Para finales de 2024, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, implementó un programa financiado por Estados Unidos para deportar migrantes que intentan cruzar ilegalmente por la selva del Darién, acompañado de multas de hasta 5.000 dólares. Pese a que la medida ha reducido el flujo migratorio hacia el norte y ha sido presentada como un logro del gobierno panameño, también ha desplazado el enfoque hacia la protección del territorio y el impacto ambiental en la región.
Esta es una ecuación en la que se refuerzan los controles y la cooperación estatal, mientras los migrantes que atraviesan el Darién quedan en una situación de mayor vulnerabilidad y desprotección. Con las salidas desde Necoclí frenadas, este corredor se considera prácticamente muerto: “los tránsitos irregulares por Darién se desplomaron de 302.203 en 2024 a apenas 3.091 este año, una reducción del 99 %”, afirmaba el Ministerio de Seguridad Pública de Panamá en un comunicado de diciembre de 2025.
Sin embargo, este freno de personas no significa que la gente haya dejado de migrar; muchas permanecen en el lado colombiano o en busca de rutas marítimas mucho más peligrosas y costosas, controladas por organizaciones criminales. La Procuraduría General de la Nación de Colombia alertó, en junio de 2025, sobre el impacto de este confinamiento en los municipios de Necoclí, Turbo, Capurganá y Acandí.
“Los migrantes llegan con altos niveles de estrés psicosocial, lesiones por el tránsito en trochas y lanchas, insolación, quemaduras en la piel, desnutrición y deshidratación”, condiciones agravadas por la situación de quedarse en carpas bajo el sol y la lluvia, según la investigación de World View. Necoclí, por su parte, intenta dejar atrás la imagen de embudo migratorio y reactivar el turismo, un giro que convive con la deuda pendiente de garantizar condiciones mínimas y derechos básicos a las personas en movilidad humana, en medio de políticas migratorias que han contenido el flujo, pero no la crisis.
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