Difícilmente podrá borrarse de mi memoria la marcha contra las Farc y la práctica del secuestro, realizada el cuatro de febrero de 2008. Como estudiante que vivía en Bogotá, participé de la multitudinaria jornada que produjo un impacto en mi retina sólo comparable al producido el día del último adiós a Manuel Ignacio Torres -- líder sogamoseño-- quien fue ultimado cuando yo era aún un niño y cuyo funeral me pareció multitudinario, asombroso, pero cuyo recuerdo fue desplazado aquel cuatro de febrero. Aquella marcha nacida del seno mismo del pueblo, fue una revolución en contra de los revolucionarios. Fue un “no más” ocasionado por lo aberrante de la práctica del secuestro y sus consecuencias nefastas para las víctimas de tal flagelo, entre quienes podía observarse a policías, militares y personajes de la vida política. Aquella marcha, como una expresión del inconformismo generalizado de la población, tuvo un enorme impacto de opinión y contribuyó a que el grupo guerrillero se percatara de que no tenían tanta simpatía popular como ellos creían hasta ese entonces.
A los pocos días de la mencionada marcha, se organizó una nueva contra las Autodefensas. Y aunque se me señaló de contradicción ideológica, no participé de la marcha en cuestión, pues se veía innecesaria una respuesta revanchista de quienes creen que las Farc tienen razón no solo en ideas, sino también en sus métodos. Y de ello nace la dificultad de que una movilización funcione: cuando se trata de una imposición de quienes buscan crear distracciones o manipular a las masas para sus intereses, entonces la movilización ciudadana pierde su impacto real. Pero si la movilización se presenta como una respuesta de la población a unas políticas de estado que considera injustas y frente a las cuales no tiene otra opción, entonces tal movilización cobra una fuerte validez política y social. Infortunadamente, en la actualidad la movilización ciudadana solo sirve para los intereses de unos pocos, y la ciudadanía se moviliza para obedecer ciertas indicaciones y perseguir unos objetivos poco claros, y por supuesto, somos el único país del mundo capaz de movilizarse contra un proceso de paz.
Es cierto que muchas de las políticas del actual gobierno merecen el repudio nacional y ameritan la movilización ciudadana, pero es igualmente cierto que las políticas del anterior gobierno lo ameritaban aún más, con lo cual la autoridad moral del Álvaro Uribe para convocar a una movilización es bastante cuestionable. Para justificar esta movilización, se afirma que la situación del país en la actualidad está en declive: sin agua, con altos índices de corrupción, sin oportunidades equitativas, y todo esto dificulta el alcance de la verdadera paz. Sin embargo, si se observa tal razonamiento con ojo avizor, es evidente que tal planteamiento se acerca más a Jaime Bateman que a Álvaro Uribe Vélez, pues es evidente que la paz no se logrará mientras existan las causas sociales que justifiquen la violencia insurreccional. Lo cual demuestra que cuando de argumentos se trata, puede llegar a apelarse incluso a los del otro lado para justificar los nuestros. Por ello, la movilización ciudadana requiere de un agregado para que sus alcances sean positivos: una conciencia democrática que permita castigar realmente a quienes mantienen al país sumido en tal altos índices de corrupción. Quejarnos y movilizarnos en contra de la corrupción y continuar eligiéndolos a través del sufragio es una total contradicción, pues la corrupción no es algo etéreo, lógicamente no hay corrupción sin corruptos, y no hay corruptos sin una población que los elija.
En mi calidad de campesino boyacense he visto lo que la movilización ciudadana es capaz de lograr, pues seguí de cerca el paro agrario del año 2013; un paro surgido de las inconsistencias del gobierno con el sector campesino del país. Tal movilización, oportuna y necesaria, demuestra lo que una marcha debe ser: no un arrebato de un megalómano desesperado, sino una expresión legítima de un pueblo fatigado por tanta triquiñuela.
