En Colombia se viene aplicando desde 1993, con la Ley 100, un modelo de salud que podría catalogarse como de “confianza inversionista”, que consiste en la concepción de garantizarle el negocio al inversor, en este caso a las Empresas Promotoras de Salud (EPS), en detrimento de un servicio de calidad para las personas. De esta manera la salud en Colombia ha dejado de ser un derecho para transformarse en un negocio. El modelo de salud colombiano incentiva a que las EPS nieguen más servicios para que obtengan mayores ganancias. El Estado recoge las cotizaciones de los trabajadores y las entrega a las EPS, las cuales son negociantes privadas que buscan ganancias y, lo que no se gasten de esos recursos públicos en la salud de cada uno de nosotros, pasa a sus bolsillos.
Según un estudio publicado en la revista del Banco de la República, “el acceso a los servicios de salud en Colombia, entendido como el porcentaje de personas que utilizó los servicios médicos al momento de necesitarlos, disminuyó en el mismo período –de 1997 a 2012- al pasar de 79,1 % a 75,5 %, de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Calidad de Vida” (Banco de la República, 2014), lo que significa que el acceso a los servicios de salud ha venido disminuyendo. Por su parte el Observatorio Nacional de Salud-ONS en un estudio sobre la mortalidad evitable, estipula “que el 53% de las muertes producidas en Colombia durante el período 1998-2011 correspondieron a causas clasificadas como evitables” (Observatorio Nacional de la Salud, 2014), en donde Caldas reporta una de las tasas más altas. Además, dice que las primeras 4 causas de las muertes evitables tienen que ver con enfermedades que podían ser prevenidas o curadas por el sistema de salud, lo que quiere decir que hay una deficiente prestación de estos servicios.
Las innumerables e inocultables quejas y problemáticas que hemos vivido los villamarianos con el único hospital que hay en el Municipio, el Hospital Departamental San Antonio, no se podrían explicar sin tener en cuenta la pésima Ley 100 de 1993. Al ser ésta una institución descentralizada del orden departamental, la gerencia menciona que su financiación proviene de la venta de servicios de salud a las EPS del régimen subsidiado (Cafesalud y Caprecóm), del régimen contributivo (Nueva EPS) y de la Dirección Territorial de Salud. Pero lamentablemente el presupuesto ha venido disminuyendo de manera considerable al pasar de $4.000.652.697 en 2013 a $3.790.851.719 en 2015, es decir $209.800.960 menos, una reducción del 5,2%. Si el presupuesto de 2013 no alcanzaba, mucho menos el aprobado para la vigencia actual, ya que a toda luz no es suficiente para atender de manera adecuada una población que va en aumento y supera los 53 mil habitantes
Este modelo de salud, que como vemos está construido en la dirección de mantenerle el negocio a las EPS, ha ocasionado que de los 97 trabajadores que tiene el Hospital Departamental San Antonio, tan solo 22 sean de planta y los 75 restantes sean contratistas que no tienen ninguna estabilidad salarial y laboral, violando los más elementales derechos democráticos de los trabajadores tales como la organización sindical, la negociación colectiva y la huelga. Estos contratistas, además, son sometidos a los más humillantes tratos en períodos de elecciones, ya que de su desempeño en la campaña de tal o cual politiquero de turno, depende la continuidad y permanencia de su puesto de trabajo, obligándolos a realizar reuniones, conseguir votantes y demás prácticas que los gamonales municipales y departamentales han venido imponiendo. El maltrato a los trabajadores de la salud es un asunto que afecta de manera directa la calidad del servicio ya que está demostrado hasta la saciedad que la calidad del mismo tiene que ver con el grado de satisfacción de quien lo presta.
Por último, cabe resaltar que las deudas que tienen las EPS Cafesalud y Caprecom con el ESE Hospital Departamental San Antonio ascienden a $676.732.196, deuda contraída desde hace algunos años y que aún no se sabe cuándo se va cancelar –si es que se cancela-, lo que se complica teniendo en cuenta la grave situación por la que atraviesa Caprecom, la cual está a punto de cerrar sus puertas definitivamente. Repensar un nuevo modelo de salud en Colombia es necesario, pero no valdrá la pena si antes no derrumbamos el parasitario modelo actual a partir del estudio, la organización, la movilización y la lucha civilizada de los usuarios y trabajadores de la salud. No habrá otra forma.
