La eliminación de los subsidios a las tarifas de la luz del estrato tres, la unificación de los procesos de inversión y gasto en el Ministerio de Hacienda en desmedro del DNP, la ausencia de previsiones presupuestales para la implementación de los acuerdos de paz, la alteración de los impuestos a los licores, los cambios en materia pensional, la eliminación de licencias ambientales para pequeños proyectos mineros, la introducción de otra reforma tributaria camuflada, el abandono de los parques naturales, la ausencia de una política agraria moderna y la megareestructuración del aparato administrativo de la rama ejecutiva del Estado están entre los artículos más polémicos de los 183 que componen el proyecto de ley para adoptar el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno del presidente Iván Duque.
Sin embargo, hay un asunto de gran trascendencia que apenas se está abordando. Me refiero a las fuentes de financiación de dicho plan que no son determinadas con precisión y más bien presentan ambigüedad, afectando la autonomía local, alterando las regalías y sobredimensionando la inversión privada.
Son casi 1200 billones de pesos que deberán fluir en los próximos 48 meses como un programa de inversiones.
De inversión privada están previstos 363 billones en alianzas público privados, pero estos dineros son muy gaseosos, pues proyectos anteriores han registrado complicaciones en los cierres financieros.
Otra área de financiación del plan corresponde a los 116 billones con origen en las entidades territoriales cuando es inexplicable que las administraciones locales financien políticas del gobierno nacional. La incoherencia es manifiesta pues los planes locales no son compatibles con el PND y lo que se está planteando cercenara la autonomía regional y local.
En esta fuente se contemplan 57 billones que provienen de las empresas industriales y comerciales del Estado, incluidas las territoriales como la EPM, EEB o Emcali.
Los 33 billones de regalías indicados son una rueda suelta que se refundirá en el sistema OCAD con poco impacto en los pactos regionales anunciados en las bases del Plan de Desarrollo.
La sumatoria de estos recursos alcanza el 47 de la financiación del Plan de Desarrollo. El resto es una incógnita.
