La verdad se constituye como parte fundamental de la reconciliación en el marco de la solución política al conflicto armado, es por ello que en el desarrollo de la justicia transicional y restaurativa, el acuerdo de paz firmado entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Ejército del Pueblo Farc-EP y el Estado colombiano, en su punto 5, establece el compromiso de situar como centro a las víctimas, creando así el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR), en el cual se establece la conformación de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), como componente de justicia del sistema.
Los días 26 y 27 de abril del 2022 en las instalaciones del teatro Yesid Manzano de la Escuela de Artes de la Universidad Francisco de Paula Santander Seccional Ocaña, en Ocaña, Norte de Santander, se llevó a cabo la audiencia pública del macro caso 03 de la JEP, conocido como “Falsos positivos”, donde la Sala de Reconocimiento de Verdad avanza en el esclarecimiento y juzgamiento de los crímenes cometidos por los agentes de Estado que habrían presentado a más 6.400 ciudadanos, campesinos y trabajadores colombianos como guerrilleros dados de baja en combate.
Durante la audiencia pública comparecieron diez militares y un civil como máximos responsables de las ejecuciones extrajudiciales de 120 civiles en la región del Catatumbo a manos de miembros del Batallón de Infantería N°15 General Francisco de Paula Santander, la Brigada Móvil 15 y la compañía Meteoro con sede en el municipio de Ocaña, Norte de Santander.
Los comparecientes (un general, cuatro coroneles, un mayor, un teniente, dos sargentos y un cabo), señalaron su participación y culpabilidad en los hechos. Algo que llama la atención en los testimonios de los militares es lo que denominaron como empresa criminal al interior de la Fuerza Pública dedicada a presentar gente inocente como bajas en combates. Para ello, diseñaron toda una estrategia para reclutar a jóvenes, transportarlos, asesinarlos en la zona rural de los municipios del Catatumbo y luego preparar los respectivos informes de operaciones que validaban sus muertes como guerrilleros.
Por otro lado, en la participación de las víctimas, se logró evidenciar los testimonios de madres, hermanos, hijos y padres, que durante 14 años lucharon por la verdad y el buen nombre de sus seres queridos. Es así como obtuvieron durante la audiencia, que el nombre de sus familiares fuera reivindicado como personas trabajadoras, que solo tenían el sueño de vivir mejor, de acceder a un trabajo digno y que se encontraron con una política cruel de medir la efectividad y la eficacia con muertes dadas en combate.
Sin embargo, tras la audiencia queda el sinsabor de una verdad a medias, las familias de las victimas exigen a la JEP y a los responsables llegar hasta el fondo del asunto señalando “¿Quién dio la orden?”.
Este hecho histórico en el ámbito mundial confirma la importancia del acuerdo de paz, que en pasos muy pequeños ha venido develando la crueldad de la guerra, reconociendo las prácticas terroristas al interior de la fuerza pública, que se derivan en múltiples violaciones a los derechos humanos. Prácticas que hacen parte de la doctrina militar como la teoría del enemigo interno, quien para este caso no era la guerrilla, ya que por falta de capacidad operacional no lograban dar resultados, sino que fueron los humildes, los desfavorecidos y las personas de más escasos recursos quienes fueron condenados a muerte por un tribunal militar.
Se confirma que los autores materiales de lo ocurrido fueron los rangos más bajos como soldados, cabos y sargentos. Lo que implica que pobres asesinan a pobres por tener contento a un gobierno y a un general de más alto rango. Según María Elvira Bonilla, en su artículo en El Espectador, La guerra de los Pobres publicado el 31 de mayo de 2015, afirma que: “Las fuerzas militares, de los 100.000 colombianos que conforman el grupo de soldados regulares, campesinos y policías que prestan el servicio militar obligatorio, el 80 % proviene de familias con ingresos bajos, estratos 1, 2 y 0, que son familias que están por debajo de la línea de pobreza. El 19.5 % son de clase media, mientras que de familias acomodadas de los estratos 4 y 5 no son más del 0.5 %”.
Esto evidencia que, al igual que los jóvenes de Soacha, los campesinos del Catatumbo, las demás víctimas de los falsos positivos y los victimarios son personas pobres; demostrando una vez más que en Colombia la guerra es solo para los más desfavorecidos.
Aunque la audiencia demostró la práctica de hacer pasar civiles como muertes dadas de baja en combate, pareciera que esta realidad estuviera lejos de desaparecer. Uno de los casos más recientes fue lo ocurrido el 28 de marzo de 2022, donde en confusos hechos, la Fuerza Pública y el Gobierno nacional presenta 11 personas dadas de baja en combate en el municipio de Puerto Leguízamo en el departamento del Putumayo, como miembros de las disidencias de las Farc.
Sin embargo, diferentes investigaciones periodísticas han señalado que el grupo de personas se encontraban desarmados y que estaban en un bazar como lo manifiestan diferentes testimonios de quienes estuvieron en el lugar de lo ocurrido.
Es así que, el capítulo de los falsos positivos no se ha cerrado en Colombia, y que la oportunidad que representa la verdad debe permitir replantear la doctrina militar, las relaciones de poder entre la fuerza pública y la sociedad para avanzar en la construcción de una Colombia en paz.
