Con toque de queda cerramos el 2020

En lo que va corrido del siglo XXI nunca habíamos tenido un fin de año tan complejo y accidentado como este que acabamos de vivir. Una revisión de lo que fue

Por: Tiberio Gutiérrez Echeverri
enero 13, 2021
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Con toque de queda cerramos el 2020
Foto: Pixabay

Con toque de queda, pico y cédula, alerta roja hospitalaria, asesinato de líderes sociales, masacres, violencia, feminicidios, desplazamientos forzados, contaminación, corrupción, desempleo, informalidad, recesión económica, salario mínimo de miseria por decreto presidencial, aumento del sueldo de los congresistas en 5.5%... con todas estas bellezas cerramos el 2020 y nos disponemos a recibir el parto de los montes en el 2021.

¿Pesimismo? No señores: realismo del bueno. En lo que va corrido del siglo XXI nunca habíamos tenido un fin de año tan complejo y accidentado como este que acabamos de vivir, no solamente en Colombia sino en todo el mundo.

Obviamente que la crisis económica, política, social y ecológica, producida por el neoliberalismo salvaje venía desde muy atrás, y que el COVID-19 no ha hecho otra cosa distinta que profundizarla sin compasión, descubriendo las mataduras del pueblo que se escondían por debajo de los discursos caritativos, asistencialistas y populistas del establecimiento mediático.

No obstante lo anterior, quiero referirme con el pesimismo de la inteligencia y con el optimismo de la voluntad, como decía el gran teórico marxista Italiano, Antonio Gramsci, a los temas principales que cierran el 2020 y a las probables perspectivas que se avizoran para el 2021.

Los círculos dominantes, el empresariado colombiano y el gobierno de Álvaro Uribe Vélez en cabeza de Iván Duque, no han hecho otra cosa que amenazar durante todo el año con acabar con la JEP y con las cortes, llamando a plebiscito para entronizar la impunidad, proclamando las bondades del estado de bienestar a través de la Ley de emprendimiento, con la economía naranja y la economía circular (reciclando la basura que deja el rico Epulón), tratando de echarnos el cuento de que con la iniciativa personal de los trabajadores informales y de la micro, pequeña y mediana empresa, (el 94.6% de la economía y del empleo nacional) se puede llegar a ser propietarios y grandes empresarios.

Nada más lejano de la realidad. Como todos sabemos, el crédito está monopolizado por los grandes bancos para uso exclusivo de la puerta giratoria entre los grandes ricos, de tal manera que al pueblo trabajador no le brindan la oportunidad de competir con las grandes empresas, así que la Ley de Emprendimiento es otro canto a la bandera para embaucar a los ingenuos y justificar ante la opinión pública, el “esfuerzo” que está haciendo el gobierno para la reactivación de la economía en el año entrante, apostándole al 4% o 5% de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB). Soñar no cuesta nada.

En el aspecto político el gobierno se bajó de su discurso de cero mermelada y cero corrupción para poder tener gobernabilidad en el Congreso de la República, comprando el concurso de Cambio Radical, el Partido de la U y al Partido liberal, con tal de que le aprobaran su proyecto de reforma electoral, que ya fue tramitada a pupitrazo limpio en el Congreso de la República, contra todas las esperanzas democráticas de cambiar y reformar el podrido y corrupto sistema electoral, negándole la personería jurídica a Colombia Humana, y por ahí derecho arrasando con la participación en los medios de comunicación y en la financiación de los partidos y movimientos políticos de la oposición democrática, lo que augura un nefasto precedente para las elecciones presidenciales del 2022.

Además el gobierno ha convertido la Registraduría en un instrumento para la creación de una amplia fronda burocrática, con la agravante y peligro inminente de fraude electoral a través de las facultades que le da el Estatuto Electoral para cancelar las elecciones si se presentan actos que perturben el orden público el día de la jornada electoral.

A esto tenemos que agregar la propuesta del referendo del uribismo para reformar la JEP, y por ahí derecho hacer campaña presidencial sin estar en el tiempo estipulado por la ley, y empezar desde ya a tramitar desde el “Ubérrimo”, los posibles convidados a participar como precandidatos en la consulta popular para escoger el candidato de la ultraderecha a la Presidencia de la República.

Camarón que se duerme se lo lleva la corriente; a trabajar se dijo durante todo el 2021 para asegurar la nueva versión del Uribe-Duque en la Presidencia de la República en el 2022. Esto hace que la gobernabilidad del presidente se deteriore en cuanto a las reformas que tiene pendientes en el Congreso, como la de la Justicia, la reforma pensional, laboral y sobre todo la reforma tributaria, que al decir del ministro Carrasquilla, entraría a ser “debatida” en el primer trimestre del 2021.

Aquí es donde tiene que fajarse el movimiento popular el año que viene. No puede ser que pase lo mismo que pasó con la “negociación” del salario mínimo por decreto. Aunque en el 2020 sobresalió la marcha indígena del cauca por su masivo y largo recorrido, por su claridad y alto nivel político, y por su capacidad de llevar su mensaje a la opinión pública de toda la nación, y, aunque la asonada masiva en Bogotá el 9 y 10 de septiembre contra algunos CAI de la policía, con 12 muertos de jóvenes estudiantes y trabajadores que estremeció la conciencia nacional contra el proceder criminal de la policía, cuyo director general acaba de caer sindicado de corrupción… digo que aunque estos dos grandes acontecimientos de masas e indignación de la gente hayan dejado su impronta en el acervo de la lucha popular, sin embargo no podemos decir lo mismo de la participación del movimiento obrero y sindical.

La verdad es que el Comando Nacional de Paro (CUT, CGT, CTC y Confederaciones de Pensionados) se ha quedado corto en la participación masiva en estos eventos, demostrando que la capacidad de convocatoria que tiene frente a sus bases está seriamente limitada por el fraccionamiento de su dirección y por el arrasamiento del movimiento sindical con el asesinato de muchos de sus líderes, y con las consecuencias de las leyes laborales del neoliberalismo que siguen adelante con sus reformas funestas contra los trabajadores.

Lo anterior lo comprueba la negociación en la comisión de “concertación” laboral sobre el salario mínimo, donde el gobierno y los empresarios se dieron el lujo de manejar a su antojo, como les dio la gana, a los dirigentes de las centrales obreras que solo atinaron a sacar el último comunicado repitiendo los mismos argumentos para la reactivación de la economía: “Allí están las propuestas de la renta básica universal, el subsidio a las nóminas de las micro, pequeñas y medianas empresas, el millón de salario básico y auxilio de transporte de 120.000 pesos, incremento de los pensionados con el incremento del salario mínimo y no con el IPC, y la derogatoria del decreto 1174 que precariza más los ingresos, más la formalización de las plantas de personal en el sector estatal” (Bogotá 18 de diciembre-2020)

Lo más cínico y grave por parte del gobierno es que el mismo día en que instalaba la Comisión Tripartita de la Misión de Empleo, expedía de manera unilateral el Decreto 1174 que reduce los ingresos de los trabajadores, acaba con su salud, con la estabilidad laboral, a más de acabar con el salario mínimo.

“Finalmente-dicen las centrales obreras-reiteramos nuestra exigencia de derogar el Decreto 1174, el incremento de un millón de salario básico, un auxilio de transporte de 120.000 pesos y nuestra disposición al diálogo y a la concertación”

Cuando un gobierno de los empresarios, autoritario, insensible y prepotente, se niega a concertar con los trabajadores el salario mínimo haciendo caso omiso de sus justas peticiones, reiterarle la disposición de diálogo y concertación es insistir vanamente ante su irreductible obcecación.

Por eso el comunicado de las centrales obreras tiene el tufo de una declaración mendicante, le falta la fuerza de una proclama que llame a la unidad del pueblo a manifestarse en las calles, carece de la potencia para llamar a los trabajadores informales, a los desempleados y a los pensionados a la unidad para protestar en las plazas de Colombia frente a tanta indignidad.

Le falta un criterio político para desenmascarar al gobierno de los empresarios y de los patronales, pues no indica con claridad el camino para combatir y cambiar el modelo de acumulación capitalista neoliberal causante de las desgracias del pueblo colombiano, ni señala con certeza a los verdaderos responsables de la tragedia.

No propone a los trabajadores y al pueblo el campo de batalla del 2021 para hacerse escuchar desde la calle, llamando a ser gobierno en el 2022, desenmascarando las causas de la crisis y a los responsables de la misma.

No tiene la suficiente fuerza para proponer la lucha de masas por un nuevo gobierno democrático; más parece una declaratoria mendicante y menesterosa que no asume como clase obrera para sí, dominando la táctica y la estrategia de la revolución democrática como conductor político con identidad de clase, sino que se pliega como un convidado de piedra ante los empresarios y el gobierno, como si fuera el furgón de cola de los partidos tradicionales de la clase dominante.

En vez de aprovechar el escenario para desenmascarar al gobierno de los empresarios y de la violencia, siguen implorando “la disposición de diálogo y concertación” en las altas esferas, olvidando que el diálogo y la concertación se gana en las calles con la lucha de masas y no con negociaciones pudibundas en las comisiones de concertación.

Precisamente en el 2021 se acrecentará la responsabilidad política del Comité Nacional de Paro, ante el escenario del segundo pico de la pandemia del COVID-19 para el primer trimestre del año entrante, aunque hayan descubierto la vacuna con todas sus implicaciones de traslado, almacenamiento, administración y aplicación a los trabajadores de la salud, y a la tercera edad, con todas las dificultades que acarrea la situación de emergencia sanitaria para que el movimiento popular pueda desplegar sus acciones de masas, como el único camino que tenemos para enfrentar las imposiciones del gobierno oligárquico con respecto a la reforma laboral, pensional y tributaria.

Por eso la lucha no solo tiene que estar reducida a la defensa gremial de los intereses de los trabajadores sino también, y de qué manera, a la defensa política de sus intereses, que es en últimas la que va a definir la correlación de fuerzas a favor de los trabajadores: el poder político en manos de las clases populares. He aquí el papel más importante que debe de jugar el Comando Nacional de Paro en el escenario del 2021.

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