De manera regular los medios utilizan la información recopilada por el Dane para hacer un escrutinio de la situación laboral de los colombianos. Fijan sus ojos en la tasa de desempleo pasando de soslayo indicadores relevantes, desinformando al ávido lector de noticias y a quienes están en búsqueda del anhelado empleo. La razón no es otra que la simplicidad, aun cuando se sacrifique la verdad.
En la consabida tasa, que ha provocado tantos dolores de cabeza a los analistas, no se toma en consideración la población inactiva, donde se concentra un volumen importante de personas en capacidad de trabajar, que a fuerza de negativas han desistido en sus intenciones de reincorporarse al mercado laboral, y que debe ser tenida en cuenta a la hora de formular políticas públicas.
La población en edad de trabajar, PET, incluye a los mayores de 12 años en centros urbanos y de 10 años en zonas rurales: 39.293.000: 19.216.000 hombres y 20.076.000 mujeres.
Los inactivos, según informa el departamento, corresponden al 37,1 % de estos, para el trimestre abril-junio del presente año: 14.569.000 ciudadanos. 5.109.000 hombres y 9.461.000 mujeres. De ellos, el 38,6% se dedicó a estudiar (5.268.000 personas); el 41% a trabajos del hogar (5.974.000), y el 20,4% corresponde a discapacitados permanentes, rentistas, pensionados y quienes no les interesa trabajar, que en conjunto suman 2.967.000 colombianos. Entre estos últimos se haya potenciales trabajadores, exempleados, que han desistido de la búsqueda de empleo. El registro nacional indica que con respecto al trimestre anterior hay 131.000 inactivos más.
En 13 municipios, y áreas metropolitanas, se concentran 6.280.000 con la calidad de inactivos, entre ellos 3.211.000 que han laborado alguna vez. La cifra importante, no obstante, es que 680.000 de la población reportada en el trimestre trabajó en curso del año. Que a su vez pueden segregarse en 326.000 personas con argumentos distintos a incapacitados, por enfermedad o accidentes, estudio o responsabilidades familiares, que suman 353.000.
De los primeros: 38.000 quedaron cesantes por cierre de la empresa; 157.000 que trabajaron en ocupaciones temporales; 21.000 que fueron despedidos; 66.000 que renunciaron porque el empleo no era satisfactorio y 44.000 que expusieron argumentos diferentes.
Estas cifras parecieran no ser una señal de alerta del fracaso de las políticas nacionales para incentivar el mercado laboral. A su vez, de la no consecución de los objetivos propuestos en la Ley de Financiamiento, que redujo impuestos a las empresas para fomentar el crecimiento del empleo.
La situación se agrava al analizar las proyecciones sobre formalidad e informalidad que registra el siguiente informe, reportando 23 ciudades y áreas metropolitanas, capitales de los tradicionales departamentos colombianos; manteniendo aún en segundas categorías a las de las antiguas intendencias y comisarías, casi tres décadas después de promulgada la Constitución.
En las ciudades incluidas se hallan 11.934.000 ocupados; 5.722.000 como trabajadores informales.
Sin embargo, la informalidad tratada por el Dane difiere del concepto general y en el término se agrupan: Empleados en empresas, establecimientos o negocios, con cinco trabajadores o menos: Particulares, patrones, obreros, trabajadores domésticos, de entidades familiares sin remuneración, jornaleros o peones, y aquellos por cuenta propia, que no sean reportados como profesionales independientes.
En palabras del departamento, en el glosario de sus publicaciones, “ocupado informal" (OI) son las personas que durante el período de referencia se encontraban en una de las siguientes situaciones:
- Los empleados particulares y los obreros que laboran en establecimientos, negocios o empresas que ocupen hasta cinco personas en todas sus agencias y sucursales, incluyendo al patrono y/o socio.
- Los trabajadores familiares sin remuneración en empresas de cinco trabajadores o menos.
- Los trabajadores sin remuneración en empresas o negocios de otros hogares.
- Los empleados domésticos en empresas de cinco trabajadores o menos.
- Los jornaleros o peones en empresas de cinco trabajadores o menos.
- Los trabajadores por cuenta propia que laboran en establecimientos hasta de cinco personas, excepto los independientes profesionales.
- Los patrones o empleadores en empresas de cinco trabajadores o menos.
- Se excluyen los obreros o empleados del gobierno.
En conjunto esta realidad requiere respuestas oportunas del gobierno, las corporaciones públicas, los gremios y la ciudadanía en general.
El ingeniero José Rafael Morales Parra, emprendedor y gestor del proyecto educativo Formador de Formadores, candidato al Concejo de Bogotá por el Polo Democrático Alternativo, propone tres acciones de corto y mediano plazo para enfrentar el problema, habida cuenta de que el mercado laboral formal ha demostrado su incapacidad actual para ocupar a la población desempleada e inactiva: capacitación, innovación y emprendimiento.
Soluciones que requieren el apoyo del Estado y los gremios, para que los jóvenes y adultos mayores de 50 años, principales perjudicados de la situación actual, sean promotores del crecimiento económico llevando a la práctica ideas de negocio viables.
A la par, el candidato al Concejo de Bucaramanga por el Centro Democrático, Hernando Prada Bueno, empresario de connotada importancia en la capital santandereana, indica que la alternativa es aprovechar las condiciones actuales de la economía colombiana para incentivar el comercio: Capacitación, créditos blandos, y acompañamiento de los futuros comerciantes, serían los pilares para salir boyantes de la situación actual.
Las posiciones diferentes tienen como punto convergente que la idiosincrasia nacional dice que somos rebuscadores. Si no existe empleo creamos uno de acuerdo a nuestras competencias y habilidades, y es allí donde las políticas nacionales deben apuntar.
Las soluciones van desde la creación de empresas en las aulas escolares a organizaciones empresariales de la población mayor, en zonas urbanas y rurales; para ello, debieran eliminarse a estos grupos etarios los costos legales, brindando exenciones tributarias en tanto consolidan sus ideas de negocio; o, en el caso de las ciudades principales, Bogotá y Bucaramanga inclusive, eliminando para los estratos 1, 2 y 3 el destino comercial e industrial como factor diferenciador del impuesto predial, que ha provocado pérdidas de competitividad y el cierre de infinidad de establecimientos; y condicionando los beneficios otorgados por la ley de financiamiento a las entidades que negocien con estas nuevas empresas y promuevan su inclusión en el mercado como ofertantes de bienes y servicios.
De tal manera, la respuesta no es exclusiva de las políticas macroeconómicas nacionales.
Los gobiernos departamentales, alcaldías, asambleas, concejos, y juntas administradoras locales (en el caso del Distrito Capital), los gremios y todos los ciudadanos deben actuar concertadamente para convertir esta crisis en oportunidades.
