Corrupción, voto obligatorio y financiación estatal de campañas

“El presente escrito es la continuación de esa publicación, en el que justificaré un par de propuestas, que no son nuevas y que podrían aportar al propósito de la lucha contra la corrupción”

Por: DIEGO GARZÓN
Febrero 23, 2017
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Corrupción, voto obligatorio y financiación estatal de campañas

En un escrito anteriormente publicado aquí mismo en Las2Orillas denominado “PARTIDOS POLÍTICOS: BARRIL DE PUERCOS” expresé algunas ideas para sustentar que las listas cerradas no tiene un efecto directo con la reducción de la corrupción y que, aunque para los partidos minoritarios podría significarles mejores resultados electorales, finalmente todos los partidos terminarán convirtiéndose en microempresas políticas y sus directivos en mercaderes electorales.

El presente escrito es la continuación de esa publicación, en el que justificaré un par de propuestas, que no son nuevas y que podrían aportar al propósito de la lucha contra la corrupción en un periodo de transición hacia la democratización y la civilidad, esas propuestas son: el voto obligatorio y financiación estatal total de las campañas.
Financiación estatal de campañas

La financiación estatal total y exclusiva de campañas, por sustracción de materia, pondrá fin a la financiación de particulares, que es la principal fuente de corrupción y de distorsión de la representatividad.

Es fuente de corrupción porque vía financiación de particulares es que los candidatos luego de electos y en correspondencia a ese apoyo económico resultan destinando recursos o direccionando contratos hacia esos particulares y aunque son muy pocas las denuncias, es un secreto a voces a lo largo y ancho del país y en todos los niveles del Estado. Además medidas como los límites de financiación, la identificación de los aportantes o las restricciones de contratación para los financiadores, no han producido efecto alguno y se han convertido más bien en una burla descarada a la buena fe de los ciudadanos.

La propuesta de financiación estatal exclusiva de las campañas que se plantea estas líneas, significa que el Estado suministre en especie todos los elementos de campaña: afiches, volantes, pasacalles, pendones, vallas y cuñas de radio y televisión, lo que pondría a las campañas en igualdad de condiciones, en una competencia equitativa y justa, cobrando mayor preponderancia los contenidos programáticos que el propagandismo, con la ventaja que se acabaría con la invasión publicitaria y la contaminación visual.

Con esto también se evitaría el fenómeno de distorsión de la representatividad pues, en teoría, el voto popular debe garantizar que el elegido responda al interés general sobre el particular. Pero la financiación privada, en la práctica, invierte la ecuación, tal como el dicho popular “quien pone la plata pone las condiciones”, es así que los financiadores son los que terminan poniendo los gobernantes, los diputados, los congresistas y los concejales, y entonces los elegidos terminan respondiendo a intereses particulares. Esto es lo que explica que asuntos tan importantes como el estatuto del trabajo, el estatuto de la oposición, la modificación al inhumano sistema de salud o una reforma tributaria progresiva nunca hayan podido ser aprobados; pues son las EPS, los empresarios, los constructores y los gremios poderosos los que terminan eligiendo sus representantes, suplantando la representatividad popular y por ende engañando al electorado.
Voto obligatorio

Por su parte el voto obligatorio existe en más de 24 países alrededor del mundo, entre ellos Bélgica, Australia, Argentina, Brasil, Ecuador y Uruguay. Para el caso colombiano, es importante tener en cuenta el contexto y la coyuntura.

Como es bien sabido fue en el marco del asesinato del candidato presidencial Jorge Eliecer Gaitán, del cierre del sistema democrático del Frente Nacional y del fraude de 1970, en el que surgen los movimientos guerrilleros, lo que sumado a la cuestionable transparencia de régimen electoral, ha generado un profundo desinterés por la cosa pública, por la polis, por la política.

Hoy en día asistimos a un periodo de transición hacia la democratización del régimen político colombiano y para lograr su legitimación, tiene que abrirse el camino al voto obligatorio transitorio, que ayude a superar el desinterés, los altos índices de abstención, e ir allanando el camino a una cultura de la participación electoral.

El voto obligatorio es al proceso de transición democrática, lo que los tributos al sistema fiscal, de la misma manera que sin tributos no habría sistema fiscal, sin votaciones no habría democracia. Y así como en el sistema fiscal se podría acudir a la voluntad ciudadana para cumplir sus obligaciones, se hace necesario sanciones y medidas para perseguir la evasión y elusión dado que la sostenibilidad de la inversión pública estaría en juego, pues en un proceso de transición a la democracia se requiere sancionar la abstención, porque está en juego nada más y nada menos que el futuro de bienes superiores como la estabilidad democrática, la gobernabilidad y la legitimidad de nuestro régimen político, no pocas veces cuestionado.

El voto obligatorio contribuirá también a superar la espiral de corrupción electoral, puesto que los altos índices de abstención electoral de nuestro país son funcionales a la compra de votos, es así como las minorías que venden su voto terminan eligiendo por las mayorías que indignadas no participan. Al sancionar la abstención, dichos indignados tendrán que tomar partido con lo que se terminará derrotando a aquellos que se han acostumbrado a ganar a través de su poder económico.

La transitoriedad del voto obligatorio debe servir para dejar ondas huellas en la cultura política de las nuevas generaciones y lograr que se apropie como un acto de responsabilidad ciudadana, por eso debe mantenerse no menos de 20 años. Si bien el voto obligatorio sacrifica un poco los principios liberales, es un costo que vale la pena pagar.

Junto con la financiacion estatal de campañas y el voto obligatorio, se hace necesario hablar de otras reformas profundas en la composición del Consejo Nacional Electoral, su jurisdicción, la implementación del voto electrónico y el control de los delitos a ese mecanismo, entre otras medidas, que aunque importantes no alcanzan a ser desarrolladas en el presente escrito.

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