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Leí la columna “Los están matando”, de Thierry Ways, publicada en El Tiempo. El texto describe con precisión el colapso del sistema de salud en Colombia: intercambian medicamentos por WhatsApp, pacientes madrugan por lo que les corresponde, tratamientos vitales se postergan, funcionarios están agotados y el modelo está roto. Pero no es solo que "los" matan; nos afecta a todos esta crisis a la salud, porque siempre conocemos a alguien cercano cuya vida depende de un sistema funcional en salud.
La salud pública es fundamental para nuestro bienestar colectivo. La indignación por las deficiencias del sistema debe canalizarse hacia soluciones efectivas, superando intereses particulares de algunos legisladores o empresarios. El derecho es clave para crear una sociedad justa y equitativa. La situación actual muestra un defecto sistémico que requiere una transformación estructural.
En este contexto, la Sentencia T-760 de 2008 de la Corte Constitucional se alza como un faro de esperanza y una guía para la acción. Esta trascendental decisión judicial estableció, de manera inequívoca que la salud es un derecho fundamental autónomo, Subrayando que el acceso a la salud no es una mercancía sujeta a las leyes del mercado, sino un derecho intrínseco e inalienable de cada ciudadano.
La Corte estableció que la unificación de los planes de beneficios debe incluir la eliminación de las barreras de acceso, ordenando la erradicación de las desigualdades y obstáculos que impiden el pleno disfrute del derecho a la salud. También definió el carácter público de los recursos y la necesidad de una gestión eficiente, transparente y participativa. Aunque la administración pueda estar a cargo de entidades privadas, los recursos destinados a la salud son públicos y deben gestionarse con criterios de eficiencia y transparencia, con participación ciudadana.
La Corte había dictado la solución a la crisis de salud pública, pero su carácter esencial del servicio ha sido ignorado por los últimos gobiernos debido a las “barreras” de cada momento, o a los intereses políticos y económicos de cada tiempo.
La corrupción privada en las EPS desafía los lineamientos jurisprudenciales que protegen la salud en Colombia, las EPS están por fuera del estado de derecho cuando desafían descaradamente preceptos como los establecidos en la Sentencia T-760 de 2008, la C-313 de 2014 y la T-351 de 2024 que priorizan tratamientos sin dilaciones. Para esto sí que debería armarse uno de esos llamativos grupos de tareas especiales en la fiscalía, para que se investigue todo lo que ha pasado en las EPS corruptas, estoy seguro, lo que descubrirían levantaría el escenario de los titiriteros tras la crisis de la salud.
Aunque la fiscalía duerme en este asunto, la jurisdicción constitucional por su parte sí ha protegido los derechos de salud, pero esto no es suficiente. Desde el año pasado, las acciones de tutela y desacatos han aumentado un 25%. Por esto es que una batalla por lograr la reforma no resolverá el problema. La situación es tan grave que justifica un estado de emergencia económica y social según el artículo 215 de la Constitución.
La interrupción masiva de tratamientos, el cierre de IPS, el desfinanciamiento estructural del sistema y la amenaza directa al derecho vital de millones de personas constituyen hechos graves, sobrevinientes y no corregibles por vías normales, tal como lo ha interpretado reiteradamente la Corte Constitucional.
Con el estado de emergencia social, tendría la facultad de expedir decretos con fuerza de ley que permitan girar recursos de manera urgente
Si el Estado decidiera acudir a esta medida, la de decretar un estado de emergencia social, tendría la facultad de expedir decretos con fuerza de ley que permitan girar recursos de manera urgente, corregir los daños sistémicos, intervenir entidades, regular temporalmente los precios de los medicamentos o centralizar compras críticas.
Esta medida facilitará la implementación de un software nacional, obligatorio y público que registre en tiempo real la ruta de cada medicamento, el servicio solicitado, las historias clínicas, autorizaciones, destino del dinero e identidad de las personas responsables. Este sistema ayudará a evitar recobros indebidos, doble facturación o intermediación no justificada. Hará visible cuándo una entidad no cumple con su deber y permitirá tomar medidas antes de que ocurra un daño irreversible. Legalmente, este software asignará responsabilidades patrimoniales, disciplinarias y penales por omisiones o conductas dolosas. Será una herramienta probatoria útil tanto para los usuarios que recurren a la tutela como para los jueces que necesitan evidencia clara.
El gobierno reconoce la necesidad de transformar el modelo actual, proponiendo fortalecer la salud pública, territorializar la atención primaria y dignificar al personal sanitario. Sin embargo, estas políticas necesitan tecnología para asegurar trazabilidad, control ciudadano y cumplimiento judicial; de lo contrario, terminarán en frustración.
Mientras escribo estas líneas, en Guaviare hay una mujer que no encuentra un pediatra para su hijo. Un joven con VIH recibe respuesta de tres farmacias del régimen subsidiado que deben esperar hasta la próxima semana. Un adulto mayor con enfermedad crónica ve su medicamento ser reemplazado sin explicación.
Estas situaciones continuarán si no se entiende que el derecho a la salud necesita más que normas; requiere acciones, seguimiento y voluntad. La figura presidencial debe ser vista como una articulación institucional para una respuesta integral y urgente. La emergencia económica y social es una herramienta constitucional para proteger la vida y dignidad humana cuando los instrumentos ordinarios no son suficientes. Declarar y defender ya los derechos fundamentales evitaría conflictos innecesarios y sin lugar a duda, salvará vidas.
@hombreJurista
Del mismo autor: A propósito del caso Uribe: ¿Puede ser un juez verdaderamente imparcial?
