Cooperación internacional para el desarrollo como política global: un problema de gobernanza

El establecimiento de una serie de ajustes institucionales puede ser la piedra angular que determine una solución efectiva para reducir sus problemas de eficacia

Por: Felipe Lozano Rodríguez
abril 29, 2019
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Cooperación internacional para el desarrollo como política global: un problema de gobernanza
Foto: Pixabay

Los años subsiguientes a la Segunda Guerra Mundial —con hechos claros tales como el plan de reconstrucción de Europa (Plan Marshall, 12 de julio de 1947), el surgimiento del sistema de las Naciones Unidas y el proceso de “descolonización”— tradicionalmente se han concebido como los mitos fundacionales de la cooperación internacional para el desarrollo. En sus orígenes, la cooperación internacional para el desarrollo era concebida exclusivamente como transferencia directa de recursos monetarios hacia un receptor para mejorar sus indicadores de desarrollo en términos de crecimiento económico (Román Sánchez, 2003). Esta concepción de la cooperación internacional para el desarrollo transitó por una crisis o una fatiga, producto de los pobres resultados presentados durante más de tres décadas.

En la actualidad, la cooperación internacional para el desarrollo está siendo repensada desde una visión de desarrollo humano (PNUD, 2018), que supera la visión exclusivamente economicista y vertical de las décadas anteriores. “Superados” estos problemas, hoy la cooperación internacional para el desarrollo ha de entenderse, entonces, como un proceso dinámico y ajustable a las necesidades cambiantes del entorno internacional.

Sin embargo, producto de estos acontecimientos es fácil olvidar que el devenir y ajustes progresistas en el sistema internacional aún no han concluido. Verbigracia, la cooperación internacional para el desarrollo se puso a prueba en la última crisis global (2008), que ha llevado a la imperativa necesidad de replantear el modo en que se toman las decisiones en materia ambiental, económica y social que afectan a toda la humanidad. El multilateralismo (Bhagwati, 1993) ha resurgido con fuerza y los países emergentes reclaman una mayor presencia en el debate internacional. Esto apunta a la gestación de una nueva forma de gobernanza global (Van Oudenaren, 2003) y al diseño de nuevos mecanismos de cooperación con los países en desarrollo, en respuesta a los nuevos contextos, retos y actores que conforman el sistema internacional.

Bajo este contexto internacional como marco, José Antonio Ocampo —doctor en economía de la Universidad de Yale y expresidente del Comité Ejecutivo de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU— editó el libro Gobernanza Global y Desarrollo (Siglo Veintiuno, 2015), el cual tiene por objetivo, desde una perspectiva crítica, proponer la realización de profundas reformas a la organización internacional en aras de fortalecer los mecanismo de gobernanza global a través de la cooperación (Siglo Veintiuno, 2015, pág. 13), siendo lideradas estas iniciativas por la ONU, con el fin de llevar a cabo una adecuada gestión de los bienes públicos globales (BPG) (Kaul & Blondin, 2015) .

En ese entendido, es necesario tener en cuenta las consideraciones académicas en el marco del concepto de gobernanza global, que hacen referencia a los procesos y arreglos institucionales establecidos, así como a las medidas adoptadas en procura de un resultado político deseado (Kaul & Blondin, 2015, pág. 75), donde se da una preponderante participación a los nuevos actores internacionales, que llevan a cabo una considerable presión en búsqueda de una solución a problemas de toda índole. Tal es el caso del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ONU, 2018), donde es evidente que al mismo tiempo que la agenda se ha visto ampliada de manera considerable, se registran los más altos niveles de interdependencia entre los países (Alonso, 2015, pág. 162). Lo que ha dado por resultado que en el ámbito de los bienes públicos globales y regionales, de un lado se hayan expandido de manera notable, y de otro que el sistema internacional como consecuencia de un carácter más heterogéneo, complejo y multipolar (Alonso, 2015, pág. 164), llame a la participación de estos nuevos poderes provenientes de los países en desarrollo a tener esa significativa participación en el escenario internacional.

Estos hechos podrían podrían afectar al sistema internacional de cooperación para el desarrollo e igualmente también afectan la manera en la que se comprende hoy esta temática, dado que se sobrepasa la capacidad de maniobra de parte de los Estados, lo que permite vislumbrar que la eventual solución está sustentada en una mayor cooperación entre los mismos.

Para lograr este fin, es necesario tener claro que de acuerdo con Florent Marcellesi, el eurodiputado del Parlamento Europeo, la cooperación internacional para el desarrollo debe ser entendida como el conjunto de actuaciones y herramientas de carácter internacional basadas en criterios de solidaridad, equidad, eficacia, interés mutuo, sostenibilidad y corresponsabilidad, orientadas a la transferencia de recursos económicos y humanos, experiencias, capacidades técnicas, científicas, etc., hacia los países en vías de desarrollo para que estos alcancen un alto nivel de desarrollo humano (Marcellesi, 2012).

De esta manera, con la cooperación internacional como herramienta potencializadora de la gobernanza global se garantiza la provisión de los bienes públicos globales, tales como la mitigación y adaptación al cambio climático y la ejecución de las metas sociales y ambientales que las Naciones Unidas han planteado en el transcurso de las últimas décadas. Con estas acciones no se pretende desconocer la soberanía de los Estados, sino buscar consensos y dar cabal cumplimiento al compromiso capitalista de desarrollo desde una prosperidad material posible para todos y respetuosa con el medio ambiente (Latouche, 2003).

A partir de lo referido, se trata de gestionar y coordinar la interdependencia de las naciones para dar respuesta a temas y preocupaciones transversales y persistentes, como la redistribución equitativa del ingreso, la distribución de los progresos científicos y tecnológicos, así como el financiamiento, la inclusión y protección de los actores más débiles, el necesario equilibrio entre mercado, sociedad y Estado (Sachs, 2005). Con ello, el rol que desempeñan las distintas áreas y proyectos de las Naciones Unidas, los bancos multilaterales de desarrollo, los equipos de trabajo en torno a alimentos, género y sida, entre otros, lejos de reducirse a una mera declaración de principios, resultarán cruciales para afrontar problemas muy concretos y comprender a los países en sus particularidades y con esto brindar soluciones realmente eficaces a sus problemas de desarrollo.

Ahora bien, es posible sugerir que si la globalización ha tendido a acentuar la interdependencia entre los países y como consecuencia de lo anterior ha dilatado el espacio propio de los bienes públicos internacionales (Alonso, 2015), se debe garantizar que esta no se interprete y actúe como catalizador de una interdependencia negativa, de tal manera que no genere efectos económicos y de desarrollo negativos en las economías emergentes. En ese sentido, de acuerdo con Alicia Bárcena, la Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), el antídoto efectivo que haga frente a este escenario es “la descolonización de la agenda para el desarrollo”, con lo que se tendrán “responsabilidades compartidas pero diferenciadas” (Bárcena, 2015) . El objetivo de esta iniciativa es que se logre reducir la desigualdad entre las naciones, siendo en términos de José Antonio Alonso la cooperación sur-sur el motor que permite un diálogo de pares en búsqueda de protagonismo internacional.

Al margen de las dificultades propias de la gestión y monitoreo de esta modalidad, el mecanismo que le permita a estos países de renta media apropiarse de sus procesos de desarrollo y eliminar el yugo colonialista de los países de centro con respecto a los de la periferia sienta las bases políticas e institucionales para una nueva agenda de desarrollo adaptada a la realidad de un mundo multipolar e interdependiente.

Se puede concluir que establecer una serie de ajustes institucionales puede ser la piedra angular que determine una solución efectiva para reducir los problemas de eficacia que presenta el sistema de cooperación internacional para el desarrollo. Con ello se le da el carácter de política pública global a la cooperación internacional para el desarrollo, del tal manera que se garanticen los niveles de flujo de la ayuda, lo cual exige la creación de una institución multilateral, cuyo vehículo conductor esté sustentado en un sistema político maduro, que permita de acuerdo al profesor estadounidense, Hector Schamis, una densidad estatal que favorezca la creación de mecanismos e instituciones contracíclicas, las cuales le permitan apropiar el reflejo de diversos casos exitosos.

De ser posible lo anterior, se puede subsanar la deuda ecológica que los países de centro tienen con los de la periferia, producto de la explotación ambiental a la que los segundos se encuentran sometidos, bien sea de manera directa o por relaciones coercitivas propias del fundamentalismo de mercado, expuesto y criticado por Stiglitz (Stiglitz, 2002), resultado de la persistencia de una mentalidad colonial, en donde impera una presunción de saber qué es lo mejor para los Estados en desarrollo y donde los funcionarios reales del FMI y BM operan bajo el desconocimiento social, político y económico, que en vez de transferir desarrollo, condena a estos países al subdesarrollo permanente en el sistema internacional, donde la reingeniería de la ONU como gran institución sería la llave que abra el cerrojo de un verdadero desarrollo internacional, con la cooperación internacional como grafito que afloje la cerradura.

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