Oscar Goodman, reconocido abogado defensor y portavoz de figuras prominentes de la mafia, estafadores y lavadores de dinero en Estados Unidos, saltó a la política en el año de 1999, convirtiéndose por dos periodos consecutivos, hasta 2011, en alcalde de la ciudad de Las Vegas.
Goodman, siempre estuvo bajo la lupa del FBI. Con una personalidad extravagante y sin importarle la ética en el derecho, desafiaba constantemente a la justicia americana, logrando la absolución de tenebrosos criminales. Su irreverencia no tuvo límites, al punto de “glorificar” a los capos que representaba, fundando “el museo de la mafia” en Las Vegas, e interpretándose asimismo como “abogado de la mafia” en la película “Casino”(1995) al lado de Robert de Niro.
El apodo de "El abogado de la mafia” adquiere mayor relevancia cuando defiende a su cliente más famoso, Tony Spilotro jefe del Cartel del narcotráfico de Chicago en Las Vegas, con quien mantuvo una relación estrecha que motivó varias investigaciones del FBI para determinar el origen de su abultada fortuna. Spilotro fue acusado de más de dos docenas de asesinatos en Las Vegas y sin embargo sigue en la impunidad por estos hechos, gracias a Goodman.
También representó a Frank Rosenthal el maestro de la mafia en los casinos, experto en apuestas y cuya historia fue inmortalizada igualmente en la pantalla grande. Fue abogado del “Contador de la mafia” Meyer Lansky influyente cabeza del crimen organizado judeo-estadounidense. A Nicky Scarfo, cabecilla de la “familia criminal” de Filadelfia durante la década de los 80s, temido por su carácter violento. Sigue en la lista, Jamiel Chagra, connotadotraficante de drogas en los 70s de quien Goodman logró su absolución luego de ser acusado de ordenar el asesinato del juez federal John H. Wood, un caso que el FBI consideró "el juicio del siglo". Defendió a Herbert Blitzstein, socio de Spilotro, investigado por operaciones de préstamos usureros y estafa a mucha gente en Las Vegas, al mejor estilo de DMG en Colombia. Y finalmente litigó para Natale Richichi, integrantede la familia Gambino de Nueva York, caso por el que Goodman enfrentó cargos del FBI al negarse a revelar la fuente de sus honorarios.
Aunque Goodman nunca fue condenado por crímenes, su estrecha relación con jefes de la mafia, el crecimiento vertiginoso de su fortuna y la falta de ética en el ejercicio profesional, le generaron críticas constantes y un volumen de investigaciones. Llevaba una vida de privilegios extremos, fiestas extravagantes y concurrencias a propiedades lujuriosas, generando cuestionamientos sobre su directa amistad y complicidad con la mafia, y de pretender adoptar prácticas violentas del crimen, como la de "cortar los pulgares" a los vándalos en Las Vegas. Como Alcalde y aun en el retiro no ha podido desmarcarse de su cercanía con la mafia.
Los electores tiene el derecho a conocer el origen de los recursos que financian las campañas políticas y las autoridades están obligadas a respetar y garantizar el ejercicio profesional en el marco de la reserva, la lealtad y la ética que debe caracterizar la relación entre los abogados con sus clientes. Sin embargo, son naturales los múltiples dilemas, precauciones y sospechas que se activan en Fiscales e Investigadores, cuando se enfrentan en juicio a los “abogados de la mafia y del terrorismo”, quienes en el ejercicio de la defensa, se adentran en una dinámica tensa y confrontacional en derecho, porque la ética poco o nada importa, alrededor del cliente y las evidencias.
Las Agencias Federales de los Estados Unidos, la DIJIN en Colombia y otros organismos de investigación en el mundo, son estrictamente escépticos en su interacción con Abogados de mafiosos y terroristas. Los códigos de conducta que establecen límites legales, normativos y éticos, son rigurosos, raramente existe una relación personal y cuando ocurre es muy cuestionada, arroja suspicacias, y usualmente hay dádivas a cambio de información para favorecer sus procesos. Lo curioso es que solo terminan investigados y presos los agentes del estado. Ha ocurrido con frecuencia por ejemplo, con abogados americanos y colombianos, reconocidos porque se hicieron millonarios escalando en el negocio de convencer narcos extraditables para que se entregaran a la justicia americana a cambio de beneficios jurídicos y económicos, otros especialmente defensores del terrorismo, manipulando testigos y ofreciendo beneficios en cárceles colombianas y de USA.
También causa preocupación, aunque no es ilegal, cuando investigadores, fiscales y agentes de inteligencia ya en el retiro, se vinculan laboralmente con estas firmas de litigio penal. La fuga de información y la cooptación de fiscales e investigadores es siempre un riesgo inminente y presente. Las evidencias abundan.
Las circunstancias se tornan complejas, cuando estos defensores son, al mismo tiempo, cercanos, amigos y/o en el peor de los casos, representantes legales de superiores jerárquicos y políticos afines a sectores de poder y al gobierno de turno, como ocurrió en los procesos contra Diego Marín Buitrago alias. Papá Pitufo zar del contrabando, en el de Alex Saab alfil y testaferro del régimen venezolano, recién destituido por Delcy Rodríguez, y en otros sonados casos del pasado en las épocas de los carteles de Cali y Medellín, o del terrorismo con los extraditados de las Farc Simón Trinidad y alias. Sonia en USA y en España con el cuestionado abogado y Diputado del Partido Comunista Enrique Santiago Romero, de las entrañas de las Farc.
Son muchas las sospechas que aún quedan sobre la integridad de la fortuna de Oscar Goodman a sus 86 años y el desafío para el FBI sigue siendo mayor. También de los recursos que financian a defensores del terrorismo; Piedad Córdoba recibió 100 millones de pesos del régimen venezolano y las Farc USD 300 millones en el marco del denominado “dossier”. En Colombia con nuestro historial de economías criminales, financiamiento ilícito de campañas y penetración del narcotráfico, el reto es superior.
Por lo tanto y en aras de la transparencia y legalidad de las actuaciones de los “defensores de la mafia y del terrorismo” y particularmente de los que incursionan en la competencia electoral, claro incluyendo a todos los candidatos sin excepción; se deberían articular estructuras especializadas de inteligencia e investigación criminal, orientadas a indagar a fondo las fuentes de las fortunas, honorarios profesionales procedentes de clientes mafiosos y de grupos terroristas, y el origen de las propiedades. Y aquí las Unidades de Inteligencia Financiera juegan un papel preponderante para revisar transacciones bancarias, transferencias y declaraciones de impuestos, detectar pagos desproporcionados con dinero en efectivo, así como el uso de testaferros.
Apostemos a la Gran Consulta Interpartidista Por Colombia, allí está la fórmula presidencial salvadora y el gabinete de lujo que recuperará la senda perdida de la nación
No nos dejemos engañar y menos intimidar. No es cierto que para defender la patria, la única opción sea elegir entre el Oscar Goodman colombiano, o el defensor de los intereses del terrorismo. Apostemos a la Gran Consulta Interpartidista Por Colombia, allí está la fórmula presidencial salvadora y el gabinete de lujo que recuperará la senda perdida de la nación.
La hidra de mil cabezas tampoco se derrota con tibios en el poder o sofismas parttidistas como el proclamado Frente Amplio, que no es otra cosa que una evidente caja de resonancia del mal pacto que nos ha gobernado.
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