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Hay momentos en que una institución deja de necesitar explicaciones y empieza a necesitar respuestas. La JEP llegó a ese momento.
Durante años se habló de justicia transicional, verdad, reparación, reconciliación y sanciones restaurativas. Se construyó una enorme arquitectura jurídica mientras a las víctimas se les pedía paciencia y confianza. Pero la etapa de las promesas terminó. Las decisiones están tomadas y las sanciones comienzan a ejecutarse. Ahora hay que mirar el resultado.
Y basta mirar hacia Pitalito.
En el Caso 01, la propia JEP estableció la extrema gravedad y magnitud de las conductas cometidas por el antiguo Secretariado de las FARC, relacionadas con la toma de rehenes y graves privaciones de la libertad. Las calificó como crímenes de guerra y de lesa humanidad y reconoció a los comparecientes como máximos responsables.
Frente a semejante conclusión, cualquier ciudadano esperaría una sanción a la altura del crimen.
Pero no.
No habrá cárcel
Cinco de los condenados participarán en Pitalito en actividades relacionadas con la búsqueda de personas desaparecidas en el cementerio San Antonio de Padua. Cumplirán una jornada restaurativa, con residencia fija, restricciones de movilidad y vigilancia electrónica.
No tendrán cárcel. Tendrán horario de oficina en Pitalito
Esta es la imagen que debería perseguir a la JEP cada vez que hable de justicia restaurativa.
Porque aquí no estamos hablando de una infracción menor. Estamos hablando de una política de secuestro. De personas arrancadas de sus familias. De hombres y mujeres encerrados durante años. De padres que murieron esperando. De hijos que crecieron sin sus padres. De familias que todavía buscan a sus desaparecidos.
Y después de todo eso, los máximos responsables cumplen una sanción sin prisión.
¿Eso es justicia?
La JEP puede llamarla sanción propia. Puede llamarla restaurativa. Puede explicar sus restricciones, sus controles y su componente retributivo. Todo eso está en su modelo.
Pero ninguna palabra cambia el hecho esencial: no están presos.
Y eso es lo que las víctimas tienen que mirar.
No una teoría. No un modelo. No una explicación académica.
La consecuencia.
Porque la justicia también exige una relación reconocible entre el crimen y el castigo. Cuando esa relación se rompe, la institución que administra justicia tiene que aceptar una pregunta sencilla: ¿qué clase de justicia está entregando?
La JEP ha llegado al punto en que su lenguaje jurídico ya no basta. Puede hablar de restauración mientras los condenados cumplen horario; de reparación mientras las familias siguen esperando; de responsabilidad mientras quienes fueron señalados como máximos responsables no estarán en una cárcel.
Y pretende que todo eso sea suficiente porque así funciona su modelo.
No.
La paz exigía una salida a la guerra. Pero nunca debió significar que la responsabilidad desapareciera detrás de una fórmula jurídica. Si había que modificar las formas tradicionales de castigo, podía discutirse. Lo que no podía ocurrir era que la excepcionalidad terminara pareciendo una comodidad para el victimario y una nueva frustración para la víctima.
Porque hay una diferencia entre comprender una sanción y considerarla justa.
Y esa diferencia la JEP no puede borrarla con resoluciones.
Pitalito la vuelve visible.
Cinco de los condenados estarán allí buscando desaparecidos. La actividad hace parte del proyecto restaurativo establecido por la jurisdicción.
Buscar desaparecidos es una tarea necesaria. Nadie discute eso.
Lo que produce indignación es otra cosa: que quienes fueron condenados como máximos responsables dentro del caso que juzgó la política de secuestro cumplan allí una sanción que no implica cárcel.
La escena resulta brutal por su contraste.
Unos tendrán horario. Otros seguirán esperando a sus muertos
Y aquí aparece la palabra vacaciones.
No porque estén literalmente de vacaciones. Pero resulta comprensible que una víctima utilice esa palabra cuando observa a antiguos comandantes de una organización responsable de secuestros cumpliendo una jornada de ocho a cinco, con residencia, vigilancia y una estructura estatal destinada a garantizar la ejecución de su sanción.
La JEP puede molestarse con la palabra.
Las víctimas tienen derecho a utilizarla.
Porque una justicia que necesita explicar durante páginas por qué una condena sin prisión sigue siendo una sanción severa ya está enfrentando un problema: la distancia entre la justicia que se decreta y la justicia que se percibe.
Ese es el punto.
No basta con que exista una sanción. Tiene que existir una respuesta que las víctimas puedan reconocer como justicia.
Y cuando los máximos responsables de una política de secuestro terminan cumpliendo horario en Pitalito mientras las familias continúan buscando a sus desaparecidos, la pregunta por la proporcionalidad deja de ser una discusión académica.
Se vuelve una pregunta de sentido común.
¿Dónde está la proporción entre el crimen y el castigo?
La JEP tuvo años para investigar, escuchar, juzgar y sancionar. Ahora tiene que soportar la crítica sobre el resultado.
Y el resultado, visto desde afuera, es difícil de ignorar: la propia jurisdicción reconoce la gravedad extrema de los hechos y la responsabilidad de sus máximos responsables, pero la sanción no implica prisión.
Eso no significa desconocer la paz.
Significa preguntar qué clase de paz se construye cuando las víctimas deben aceptar que quienes tuvieron la máxima responsabilidad en los crímenes juzgados paguen con una sanción que, para muchos, no alcanza a representar la gravedad de lo ocurrido.
La paz no puede convertirse en una excusa para rebajar la responsabilidad.
La justicia transicional no puede convertirse en una zona de confort para los victimarios.
Y las víctimas no pueden ser condenadas, además del crimen que sufrieron, a aceptar una respuesta estatal que consideran insuficiente.
Pitalito no es una prueba.
No es un experimento.
No es una metáfora.
Es el resultado
Allí estarán los máximos responsables cumpliendo horario.
Y allí estarán también las familias que todavía buscan a sus desaparecidos.
La JEP puede llamarlo justicia restaurativa. Puede escribirlo en sus resoluciones. Puede defenderlo con toda la arquitectura jurídica que ha construido.
Pero cuando quienes fueron reconocidos por la propia JEP como máximos responsables de conductas calificadas como crímenes de lesa humanidad terminan cumpliendo horario en Pitalito mientras sus víctimas siguen esperando, queda una pregunta que ninguna resolución puede silenciar:
¿No será que a la impunidad simplemente le cambiaron el nombre?
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