El cambio ocurrió apenas comenzó el nuevo gobierno. Daneidy Barrera Rojas, conocida como Epa Colombia, dejó la Escuela de Carabineros de Bogotá, donde permanecía recluida, y fue trasladada a un establecimiento penitenciario de Ibagué por orden del presidente Abelardo de la Espriella.
La decisión hizo ruido porque Barrera es, probablemente, una de las personas privadas de la libertad más reconocidas por el público colombiano. Pero su traslado no fue un caso aislado. Formó parte de una operación mucho más amplia con la que el nuevo gobierno decidió comenzar su política penitenciaria: más de un centenar de internos fueron enviados a establecimientos de mayor seguridad en diferentes regiones del país.
La imagen de Epa Colombia saliendo de Bogotá terminó convirtiéndose en el rostro más visible de una medida que alcanzó también a otros presos conocidos, entre ellos Juan Carlos Mesa Vallejo, alias Tom, y Camilo Torres Martínez, conocido como Fritanga, según los reportes sobre la operación.
Una nueva cárcel para una condena que sigue intacta
Para Barrera, el cambio no significa una nueva condena. La creadora de contenido continúa pagando la pena que le impuso la justicia colombiana por hechos ocurridos durante las protestas de 2019.
Su caso se hizo conocido cuando apareció en un video destruyendo parte de una estación de TransMilenio durante las manifestaciones. Posteriormente fue condenada a cinco años y dos meses de prisión, además de una multa y una inhabilidad para ejercer como influencer, de acuerdo con los reportes sobre el proceso.
Desde que comenzó a cumplir la condena, su lugar de reclusión había sido objeto de atención pública. La Escuela de Carabineros de Bogotá se convirtió en el escenario donde la empresaria continuó con su proceso penitenciario, mientras su defensa buscaba alternativas jurídicas para modificar su situación.
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Ahora, el panorama cambió. La llegada a Ibagué provocó una reacción inmediata de Barrera, quien manifestó públicamente su inconformidad con el traslado y habló de lo difícil que había sido recibir la noticia. Su entorno también reaccionó a través de redes sociales, mientras su defensa continúa trabajando en el proceso judicial.
Pero detrás del caso particular hay una señal política más amplia. La orden de trasladar a Epa Colombia coincidió con una operación que movilizó a 103 personas privadas de la libertad hacia cárceles de mayor seguridad. El mensaje del nuevo gobierno fue presentado como una decisión para reforzar el control penitenciario y reducir los privilegios que, según sus funcionarios, habían tenido algunos internos.
#ATENTOS. Momento en el que son trasladados 103 peligrosos reclusos desde cárcel La Paz en Itagüí (Antioquia) hacia distintos penales del país por orden de Abelardo De La Espriella. Entre los movilizados figuran reconocidos cabecillas como alias Douglas, Carlos Pesebre y El Indio… pic.twitter.com/jCcofB0ARS
— Colombia Oscura (@ColombiaOscura) August 8, 2026
La medida también marca un cambio frente a la forma en que el sistema penitenciario venía siendo manejado durante el gobierno anterior. De la Espriella ha planteado desde su campaña una política de mayor dureza frente al crimen y una transformación del sistema carcelario.
En ese contexto, Epa Colombia terminó convertida en un símbolo involuntario de ese giro. Su nombre fue el que más rápidamente trascendió de una lista de traslados a la conversación pública, pero su caso es apenas una parte de una operación mucho mayor.
Por ahora, la empresaria deberá continuar en Ibagué el cumplimiento de una condena que ya había sido definida por los tribunales. Lo que cambió no fue la sentencia, sino el lugar desde el que deberá seguir pagando por ella.
Y ese cambio, ocurrido apenas en los primeros días del gobierno de Abelardo de la Espriella, sirve también como una primera muestra de cómo el nuevo Ejecutivo pretende abordar uno de sus temas centrales: el control de las cárceles y de quienes permanecen dentro de ellas.
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