En un esfuerzo sin precedentes en la historia de Colombia, el Gobierno presentó su Plan Nacional de Desarrollo (PND), construido a partir de los llamados Diálogos Regionales Vinculantes; según sus cifras, participaron alrededor de 250.000 personas de casi todos los municipios, en 2.115 mesas temáticas, entregando más de 89.000 propuestas. Aunque buena parte de los puntos fundamentales del programa de gobierno de la campaña Petro-Márquez se ven reflejados en el PND, en su propuesta central alrededor de una transición energética para disminuir la dependencia de los fósiles, se evidencian vacíos conceptuales, diferencias de lenguaje y ausencias de temas fundamentales. Mientras el programa hablaba claramente del desescalamiento gradual de la dependencia económica del petróleo y del carbón, la prohibición de la exploración y explotación de Yacimientos No Convencionales, la detención del desarrollo de yacimientos costa afuera y la moratoria a las nuevas licencias para la exploración de hidrocarburos (pág. 17), el texto del PND presenta estos objetivos diluidos: reducción de la dependencia del modelo extractivista, promoción de la contribución de los excedentes del petróleo y del carbón a la financiación de economías alternativas (Bases PND, pág. 138) y una transición energética calificada ahora como “segura, confiable y eficiente para alcanzar carbono neutralidad” (Articulado PND, pg 103).
La intención de suspender la exploración de petróleo y gas, fuente de debate permanente desde campaña, quedaría debilitada a partir de la propuesta en el PND en la que, a cambio de moratoria, se propone el monitoreo de los resultados de los contratos de exploración y producción vigentes (Bases PND, pág. 132), dejando abierta la posibilidad de exploración adicional. Como explicaba ampliamente en una columna anterior, la propuesta original es la más responsable en un contexto económico global, que a mediano plazo, que se avizora restrictivo para la extracción y uso de combustibles fósiles debido a la crisis climática, en un país con pocas reservas (0,1% de las probadas de petróleo y gas del mundo BP Statistical Review of World Energy 2022) donde la exploración requiere cada vez mayores inversiones con resultados bajos en términos de reservas incorporadas. Nuestra alta dependencia de los ingresos generados por la exportación de petróleo, que según las bases del PND para el período 2017-2021 representaron el 60 % del total de exportaciones (Pág. 135), nos habla precisamente de esa necesidad urgente de desviar los recursos invertidos en una exploración costosa y arriesgada para potenciar los sectores productivos de los que ampliamente se definen como estratégicos en el documento.
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La alta dependencia de los ingresos petroleros, -60 % del total de exportaciones-, nos habla de la necesidad urgente de desviar inversiones en una exploración costosa y arriesgada para potenciar los sectores estratégicos
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En el período de alrededor de 15 años que podría tomar una transición que nos aleje de manera gradual de la dependencia de los fósiles, como se propuso en campaña, buscar la destinación de recursos públicos a la financiación de proyectos de masificación del uso del gas en estratos 1 y 2 y zonas rurales, tal como está en el Artículo 189, precisamente nos bloquea en la misma dependencia, como expliqué aquí. El Artículo 189 contradice uno de los ejes fundamentales de la política propuesta en el “ordenamiento del territorio alrededor del agua y la justicia ambiental”, donde se señala la importancia de “la apropiación por parte de las comunidades de las rentas generadas por las energías alternativas” (Bases PND, pág. 34), que tienen una sobresaliente perspectiva económica en el largo plazo. Los recursos que deberían ser los catalizadores de la transformación productiva propuesta que busca “cerrar brechas tecnológicas, impulsar a los encadenamientos productivos, el fortalecimiento de las capacidades humanas y de los empleos de calidad, que promuevan el uso sostenible de la biodiversidad” (Bases PND, pág. 138), están precisamente en los que el Gobierno destina a la promoción de las energías fósiles: de acuerdo a “Energy Policy Tracker”, alrededor de 1.340 millones de dólares en 2021.
Mientras se insiste en partes del texto del PND en el engaño de la carbono neutralidad, o la reducción del 51 % las emisiones a 2030 aplaudido por la institucionalidad climática atrapada por el lobby fósil, el Artículo 186 genera acción real en línea a la propuesta original del programa de gobierno: busca la prohibición de la minería de carbón térmico a cielo abierto. Esta disposición, anunciada en diciembre pasado por el presidente de la Agencia Nacional de Minería Álvaro Pardo, implica dejar enterradas reservas medidas e indicadas de alrededor de 345 millones de toneladas de carbón. Una estimación general, que considera extraer solo la mitad del mineral, indica que se evitaría la emisión de 320 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente (320 MM ton CO2 eq.). Para dimensionar la cifra, la promesa del 51 % del gobierno Duque es dejar de emitir 169 MM ton CO2 eq. hasta 2030. El Artículo 186 concretaría hoy, sin postergaciones, casi el doble de la contribución del país para evitar la intensificación de la catástrofe climática. Es en puntos como este donde radica la fuerza de las propuestas por las que votamos las mayorías, y que erigen al Gobierno Petro-Márquez como referente global en la protección de la vida. No perdamos de vista estos objetivos en el PND cuando aún estamos a tiempo.
