No es un secreto que en Colombia la actividad legislativa tiene tantas aristas como partidos políticos, ideologías, posturas y conveniencias políticas existan. No obstante, este tema dejó de ser una simple reflexión que realizan los analistas jurídicos y que soslayan los ciudadanos, para convertirse en un aspecto tan importante que se tiene como un componente para medir el desarrollo y bienestar de un país en términos de competitividad.
El último estudio del Departamento Nacional de Planeación (DNP) dejó en evidencia que en Colombia solo en el año 2016 se emitieron 9.222 normas y durante los últimos 17 años, en cada día hábil han emitido 4,4 decretos, 17,6 resoluciones y 0,6 circulares, lo que en efecto deja entrever la excesiva producción legislativa que tenemos, pero lo interesante de la situación es saber si en efecto tantas normas son realmente útiles y se aplican a las actividades y situaciones que como ciudadanos nos enfrentamos.
En marzo del presente año el doctor Enrique Gil Botero en su calidad de ministro de Justicia y del Derecho radicó un proyecto de ley “por medio del cual el congreso de la república se pronuncia acerca de la vigencia de unas normas de rango legal y deroga expresamente otras normas” a través de este, se pretende eliminar la carga normativa abstracta, no vigente e inaplicable que existe en Colombia, de modo que las normas que rijan la sociedad colombiana sean verdaderamente eficientes y cumplan con el propósito para el cual fueron creadas. El proyecto fue aprobado en segundo debate en plenaria del senado en septiembre de 2018, a la espera de continuar con el proceso legislativo antes de acabar periodo constitucional.
De lo anterior, considero importante resaltar que dentro de la exposición de motivos del proyecto de ley se da cuenta de la necesidad que tiene nuestro país de frenar el desbordamiento legislativo que se ha detectado, pues entre el año 1866 y el año 2014 existen más de quince mil (15.000) normas de rango legal, sin que exista certeza acerca de su vigencia, circunstancia que impide que los destinatarios de las mismas conozcan las reglas de juego.
Al realizar una introspección de esa exacerbada producción legislativa, entiendo por qué Colombia necesita ser más competitiva frente a otros países en torno a las normas vigentes y la posibilidad de simplificar la regulación. Sí, Colombia tiene normas repetidas y absurdas como la Ley 62 de 1887 (la cual prohíbe la importación de chinos para cualquier trabajo en el territorio colombiano), la ley que prohíbe vender jeringas sin orden médica o hasta la ley 8 de 1905 (aún vigente, donde se establece que al Presidente de la República se le debía llamar oficialmente Excelentísimo y Excelencia). Sin embargo, para ser más actuales cursa en este momento un proyecto de ley que busca institucionalizar el primer viernes de noviembre como el “día de nacional de la champeta”, iniciativa promovida por el senador Andrés García Zuccardi, el cual paradójica y contradictoriamente es uno de los ponentes de la ley que pretende derogar aquellas normas inservibles y en desuso.
Esperemos que con este proyecto para derogar normas en desuso y la reflexión de nuestros congresistas cavilen en el papel tan importante que tiene la eficiencia y eficacia legislativa sobre el desarrollo de un país, pues la tarea nada concierne en crear normas por cumplir una labor y “marcar tarjeta”, sino en las consecuencias que tiene la producción excesiva de normas en la desaceleración del país.
Por último y como adenda, el pasado 22 de mayo se presentó ponencia favorable al proyecto de ley que pretende eliminar alrededor de 10.667 normas del ordenamiento jurídico, dentro de las cuales 6.809 corresponden a leyes y 3.858 a decretos con fuerza de ley. El proyecto se discute en cuarto debate y de ser aprobado pasará a sanción presidencial.
