De la democracia y la libertad de expresión

Las acciones de varias redes sociales contra Donald Trump, presidente de Estados Unidos, abrieron un interesante debate. Acá una perspectiva

Por: Mario Fernando Guerrero-Gutiérrez
enero 13, 2021
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De la democracia y la libertad de expresión

La decisión de Twitter, Facebook y otras plataformas digitales de cerrar las cuentas de Donald Trump por sus falsas acusaciones de fraude en las elecciones presidenciales de EE. UU. e incitar a sus seguidores a marchar a la sesión del Congreso en Capitol Hill ha abierto un inmenso debate a nivel mundial y opiniones encontradas sobre los límites de uso de las redes sociales digitales, de allí que sea necesario seguir aportando elementos para la discusión.

La libertad de expresión es un derecho fundamental establecido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos:

Artículo 19. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.

Como parte de las normas del derecho humanitario Internacional es reconocido como ius cogens, es decir, una norma de derecho perentorio que no admite exclusión o acto contrario; así mismo está recogido en la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica:

El Congreso no podrá hacer ninguna ley con respecto al establecimiento de la religión, ni prohibiendo la libre práctica de la misma; ni limitando la libertad de expresión, ni de prensa; ni el derecho a la asamblea pacífica de las personas, ni de solicitar al gobierno una compensación de agravios.

Sin embargo, estas formulaciones de las libertades individuales vienen de la tradición constitucional liberal que tiene como antecedentes la Revolución Francesa y la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, para la cual era necesario preservar los derechos de cada persona frente a las restricciones que los Estados absolutistas trataban de imponerles.

Indudablemente la libertad de expresión, asociada a la libertad de prensa, han jugado en los siglos XIX y XX un papel fundamental para la consolidación de las democracias modernas; no olvidemos el rol fundamental de la imprenta en el impulso de la independencia de las naciones latinoamericanas y el innegable lugar de los periódicos para el surgimiento de las instituciones políticas republicanas.

Pero una vez superado el contexto de los estados absolutistas y con el advenimiento de las democracias modernas las cuales, por principio, reconocen las libertades y derechos individuales como inalienables, surge el problema de la regulación de estos en el contexto de colectivos de ciudadanos iguales ante la ley, donde se corre el riesgo de que la extralimitación de las libertades de unos afecte los derechos de los demás. Es así como en constituciones que se han redactado de manera más reciente que la de EE. UU., se planteen formulaciones acotadas de la libertad de expresión, como en la colombiana de 1991:

Artículo 20. Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad. No habrá censura.

El uso de la libertad, a pesar de ser discrecional, entraña una responsabilidad con la sociedad y el bien común; la libertad emana de la sociedad democrática, es posible gracias a ella y por ello cada actuación libre es su deudora. De esta manera la libertad amplia, pero con profunda responsabilidad individual es la perspectiva que se plantea en los estados sociales de derecho.

Pero se ha maltratado la libertad de expresión en las sociedades contemporáneas. Gracias a la facilidad creciente de hacer llegar información a grandes públicos debido a medios de comunicación como la radio, la televisión y ahora las plataformas digitales, intereses particulares han manipulado información de diversas formas para lograr objetivos políticos y económicos, poniendo en grave riesgo el sistema social democrático.

Los tribunales internacionales de justicia de Ruanda y ex-Yugoslavia establecieron claramente la manera como líderes políticos y de gobierno difundieron información falsa y propaganda para fomentar la discordia entre poblaciones a partir de imágenes distorsionadas de los otros como enemigos e incitando a la violencia lo cual trajo como resultado el genocidio de cerca de 600.000 personas de la etnia Tutsi en Ruanda, el 70% de la población de esta etnia, y  un número no oficial de 200.000 víctimas de religión musulmana en la antigua Yugoslavia. Uno de los pilares de la democracia, mal orientado desde posiciones de poder, puede ser un gran peligro para ella.

La creciente explosión de tecnologías de la información y el deterioro de la calidad del debate público nos plantean el reto de generar nuevas dinámicas de diálogo colectivo, nuevas formas de participación y mutua regulación desde el compromiso social que eviten abusos de poder.

La amplitud de opinión y comunicación que nos brindan nuestras sociedades libres debe ser tan amplia como la responsabilidad que asumimos con ellas, con los demás y con el bien colectivo sobre el interés individual; esa holgura, asimétrica por las desigualdades muchas veces injustas de nuestro entorno, nos brinda un marco de posibilidades de criticar y de construir, de intentar hacer y deshacer que no existirían si estuviéramos acorralados en regímenes autoritarios. Por ello es imprescindible preservarla como la oportunidad de impulsar una mejor sociedad.

La libertad de expresión nace con la democracia y por tanto la democracia es su límite, existe en función de ella, por lo tanto toda expresión irresponsable que desee desbordar o destruir el sistema de instituciones democrático o que incite al odio y a la violencia no puede llamarse libertad.

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