En mi calidad de ciudadano americano, nacido en Colombia, me gustaría explicar detalladamente cómo opera el otorgamiento de una visa, residencia o nacionalidad. Aunque debemos partir de la base de que Estados Unidos es un país amenazado por el terrorismo y que desde el derribamiento de las torres gemelas los controles se han hecho más y más drásticos.
Primero que todo, consideremos que cuando obtuve mi nacionalidad, enfrenté algunas situaciones curiosas. Por ejemplo, debí testificar que para ser ciudadano no poseía ningún título nobiliario. Esto, aunque suene ridículo, tiene su razón de ser, puesto que de acuerdo a la constitución americana nadie está por encima de la ley, no importa el título que tenga. Ni siquiera el presidente. Es bueno recordar que hace algunos años el hoy Rey de España, cuando aún era príncipe, debió hacer una larga cola para que las autoridades de inmigración en Miami sellaran su pasaporte. La posterior nota de protesta del gobierno español no sirvió de nada. Esto de creerse por encima la ley es algo que nuestros mandatarios latinoamericanos olvidan con frecuencia y por tal razón cambian las constituciones y las leyes de acuerdo a sus conveniencias particulares.
En segundo lugar, debí firmar un documento y bajo la gravedad del juramento hacer constar que nunca había pertenecido, ayudado o patrocinado a ningún grupo nazi, comunista, terrorista, paramilitar, violador de derechos humanos; ni había perseguido a nadie por su religión, nacionalidad o ideas políticas. Luego, durante 60 días, investigaron mis antecedentes (clearance) y se dio vía libre para que la solicitud siguiera su curso.
Ahora bien, regresando al caso específico de Santrich, existen dos magistradas que citaron una norma aceptada universalmente, en el sentido de no dudar de sentencias dictadas en otro país. Es decir, este argumento deja sin piso el punto de vista de los otros tres magistrados quienes pidieron pruebas a la justicia americana. Si apelar argumentos jurídicos, que desconozco, es cuestión de sentido común, es imposible entender cómo tres magistrados ignoraron una solicitud de extradición de otro país. Es obvio entonces que los magistrados que están en contra de la extradición de un reconocido criminal caen en la categoría de cómplices y protectores del sindicado. Además, la situación empeora si se considera que esos magistrados por lo menos leyeron la solicitud de visa que firmaron y sabían lo que significa proteger, ayudar o entorpecer la justicia para ayudar a un condenado.
Entonces no hablemos de que el gobierno esté arrodillado ante Donald Trump, ni que el Centro Democrático propició esta situación. Es más, el presidente Duque ni siquiera debería pensar en la posibilidad de elevar una protesta contra un acto discrecional y autónomo de otro país, so pena de quedar en el más absoluto ridículo.
