El ciudadano promedio no sabe qué son las Juntas Administradoras Locales (JAL), cuáles son sus características y qué tanto puede comprometerse un edil con su localidad sin traspasar los límites del populismo y la demagogia; solo conoce que, desde la promulgación de la Constitución de 1991, se agregó un nuevo elemento a las que se llamaban elecciones de mitaca, en las que se eligen gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles. En estos días hay gran movimiento en los barrios, las Juntas de Acción Comunal recuperan su visibilidad porque se convierten en el epicentro de la actividad política del barrio y los ediles se acercan presurosos a reclamar la paternidad de proyectos, obras y al consabido discurso crítico sobre la administración o administraciones de la localidad; cada uno con su padrino concejal o congresista, se presenta como el vocero autorizado de las comunidades y el hacedor de milagros en cada jurisdicción.
Me asombra el comentario sobre la realidad de mi localidad, en la que para ser elegido edil no solo se necesita de un padrino poderoso, sino de por lo menos $20 millones de pesos para la campaña de conquistar 4.000 votos que requiere asegurar el cupo; se pensaría que es una inversión para amortizar a corto plazo, pues cada edil devenga $6 millones mensuales y en 3 meses ya habrá recuperado lo gastado.
En esta localidad, con un censo electoral de 356.000 habitantes, se eligen 11 ediles, de los cuales, según el decir de los vecinos, 8 son inamovibles y serán reelegidos, de tal manera que la puja es por 3 cupos de quienes se retiran o pasan a aspirar ser elegidos al Concejo; hay candidatos que provienen del sector comercio, varios dignatarios de Juntas de Acción Comunal y políticos de oficio. Algo bueno debe tener ser elegido edil en Bogotá, hay 184 ediles en 20 JAL de la ciudad y el número de aspirantes supera los 12.000; y no es precisamente la “vocación de servicio” como abnegadamente dicen los candidatos.
Las JAL tienen su origen en los arts. 318, 323 y 324 de la Constitución Política y están regladas por la Ley 136 de 1994 (arts. 34, 117 a 140) y la Ley 617 de 2000; para el caso de Bogotá, además por el Decreto-Ley 1421 de 1993; Acuerdo 13 de 2000; Decretos Distritales 739 de 1998 y 518 de 1999. Su función constitucional es la de distribuir y apropiar las partidas globales que en el presupuesto anual del distrito se asignen a las localidades teniendo en cuenta las necesidades básicas insatisfechas de su población; por delegación del concejo, velar por la eficiencia y eficacia en la prestación de los servicios, pero dichas competencias están subordinadas al plan de desarrollo del municipio; y no se pueden descentralizar servicios ni asignar responsabilidades, sin la previa destinación de los recursos suficientes para atenderlos.
El art. 323 de la Constitución establece que los alcaldes locales serán designados por el alcalde mayor de una terna enviada por la correspondiente JAL; en los artículos del 64 al 86 del Decreto Ley 1421 de 1993, se definen las funciones de las JAL y establece que el distrito debe asignar a las JAL entre el 10 y el 20 por ciento de su presupuesto
Pueden, además, los ediles formular reclamos por cobro de impuestos, contribuciones, tasas y multas que gravan a las personas y ser apoderados o defensores en los procesos que se ventilen ante la rama jurisdiccional del poder público; pero no podrán hacer parte de las juntas directivas de las entidades descentralizadas, la misma norma citada, eliminó la participación de las JAL como juntas directivas de los fondos de desarrollo local.
Corresponde a la JAL, entre otras funciones, adoptar el plan de desarrollo local en concordancia con el plan general de desarrollo económico y social y de obras públicas, y el plan general de ordenamiento físico del distrito, previa audiencia de las organizaciones sociales, cívicas y populares de la ciudad; formular propuestas de inversiones ante las autoridades nacionales, departamentales y distritales y distribuir las partidas globales que asigne el presupuesto distrital; pero fundamentalmente, en esta materia, su funcionalidad se limita a ejercer la veeduría y control político de las políticas presupuestales de la respectiva localidad.
Su relación con la comunidad pareciere estar limitada a oír a las organizaciones cívicas, sociales y comunitarias, así como a los ciudadanos residentes en la localidad que deseen opinar sobre los proyectos de acuerdo en trámite en la JAL; pero no tienen una capacidad real para ordenar obras, establecer prioridades de las mismas, ni asignar presupuestos específicos para su realización si estas no están contempladas en el plan de trabajo y el presupuesto presentado por la alcaldía local, simplemente puede formular propuestas, pero no toma decisiones.
Algunos optimistas señalan a las JAL como un símbolo de la democracia participativa, como una especie de cabildo abierto permanente de los ciudadanos de una determinada localidad, promoviendo y facilitando la convergencia entre el Estado y la sociedad civil y convirtiéndose en piedra angular de los propios cambios institucionales y sociales; pero al mirar las funciones de estos organismos nos encontramos más ante una expresión de la democracia formal y representativa, en la que los ciudadanos no tienen un verdadero mecanismo de transformación de la actividad política; hay todavía demasiados escalones superiores que constituyen los verdaderos centros de poder y decisiones.
No son las JAL esa expresión de cabildo abierto permanente, el cabildo abierto es un mecanismo de participación que va más allá de los límites de la democracia representativa6 (Sartori, 1994:76). Tiene su propia instrumentalización que hace posible la participación para el logro de objetivos específicos a través del acercamiento de la ciudadanía al poder que ostenta el núcleo central de la toma de decisiones en el Estado. La participación que hace posible el cabildo abierto consiste en otorgar a los propios miembros de una comunidad el derecho a tomar parte directamente en las decisiones que afectan su presente y su futuro como miembros de una colectividad.
En este sentido, el cabildo abierto más allá de su función de control político, es un mecanismo de mediación entre la ciudadanía y el Estado para asuntos de trascendencia local por su carácter limitado, dentro de la lógica participativa. (Cogollos Amaya, Silvia y otros. El camino tortuoso de la participación ciudadana. Una mirada al cabildo abierto en Bogotá. U. Javeriana. Universitas humanística. No. 63. Enero-junio 2007. P. 109-131. Bogotá, D.C.)
Por todo lo anterior, resulta extraño ver a candidatos a ediles ofreciendo el oro y el morro a las comunidades; reclamando la paternidad de obras de interés común; prometiendo obras y proyectos que no podrán desarrollar porque no son las funciones de la JAL e incluso, aquí cobran importancia las JAC, mostrando el trabajo comunal como resultado propio y exclusivo; aunque, dicho sea de paso, en la práctica las JAL terminan siendo unas JAC grandes, mientras estas representan a la comunidad barrial, las otras son a toda la suma de barrios, a la localidad. Quienes andan en este plan no pasan de ser demagogos populistas que resucitan cada 4 años y en medio de banquetes, reuniones etílicas y uno que otro regalito, reproducen a nivel local los mismos vicios que se han criticado desde que Colombia es república, a las demás corporaciones elegidas por voto popular; por eso el maridaje edil-concejal-congresista, en el que termina confundiéndose el fin del partido político al que representan, sin que se presenten alternativas reales, medibles y realizables, para convertir estos organismos en el medio de la transformación de la vida política de las comunidades y de la nación.
Mucho cuidado entonces a la hora de elegir sus ediles. Que una campaña cueste tanto dinero, y la suma siga subiendo para impedir que líderes comunitarios adecuados lleguen a las corporaciones, manteniendo la espiral de corrupción que caracteriza nuestro quehacer político, deja mucho que pensar.
