del cielo. ¿Estábamos preparados para ello?

A.A. Para nada. Este boom, este auge de la actividad minera cogió literalmente al país “con los calzones abajo”. Para empezar, no teníamos una institucionalidad lo suficientemente fuerte, lo suficientemente robusta para  enfrentar el desafío que significaba el auge.  La dinámica desatada en  la actividad minera terminó por rebasar a  la institucionalidad, incluida la autoridad minera, con el agravante de la gran corrupción que por entonces empezó a hacer  carrera en esa institucionalidad,  alimentada por la aparición de intermediarios oficiosos operando  en  un verdadero mercado secundario de títulos mineros,  nueva manifestación de la informalidad de nuestra minería. Su origen está en la  ley  685 de 2002, el Código de Minas vigente,  que mantuvo el  principio decimonónico de “primero en el tiempo, primero en el derecho”  que enfrentado a las realidades    de la minería actual, se convirtió en un principio perverso,   contrario al  interés de la Nación al permitir  hacerse  a títulos con la sola cédula de ciudadanía, sin consideraciones sobre  la capacidad financiera o técnica requerida; muchos de esos solicitantes no tenían la intención de desarrollar los proyectos sino solo de traficar con los títulos.

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Amylkar Acosta, nuevo Ministro de Minas del gobierno Santos, fue senador de la República y es muy cercano a los afectos del ex presidente liberal Ernesto Samper: FOTO: jetset.com.co

El resultado fue que el Estado perdió la capacidad de negociación que le  permitiría  un sistema diferente como el  de las subastas, para ofrecer  y adjudicar títulos mineros  al mejor postor desde el punto de vista técnico y financiero; la ley 680 establece que el primero en solicitar la adjudicación de un título debe  cumplir  con unas condiciones mínimas, pero dada la debilidad que anotamos de la institucionalidad, el Estado  en la práctica es incapaz de  hacerle seguimiento a las solicitudes y una vez otorgado el título o la concesión, de  ejercer  su  control. El principio acogido por el Código  permitía  definir  el orden en que se debían estudiar las propuestas y mantenía  la carga de la prueba  a cargo del Estado, de un Estado débil,  incapaz o indolente para  verificar que quien solicitaba el título o la concesión  estuviera  en condiciones de  hacer el  desarrollo que proponía; con ello adicionalmente,  dejaba espacio para  la discrecionalidad  del  funcionario al momento de las decisiones, con los consabidos riesgos de  corrupción.

La corrupción se asienta principalmente en ese mercado secundario de títulos  alimentado por  especulaciones  sobre la existencia hipotética de un determinado mineral en unas  cantidades  que  justificarían  su extracción. Una  especulación sobre las reservas que se da por  no contar con los mapas y estudios geológicos que exige la citada ley 686. Nos cogió el boom minero internacional sin los estudios geológicos necesarios y gracias a esa carencia se le dejó   el camino libre a  la picardía y  a la corrupción. Ingeominas no solo se enredó en su actuación como  autoridad minera sino que  además no  hizo el trabajo técnico en  Geología, que le corresponde misionalmente.

J.M.O: Describe usted una minería que avanza sin mapa, sin información suficiente sobre su realidad y posibilidades. ¿Ese desconocimiento no encubre y facilita la ilegalidad que avanza sobre la minería?

A.A: El catastro minero es una catástrofe. En el sector minero se está en mora de hacer lo que se ha iniciado con las tierras agrícolas, pues en él  también se ha dado el despojo  de minas por parte de grupos ilegales; existe un despojo minero que encierra  el germen de la minería criminal. La minería criminal  y la informalidad tienen en común que ambas son ilegales, pero no toda la informalidad es criminalidad. El gobierno está equivocado en su diagnóstico de la realidad  y por ello le ha dado  un tratamiento erróneo a un asunto bien delicado, pues en  aras de combatir la minería criminal, le da  igual  tratamiento a  la informalidad que a la minería criminal, con lo cual solo logra que  los informales se pongan del lado de la criminalidad.  El gobierno literalmente  “está pescando con dinamita”.

A partir de un Acuerdo de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), propuesto  por el gobierno colombiano, se expidió el año pasado un decreto para destruir la maquinaria vinculada a la minería ilegal, con los resultados anotados. Sería más lógico, justo y efectivo  expedir una norma para incautar y extinguir el dominio de la maquinaria,  cuando se compruebe que está dedicada a la minería criminal;  con esa maquinaria podrían crearse   bancos de maquinaria  al servicio de cooperativas y asociaciones de pequeños y medianos mineros, convirtiéndolas  en  instrumento de formalización de esos pequeños mineros y de paso se les daría a éstos  una razón de peso para ser   aliados del gobierno y no de la minería criminal, como sucede ahora.  Se trataría de  darle a esa maquinaria, retroexcavadoras en especial, un tratamiento semejante al  otorgado  a las  tierras dedicadas a los narco cultivos, a diferencia del trato  actual que  asimila esa maquinaria a las  “cocinas de droga” que, esas sí, deben ser destruidas pues no tienen ningún uso legal posible, a diferencia de la maquinaria.

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El complejo minero del Cerrejon en La Guajira, tierra del nuevo Ministro de Minas Amylkar Acosta, será sin duda uno de los temas que estará presente en su agenda. FOTO: arcoiris.com.co

J.M.O: En este punto, me parece que su planteamiento se puede sintetizar en que   un boom de demanda y de precios mundiales de los productos minero – energéticos nos agarró con “los calzones abajo”…

A.A: Como por lo demás, nos ha pasado con el TLC.

J.M.O: Con  la polémica  desatada respecto a la locomotora minera uribista - santista, se ha visibilizado el peso creciente de la opinión de las comunidades, no solo de las étnicas, en los desarrollos de los megaproyectos productivos o de infraestructura. ¿Cómo ve este nuevo elemento del debate y la decisión pública? ¿Cómo lo ve hacia el futuro?

A.A. De hecho, sin estar contenida en norma alguna, en Colombia ya se impuso la “licencia social”, que es hoy tan importante como la licencia ambiental. Es  el necesario  consentimiento de la comunidad para que un proyecto se desarrolle. Donde no exista esa licencia social, el proyecto en cuestión sencillamente, no es viable. El caso más contundente de esta nueva realidad lo constituye el caso de Santurbán, cancelado por el rechazo de la comunidad. La voz ciudadana tiene especial importancia  principalmente  para la gran minería, dado que  sus empresas están listadas en las  bolsas de valores internacionales y cualquier acusación o denuncia que se les haga de vulneraciones a derechos  ambientales o sociales,  repercute en su  reputación  pudiendo  incidir en la cotización de su acción en las bolsas; para ellas es un  tema de alta sensibilidad.

J.M.O ¿El boom minero energético que le significó finalmente al país? El cuadro que usted nos presenta, es sombrío por decir lo menos.

A.A.  la producción nacional la está matando el coctel fatídico de apertura por los TLC revuelta con revaluación del peso. Ya hasta  el Ministro de Hacienda ha hablado de una pausa en  la firma de más tratados;  el Presidente por su parte pidió que hiciéramos una introspección, “mirarnos al ombligo”, para ver qué se puede hacer en ese frente, por la industria y la agricultura. Pero ya es  tarde. Quedamos en el peor de los mundos, con una industria y una agricultura destrozadas  por el auge de la minería, auge que  ya no tenemos;  no estamos en condiciones de resucitar a la industria y a la agricultura, que es como pretender recoger  el agua derramada.

Colombia fue el único país de América Latina que no supo o no quiso aprovechar el boom minero energético para corregir su déficit fiscal. De 2003 a 2007  los años tope  del boom,  no solo no ahorramos para equilibrar  las finanzas públicas, sino que el Gobierno Central  con  la reforma al régimen de participación,  Acto Legislativo 01 de 2001,  le recortó las transferencias a las entidades territoriales  y se  quedó  con esos recursos. A ellos se les deben añadir    los recursos provenientes de las privatizaciones. Las administraciones en estos 10 años  no fueron providentes y la abundancia de  recursos adicionales que por entonces se tuvieron, acabaron  devorados por la glotonería presupuestaria de los gobiernos nacionales. Como resultado, aún arrastramos  un  déficit  fiscal de tipo  estructural y no simplemente coyuntural. Para rematar,  los recursos que la Nación había ahorrado en el Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera creado en 1995, cercanos a los 2.1 billones de pesos, se los ferió el Ejecutivo en la financiación del  “Plan 2500” que terminó reducido a  pequeños proyectos dispersos, inconclusos e inconexos.

La situación actual nos indica que el  sector minero y de hidrocarburos que durante 10 años  jalonó  y dinamizó el crecimiento de la economía,  está  perdiendo dinámica, frenándose, y ello explica en gran medida  la desaceleración del crecimiento de la economía del país. La pequeña y mediana minería tienen tradición y fortalezas en el país. La gran minería sigue siendo una actividad de alguna manera extraña a nuestra realidad, impulsada por factores externos a ella y que aún no encuentra un acomodo en el contexto nacional, sin el cual su futuro y su aceptación social seguirá bajo fuertes cuestionamientos.

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