El deterioro creciente de las condiciones de vida, el hambre que afecta a miles de millones de personas en el mundo entero y, sobretodo, las perspectivas sombrías de que la situación empeore, vienen preocupando a organizaciones e instituciones internacionales.
Esta situación es la expresión más dramática de la prevalencia de un orden global en el que lo único que tiene carácter vinculante son los compromisos financieros, comerciales y empresariales. Es el reino de los grandes negocios, lo demás poco importa.
La concentración de la riqueza y la consecuente exclusión social, la crisis climática, los derechos de las y los trabajadores, la tragedia de los migrantes, la guerra y el derroche militar son parte de la “normalidad” restablecida después de la pandemia.
Pero volvamos a Colombia. De acuerdo con un informe del Programa Mundial de Alimentos, PMA, presentado el jueves pasado en la Universidad Nacional, en el país sufren de inseguridad alimentaria, léase hambre, 15,5 millones de personas, el 30 % de la población. De forma severa 2,1 millones y moderada 13,4. Los datos fueron recogidos entre junio y noviembre del año pasado.
La crisis no era desconocida y la ratificaron varios informes previos, incluidos algunos del Dane, llevó al estallido social de hace dos años. Recordemos que un informe global de la FAO sobre el hambre, presentado en 2021, que mencionaba a Colombia, desató la ira del gobierno anterior.
El informe reciente del PMA se refiere a la incidencia de factores estructurales y coyunturales en el incremento del hambre: pobreza, violencia, desempleo, informalidad, cambio climático, entre los primeros. Pandemia, inflación, escasez de insumos agrícolas por la guerra, desastres naturales, en especial huracanes, derrumbes e inundaciones, entre los coyunturales.
Al correlacionar todos estos factores, queda claro que las poblaciones más afectadas por el hambre son las regiones más golpeadas por el conflicto armado y la pobreza: grupos étnicos, hogares con jefatura femenina; personas con pocos estudios o con trabajo informal.
Se menciona también la incidencia de otras limitaciones asociadas a la pobreza: hacinamiento y acceso reducido a infraestructura y servicios públicos. Falta de vías. Una de cada 3 personas en grave inseguridad alimentaria no tienen acceso a acueducto. El 43 % de las personas endeudadas con el llamado “gota a gota” lo hacen para alimentarse o pagar servicios básicos.
Las regiones más afectadas, bien por encima del promedio nacional, son el Caribe y el Pacífico, Orinoquia y Arauca. Pero en términos absolutos, la inseguridad alimentaria afecta a un mayor número de personas en las zonas urbanas.
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Uno de cada cuatro hogares redujo el consumo de los adultos para que los niños y niñas pudieran comer
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El deterioro en las condiciones que propician el hambre ha sido notorio en el último año, señala el informe. 35 % de las familias disminuyó sus ingresos y 46 % tiene gastos por debajo de la línea de pobreza. Un 51% tuvo que reducir el tamaño de sus comidas y un 42 % el número de estas. 40 % come dos veces al día o menos. Uno de cada cuatro hogares redujo el consumo de los adultos para que los niños y niñas pudieran comer. Esta es una estrategia adoptada especialmente por las mujeres.
En la presentación del informe, Carlos Scaramella, director para Colombia del PMA, cuestionó el modelo de desarrollo del país, centrado en la producción para la exportación, con poca atención al consumo interno. Llamó a reorientarlo hacia un modelo más incluyente, con mejor distribución interna, que lleve a privilegiar productos locales y crear nuevas cadenas de valores a partir de la especificidad de los territorios. Se refirió también a la ausencia histórica del Estado y al difícil acceso a tierras.
El informe recomienda intervenciones integrales de corto y mediano plazo para reducir el hambre y la inseguridad alimentaria. Deben darse como respuesta humanitaria a las emergencias, al tiempo con el fortalecimiento del sistema productivo, de la comercialización a nivel territorial y nacional. Debe ampliarse el acceso a agua potable. Fortalecer y expandir las redes de protección social, incluyendo la alimentación escolar. Hasta aquí el informe.
Señalemos que tan grave situación es el legado de las políticas excluyentes de las elites gobernantes durante siglos. Pero sobre todo, es el impacto de las políticas neoliberales impuestas durante más de treinta años. Las mismas que arruinaron la producción agraria e industrial del país y contribuyeron a la intensificaron el conflicto armado, en especial en las zonas rurales.
El hambre agobia y atenta contra la vida de las poblaciones más pobres y excluidas. Atrofia el cerebro de los niños y niñas. Anula las oportunidades y posibilidades de vida de millones de jóvenes. Perpetúa en todos ellos el ciclo de la pobreza. Refuerza las estructuras patriarcales de la sociedad. Fortalece la criminalidad.
Pero el gobierno del Cambio se mueve en la dirección correcta para emprender la necesaria transformación social. El Plan de Desarrollo, Colombia Potencia mundial de la vida, que inicia su trámite en el Congreso, le apunta precisamente a sentar sus bases. Aunque falta precisar algunos puntos, las metas planteadas pueden alcanzarse. Hacer realidad el derecho humano a la alimentación es uno de los ejes centrales del mismo. Y el conjunto de las reformas sociales que se tramitarán este semestre va en el mismo sentido.
