Desde hace varios años comenzó a hablarse de la necesidad de que los políticos y dirigentes del país le muestren a la ciudadanía el estado de sus bienes y patrimonio con el objetivo de darle transparencia a la función pública. Este tema fue cobrando importancia y se puso definitivamente en la agenda pública con el punto 6 de la consulta anticorrupción de 2018. Luego de la fallida votación de dicha consulta el Congreso de la República le dio vida a la ley 2013 de 2019. Ésta, obliga a los altos funcionarios del Estado, tanto de elección popular como de nombramiento, a publicar su declaración de renta y conflictos de intereses de forma periódica.
La ley establece que dentro del mes siguiente a la presentación de la declaración de renta -los funcionarios obligados- deben publicarla en el aplicativo dispuesto para dicho fin. Conforme al calendario tributario el pasado 19 de noviembre venció el último plazo para cargar esa información. A pesar de esto, al verificar en el sistema, a la fecha ni el presidente Gustavo Petro, ni la vicepresidenta Francia Márquez, ni el 90% de los congresistas del país han cumplido con esta obligación.
Respecto al presidente Petro la única declaración que aparece es la del año 2019 publicada como senador. Por su parte, la vicepresidenta no ha publicado ninguna. Cuando revisamos el Congreso de la República el incumplimiento es realmente vergonzoso. De los 106 senadores revisados 99 no lo han hecho para la vigencia 2021. Por ejemplo, el presidente de la corporación, Roy Barreras, no lo hace desde 2019 y senadores que se denominan ‘anticorrupción’ como Gustavo Bolívar, Angélica Lozano, Ariel Ávila, Inti Asprilla, María José Pizarro y Humberto de la Calle tampoco han cumplido con la ley.
En la Cámara de Representantes el panorama es similar. De los 186 representantes revisados 165 no tienen esta documentación publicada. El presidente David Racero solo ha publicado su declaración de 2018 al igual que la Representante Katherine Miranda quien ha abanderado varias luchas en temas de transparencia. El Pacto Histórico es uno de los partidos que más ha incumplido: encontramos que solo un representante ha publicado. Brillan por su ausencia María Fernanda Carrascal, Agmeth Scaf, Susana Gómez “Boreal” y Alirio Muñoz.
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En la Cámara de Representantes el panorama es similar. De los 186 representantes revisados 165 no tienen esta documentación publicada
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La mayoría de los líderes del país no cumplen con la ley. Pero ¿por qué esto es importante? Desde hace algún tiempo no solo en la agenda nacional sino en el mundo entero se ha puesto de manifiesto la importancia de cumplir con ciertos actos que garanticen a las sociedades la confianza en el Estado, en la democracia y en el respeto y buen uso de los recursos públicos. Es tan así que desde el año 1995 se creó el Índice de Percepción de la Corrupción, que se ha convertido en el principal indicador global de la corrupción en el sector público. Éste califica 180 países y territorios de todo el mundo según la percepción de la corrupción existente en su sector público. La puntuación de un país es el nivel percibido de corrupción en una escala de 0 a 100, donde 0 significa muy corrupto y 100 muy limpio. Colombia tiene un puntaje de 39 para 2021[1]. Uno de los componentes de medición es la percepción del desvío de fondos públicos que, en las preguntas con las que se construye el índice, toma en cuenta la transparencia de la información económica de los mandatarios y políticos del país. Es muy difícil mejorar en esta percepción ciudadana y mundial cuando no se cumple con los mínimos.
La confianza que depositan los votantes en sus lideres debe ser susceptible de una constante veeduría. El primer paso, es asumir las obligaciones de ley con honestidad, responsabilidad y claridad. Los discursos quedan sepultados cuando se violan procedimientos tan sencillos, pero a la vez tan importantes. Hoy quienes dirigen Colombia ocultan sus patrimonios y declaraciones de renta. Traicionan sus propias banderas con las que llegaron al poder.
[1] Transparency International 2022
