Recientemente, la Canciller de Colombia, Laura Sarabia, sugirió ante la Comisión de Estupefacientes de la ONU que se elimine a la hoja de coca de la lista de sustancias dañinas. Según Sarabia, esta medida se basa en “razones científicas y prácticas” que respaldan el uso tradicional y cultural de la planta. La propuesta busca, además, abrir un nuevo camino para la regulación y el control del cultivo, separando su uso para fines ilícitos de su aprovechamiento en la medicina y la agricultura.
Sin embargo, la iniciativa ha generado controversia. Críticos señalan que esta decisión podría abrir una puerta peligrosa para el narcotráfico, especialmente en un país como Colombia, donde la producción de cocaína sigue siendo un desafío constante. Algunos expertos temen que la medida sirva como un “pretexto” para legalizar actividades ilegales bajo el disfraz de un “uso legítimo” de la planta.
Por otro lado, quienes apoyan la propuesta destacan el contexto histórico y cultural de la hoja de coca en las comunidades indígenas, donde se utiliza desde tiempos ancestrales con fines medicinales y espirituales. Para muchos, el cambio en su estatus internacional podría representar una oportunidad para separar el uso tradicional de la producción ilícita, mejorando las condiciones de los campesinos y fortaleciendo el control sobre su cultivo.
Lo cierto es que la decisión tiene implicaciones internacionales, ya que Colombia juega un papel crucial en la lucha contra el narcotráfico global. El debate sobre este tema está lejos de resolverse, y la comunidad internacional sigue observando de cerca los próximos pasos del gobierno colombiano en este tema tan polémico.
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