El 24 de octubre de 2007, sobre la vereda El Aceituno jurisdicción de El Carmen de Bolívar, unas horas antes que saliera el sol, irrumpió sobre el silencio, el estallido de la última bomba lanzada por la fuerza aérea colombiana..., se escuchó el último disparo de los soldados e infantes de marina que combatieron a las Farc. Esa madrugada, muy temprano terminó la guerra en los Montes de María.
Euforia desbordada, noticias, entrevistas, promesas de desarrollo, discursos, luego de la última operación militar. Han pasado casi nueve años desde que terminó esa guerra y las promesas que generaron su fin no ha sido posible cumplirlas como lo esperaban los habitantes de los quince municipios rurales que dibujan los Montes de María.
La noche del pasado 24 de agosto, millones de colombianos nos contagiamos de la euforia que produce un hecho histórico de profundo significado para el país: llegar a un acuerdo definitivo con la cincuentenaria guerrilla de las Farc.
Autoridades y analistas coinciden en afirmar que uno de los mayores desafíos, después del acuerdo final, es lograr implementar lo acordado; implementar requiere una buena suma de dinero, una institucionalidad renovada y eficiente.
El caso Montes de María, debería ser un caso de estudio, al estilo Harvard, o al estilo singular de la realidad nacional; mientras hoy pensamos en regiones donde ha existido prevalencia de las Farc, para desarrollarlas en función del posconflicto, de posconflicto se habla en Montes de María desde el mediodía del 24 de octubre de 2007.
Como cualquiera de las regiones afectadas por el conflicto en nuestro país, esta, ha estado agobiada por realidades: víctimas, población desplazada, microtráfico, debilidad institucional, alcaldías sin recursos, corrupción y clientelismo; carencia de servicios públicos, fractura del tejido social, minas antipersona; en fin, las excusas perfectas que no permitieron su desarrollo.
¿Qué ha pasado en Montes de María después de la guerra contra las Farc? Se potenció el diálogo y la participación ciudadana; se ha reconstruido el tejido social, se oxigenó la cultura tradicional, volvieron las fiestas patronales; es evidente el fortalecimiento de las organizaciones sociales, se gestan nuevos liderazgos de campesinos como veedores ciudadanos; las comunidades conocen sus derechos y hacen exigencias por canales democráticos a las autoridades civiles, se construyó una vía que facilita el acceso de productos a los mercados; existe agua potable en el casco urbano del municipio más grande de la región, se construyeron algunas canchas deportivas.
Se inició el desminado humanitario y la restitución de tierras; se produjo venta masiva de tierras y se sembraron 15.000 hectáreas con monocultivos de palma y teca, cosa que rechazan los pequeños productores.
¿Qué no ha pasado? La gente que está retornando requiere más apoyo para créditos que mejoren sus viviendas, y soporte técnico para sus cultivos de pan coger.
Los quince municipios propios de la ruralidad nacional están clasificados en sexta categoría; sus corregimientos y veredas no poseen sistemas de riego para sus cultivos: se secaron los “ojos de agua”; son precarios los sistemas de acueducto y alcantarillado; no es posible garantizar los servicios de salud, porque los hospitales están quebrados y próximos a ser intervenidos, la vía entre Toluviejo y El Viso, inaugurada varias veces, se encuentra acabada y las carreteras intermunicipales de la periferia: deterioradas.
Los operadores formales del sistema de justicia no asisten las veredas y corregimientos; el microtráfico se ha instalado sobre la nueva vía que se construyó en la montaña, afectando hijos de campesinos, que consumen bazuco y marihuana; niñas menores de edad, se siguen embarazando.
Las administraciones municipales débiles y fieles a las viejas castas políticas, devolviendo favores a sus padrinos con puestos y presupuesto. La infraestructura de la región es frágil, faltan vías terciarias, algunos corregimientos no pagan servicio de energía eléctrica; víctimas del conflicto reclaman celeridad con el reconocimiento de sus indemnizaciones. Las unidades territoriales de víctimas tienen baja autonomía, por su centralización en Bogotá.
Luego de nueve años, hace un par de semanas, los gobernadores de Sucre y Bolívar anunciaron una buena noticia: firmaron un contrato plan de 2,3 billones de pesos, para estabilizar la región; hace falta que el Ministerio de Hacienda apropie los recursos, pero la gente no confía que Bogotá gire; ya revisaron el presupuesto radicado en el Congreso y la asignación del año entrante es pobre.
De ese tamaño es el desafío que nuestro gobierno enfrentará durante el posconflicto, en muchos más municipios.
Es prudente pasar de la euforia a la realidad y, para recuperar la confianza sobre las comunidades, las autoridades deben cumplirle a las regiones; el gobierno no tiene todo el dinero del mundo, y solo una eficiente gestión, o un audaz movimiento de nariz de la bruja Samantha de Hechizada, podría hacer que las cosas sucedan tan rápido como lo reclaman los campos colombianos.
