Mientras el presidente Gustavo Petro hace grandes esfuerzos políticos y legales por superar el bloqueo institucional y político de la extrema derecha y el uribismo y el trumpismo, este atiza todo su arsenal a su mano para buscar derrotar el proyecto del progresismo en las próximas elecciones.
Después del bloqueo desarrollado en el Congreso de la República por los partidos políticos oligárquicos y de extrema derecha al hundir la reforma a la salud, no permitir el avance del proyecto de ley jurisdicción agraria y especialmente, no aprobando la ley de financiamiento que proveía los recursos desfinanciados de la ley general de presupuesto, quedando amarrado para cumplir la inversión social previsto en el Plan Nacional de Desarrollo.
Ahora dicho bloqueo se plantea igual desde las altas cortes.
La Corte Constitucional acaba de suspender el decreto de emergencia económica con el cual el gobierno pretendía recoger los recursos desfinanciados del presupuesto y que no aprobó el congreso de la república. Sobra decir que dicha suspensión no tiene cabida en nuestro orden jurídico y se convierte así en una decisión de eminente carácter político, para impedir que el gobierno cumpla sus proyectos sociales. De esta manera los megarricos, aquellos con patrimonios superiores de 3000 millones y los juegos de azar ha quedado exonerados de los impuestos que son necesarios para los proyectos del gobierno.
Ya esta misma corte había eliminado de la reforma tributaria progresiva aprobada en el 2022 por este gobierno, la obligación de las grandes multinacionales, de pagarle las regalías al país, que repercutió en una disminución en los ingresos del estado, que ha fomentado de esta manera el déficit fiscal.
Esta misma corte tiene suspendido desde el mes de junio del año pasado la ley 2381 del 2024 sobre la reforma pensional, quitándole a tres millones de adultos mayores, de la opción de un ingreso solidario, así como otros beneficios contemplados en la ley para otros sectores de trabajadores.
En este momento se tramitan ante el Consejo de Estado 38 demandas contra el decreto 1469 del 2025 sobre incremento del salario mínimo vital, presentadas por los empresarios, sus gremios, los partidos políticos oligárquicos, tendientes a que sean declarados nulo los 2 millones de pesos que ese decreto tiene para el salario mínimo en el año 2026. De resaltar de entrada la mezquindad empresarial que ello entraña, pero además, quienes tienen llenas sus alforjas, quiénes están llenos de privilegios por sus excesivas ganancias producto de la gran desigualdad existente en Colombia, quieren arrebatarle a cerca de 4 millones de personas entre trabajadores y pensionados el incremento salarial del el 23% decretado por el presidente Gustavo en un acto de justicia social.
Y por si fuera poco el Banco de la República en una decisión mayoritaria el pasado 30 de enero subió la tasa de interés de 9,25% a 10,25% con lo cual se incrementa el costo del dinero, se le pone frena de mano a la economía y muy probablemente se ralentiza el crecimiento económico y la tasa de desempleo. Una medida que viene de la ortodoxia neoliberal para controlar la inflación, se vuelve el elemento más cotizado por el gran capital financiero para seguir aumentando sus altísimas ganancias.
Adicionalmente a todas estas agresiones y bloqueos al gobierno nacional se desarrolla toda una arremetida contra el Pacto Histórico, restringiendo la posibilidad de que su candidato presidencial Iván Cepeda pueda participar en la consulta del Frente por la Vida, donde además se encuentran Camilo Romero, Roy Barreras, Daniel Quintero y Juan Fernando Cristo, con lo cual se atenta contra la posibilidad de unificar a todas las vertientes del progresismo para tener un solo candidato presidencial para la primera vuelta.
Además, se conoce de la anulación de la lista a la Cámara del pacto en el Valle del Cauca, y se anuncian otras, lo que se constituye que en una violación grande a la democracia y a los derechos políticos.
Todos estos ataques provienen de las mayorías, que en los diversos organismos institucionales, tienen los sectores de la extrema derecha y del uribismo y que los utilizan para obstaculizar la opción de continuar el proyecto político del progresismo en el próximo periodo de gobierno.
De esa manera la extrema derecha busca recuperar el gobierno para volver a sus andanzas.
Y esa andanzas no son otras distintas a promover políticas para llenar de privilegios al capital financiero, los grandes empresarios nacionales y extranjeros, los megarricos y en contravía seguir la exclusión, la vulneración de derechos, la precarizacion laboral y social, impuestos a la comida, la desigualdad, la violación de derechos humanos, la estigmatización, la persecución política, los falsos positivos, el arrodillamiento a los gringos, sin garantías a la protesta social, etcétera, es decir, el regreso al país de la extrema derecha y el uribismo con motosierra y los horrores del paramilitarismo, en una palabra, la barbarie.
En este dilema se desarrollarán las elecciones del 2026.
Los diversos sectores del progresismo deberán enfatizar en su unidad, superar las agresiones y obstáculos del uribismo y la extrema derecha y enfatizar en que en el Senado y la Cámara se logren mayorías para profundizar el cambio y lograr una Colombia libre y soberana qué se enrumbe por un democracia social, política y económica que permita mejorar obstensiblemente la vida material de los sectores populares y la clase trabajadora.
El dilema se resuelve si se vota por el progresismo. Yo estaré en el tarjetón del Senado por el Frente Amplio Unitario.
Del mimo autor: Los $2 millones de salario mínimo son legales y constitucionales
X: fabioariascut
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