Hay una tendencia mundial hacia la transición energética y la prohibición del fracking. España lo prohibió con su ley de cambio climático y transición energética de 2021. Francia en 2011 y se encuentra en su proceso de transición energética también. Estados Unidos, país pionero del fracking, lo prohibió en cinco Estados, incluido Nueva York. Esto solo por nombrar algunos ejemplos. Colombia se encuentra atrasada en esta tendencia de prohibición y de transición energética a nivel mundial, pero llegó la hora de avanzar y prohibirlo, democratizando el debate sobre la política pública energética al mismo tiempo.
Colombia acaba de elegir un nuevo presidente y vicepresidenta que incluyen en su programa de Gobierno “Colombia, potencia mundial de la vida” el siguiente punto: “Emprenderemos un desescalamiento gradual de la dependencia económica del petróleo y del carbón. En nuestro gobierno se prohibirán la exploración y explotación de Yacimientos No Convencionales, se detendrán los proyectos piloto de fracking y el desarrollo de yacimientos costa afuera.” La pregunta entonces es ¿cómo se va a prohibir el fracking en Colombia?
Por un lado, este año el Consejo de Estado probablemente proferirá una sentencia sobre la nulidad del marco legal del fracking. El Consejo de Estado pasará a la historia del litigio climático y la justicia climática con su decisión sobre fracking, que es la extracción de hidrocarburos de yacimientos no convencionales según lo define el Ministerio de Minas y Energía. El Consejo de Estado admitió esta acción jurídica contra el marco legal del fracking en 2018 y declaró la moratoria (suspensión) judicial en Colombia mientras expide una decisión final. No obstante, en 2019 el Consejo de Estado aclaró que era posible hacer pilotos de fracking en Colombia si se cumplían las recomendaciones del Comité de Expertos convocado por el Gobierno Nacional. El ingeniero de petróleos Andrés Gómez y la abogada ambiental Natalia Orduz han explicado en columnas en este medio digital la inviabilidad de estos pilotos de fracking, entre muchos otros argumentos críticos.
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Está pendiente la decisión final de la Corte Constitucional sobre la consulta previa, libre e informada de los proyectos pilotos de ´fracking´ en Puerto Wilches
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No obstante las dudas y las críticas sobre los proyectos pilotos de fracking, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en un tiempo inusualmente rápido, de tan solo cinco meses, otorgó el permiso ambiental a los proyectos pilotos de fracking a principios de este año, y en consecuencia autorizó la perforación del pozo Kalé en Puerto Wilches, Santander. Ante esto, organizaciones sociales junto con la Alianza Colombia Libre de Fracking radicaron ante un Juzgado del Circuito de Barrancabermeja una acción de tutela por la vulneración del derecho a la consulta previa, libre e informada de la Corporación Afrocolombiana de Puerto Wilches -Afrowilches. El Juzgado de Barrancabermeja ordenó la suspensión del permiso ambiental de los pilotos de fracking. Luego, el Tribunal Administrativo de Santander revocó el fallo del juzgado de Barrancabermeja. Así, organizaciones sociales solicitaron a la Corte Constitucional que revise esta decisión. Está pendiente entonces la decisión final de la Corte Constitucional sobre la consulta previa, libre e informada de los proyectos pilotos de fracking en Puerto Wilches además de la decisión del Consejo de Estado sobre la nulidad del marco jurídico del fracking.
Por otro lado, en el Congreso de Colombia en tres periodos legislativos en los últimos tres años y con el apoyo de más de 50 Congresistas de diferentes partidos se ha presentado el proyecto de ley para prohibir el fracking y promover la democratización del proceso de transición energética. El renovado Congreso de Colombia, con una nueva correlación de fuerzas políticas, empieza periodo legislativo este 20 de julio de 2022 y el proyecto de ley para prohibir el fracking y promover la transición energética será radicado de nuevo. Diversos sectores de la sociedad colombiana estarán atentos a la evolución de este proyecto de ley.
Igualmente, el nuevo presidente de Colombia y los ministerios relacionados con el tema como Minas y Energía o Ambiente y Desarrollo tendrán competencia y responsabilidad en la regulación y autorización de actividades relacionadas con el fracking y la transición energética.
Mejor dicho, hay andando por lo menos dos acciones judiciales para proteger derechos humanos y ambientales ante el fracking y también en julio iniciará un nuevo intento de prohibirlo a nivel nacional. Todo esto en el año 2022 en el que hay un nuevo ejecutivo que se comprometió a prohibir el fracking y a democratizar el proceso de la transición energética.
