En Colombia no hay garantías para la paz

"La falta de compromiso del Gobierno para acabar con la amenaza paramilitar dificulta la posibilidad de un Acuerdo Final"

Por: Maureén Maya
mayo 13, 2016
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En Colombia no hay garantías para la paz
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El reciente atentado perpetrado contra el Sindicato Único de Trabajadores de la Industria de los Materiales de Construcción de Cartagena (Sutimac) en momentos en los que se celebraba una reunión política convocada por el Partido Comunista Colombiano (PCC)  --con miembros de la Marcha Patriótica, de la Unión Patriótica (UP),  de la Juventud Comunista Colombiana (JUCO) y de varias organizaciones sindicales regionales-- nos confirmó que no hay garantías para el debate y la acción política organizada, y que el camino hacia la paz es en extremo pedregoso y complicado. Los enemigos acechan y el gobierno parece mirar para otro lado.

Imelda Daza, quien se encontraba en la reunión, regresó al país -luego de casi treinta años de exilio- porque a sus oídos llegaron las buenas noticias que hacia tanto tiempo esperaba: el país estaba cambiando, se estaba negociando la paz con las guerrillas y ella podría cumplir con la labor social y política que la violencia y la feroz persecución desatada contra la UP, le habían truncado.

Imelda es economista. Fue docente, trabajó en el Incora, participó en el Nuevo Liberalismo, fundó junto a banquero Ricardo Palmera y al médico José David López Teherán, el movimiento cívico popular Causa Común y como miembro de la UP, ganó las elecciones para el concejo de Valledupar. Sin embargo, no pudo  ocupar el cargo que ganó limpia y democráticamente. Los asesinatos sistemáticos de sus compañeros y compañeras, las recurrentes amenazas, los exilios forzados, los seguimientos ilegales y la violencia desatada contra la UP, la obligaron a exiliarse en Suecia en 1987. Nueve años después regresó al país pero las condiciones seguían siendo tan aterradoras como cuando partió. Se resignó  a vivir lejos de su tierra, pero a finales de 2014, las promesas de un nuevo amanecer, le hicieron pensar que valía la pena regresar e intentarlo de nuevo y, esta vez, lanzar su candidatura para la Gobernación del César. La derrota electoral no la amilanó, por el contrario, la llenó de más motivos para seguir trabajando por la paz de Colombia.

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Durante los últimos años varios exiliados políticos, además de Imelda, retornaron al país atraídos por la ilusión de la firma de un Acuerdo de Paz con la guerrilla de las FARC; creyeron que las cosas habían cambiado, que finalmente entre todos y todas seríamos capaces de poner fin a esta historia de violencias, impunidades y miserias y construir esa esquiva paz que varias generaciones habían anhelado. Pero la tozuda realidad, hoy les demuestra que no es así, que este sigue siendo el mismo país violento, sin justicia y sin gobernabilidad que dejaron dos o tres décadas atrás. Sin embargo, esta vez no están dispuestos a pasar al cadalso como ocurrió con los líderes y las líderezas de la UP ni a tolerar un nuevo genocidio. Tampoco están dispuestos a renunciar a sus derechos ciudadanos ni a ceder en su ideal de buscar trasformaciones sociales a través de la acción política. Entonces ¿qué opción les queda? ¿Qué opción nos queda? En los ochenta y noventa los perseguidos de la Unión Patriótica enfrentaron tres escenarios: Salir al exilio como hicieron muchos; enfrentar la máquina de terror y muerte desde la legalidad y la palabra como hizo la mayoría -siendo exterminada en el intento-, o partir hacia el monte y asumir la lucha armada como hizo Ricardo Palmera, alias Simón Trinidad, quien lleva doce años encerrado en una mazmorra de Estados Unidos.

Hoy ninguna de estas opciones debería ser considerada. El momento histórico es otro aunque siguen prevaleciendo los mismos conflictos y las mismas dificultades. En esta Colombia de hoy no es admisible que a nadie se le niegue el derecho a vivir en su propio país ejerciendo de manera activa una ciudadanía propositiva, no es admisible que el gobierno, impávido o cómplice, sea testigo mudo de un nuevo genocidio, y menos  admisible sería considerar la opción de la lucha armada, cuando las guerrillas adelantan una negociación de paz para poner fin a la guerra interna que ha padecido el país durante más de seis décadas.

No obstante, será en extremo difícil garantizar la participación política de las fuerzas sociales progresistas de izquierda, en condiciones de justicia y equidad, si no se brindan las garantías necesarias; garantías que van más allá del diseño de esquemas de seguridad y de la adjudicación de carros blindados, teléfonos avantel y chalecos antibalas. Los asesinatos selectivos de dirigentes y militantes de izquierda siguen ocurriendo en el país, y buena parte de estos crímenes son condenados a la impunidad. En el mes de marzo del presente año la ex senadora Piedad Córdoba denunció el asesinato de 28 líderes sociales por acción de presuntos grupos paramilitares, entre ellos, el militante de la Juventud Comunista  y de la Red Juvenil de Soacha, Klaus Zapata; el exconcejal municipal William Castillo, fundador de la Asociación de Hermandades Agroecológicas y Mineras de Guamocó; Alexánder Olme, gobernador del resguardo de Río Blanco; Maricela Tombé, dirigente en el Tambo, Cauca; Hernando Pérez, reclamante de tierras en Sucre, Wilmer Moreno, Milton Escobar y Gil de Jesús Delgado, dirigentes en Arauca y Adrián Quintero, miembro de Marcha Patriótica y líder de las comunidades afrodescendientes del Valle del Cauca. Voceros de Marcha Patriótica aseguran que desde su fundación, en el 2012, han sido asesinados 113 integrantes de su organización. La semana pasada, el delegado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, Todd Howland, declaró que otros dos líderes sociales fueron asesinados en el Cauca: Manuel Pino, dirigente comunitario y secretario de la Junta del corregimiento Fondas y José Albino Solarte, líder campesino. También indicó que la alerta continúa en varios departamentos por las amenazas y atentados contra los defensores de derechos humanos.

La ex candidata presidencial por la UP, Aída Avella Esquivel, sostuvo que existe otro plan criminal preconcebido contra el movimiento social de izquierda similar al de los años 80, y pidió al gobierno aclarar quién está financiando esas organizaciones ilegales que están resurgiendo en el país. La Fundación Paz y Reconciliación afirma tener documentados treinta casos de asesinatos ocurridos entre enero y marzo de 2016.

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Negar la realidad del paramilitarismo no aporta a la paz

La única alternativa efectiva que nos queda para construir una paz estable y real en el país es que el presidente Santos y su gobierno asuman el deber que les corresponde de acabar con los grupos narcoparamilitares que operan al servicio de poderes políticos locales, terratenientes, gamonales y empresarios, ocupan buena parte del territorio nacional y actúan en connivencia con sectores de las Fuerzas Militares. La parapolítica o bacrim-política, como quieran llamarla, sigue vigente, y el Estado tiene el deber de combatirla con todos los mecanismos que tenga a su disposición. Sanear el Estado y depurar a sus Fuerzas Militares es un imperativo que no da espera.  No hay más. O se desarticulan estos grupos y se revelan las identidades de sus aliados políticos que desde las mismas instituciones, incluso desde el Congreso de la República, los patrocinan y financian, y se brindan todas, todas las garantías para la participación política tanto de la oposición como de los guerrilleros y guerrilleras que depongan las armas, o no habrá ninguna paz en el país.

Así de tremenda y definitiva es la disyuntiva que encara Colombia. Hoy se negocia la paz con la insurgencia, pero la poca eficacia demostrada por el Estado para desarticular estas estructuras político-narco-paramilitares y garantizar la vida e integridad de líderes políticos y dirigentes sociales genera enormes dudas sobre si existe una genuina voluntad de paz. Las evidencias sobre alianzas y complicidades criminales entre sectores políticos, policiales y militares con grupos paramilitares son tan variadas como incontrovertibles.

Los dos paros armados realizados por el llamado ‘Clan Úsuga’ o ‘Los Urabeños’ o las Autodefensas Unidas Gaitanistas,  en enero de 2012 y en marzo de 2016, afectando un promedio de ocho departamentos y 36 municipios, demuestran que estos grupos tienen fuerte capacidad de intimidación, control territorial y que cuentan con la complicidad de autoridades y poderes locales. No es posible movilizar miles de hombres para realizar estas acciones, bloquear varias vías de manera simultánea, quemar vehículos, extorsionar comerciantes y maestros e intimidar a la población civil sin que las autoridades lo hayan advertido. Y menos entendible es que un paro anunciado se haya podido ejecutar sin encontrar resistencia. Tampoco es del todo creíble que 1.250 policías, bajo el mando de cuatro generales, realicen la operación ‘Agamenón’ en el Urabá antioqueño, chocoano y cordobés para capturar a su cabecilla, alias 'Otoniel' y que luego de más de catorce meses de “intensa búsqueda” no hayan podido dar con su paradero.

Además de lo anterior, se ha hecho público que algunos vehículos oficiales del Congreso están siendo utilizados para acciones delictivas; lo cual pone en evidencia la existencia de alianzas criminales entre poderes políticos y grupos armados ilegales. En abril de 2016 un auto oficial, asignado al representante a la Cámara por el Guaviare, Alexander García Rodríguez, investigado por parapolítica, fue sorprendido en un retén transportando 614 millones de pesos (US$270 mil), que al parecer tenían como destinatario al ‘Clan Úsuga’. El auto era conducido por Luis Javier Rojas Morera (hijo de Magdalena Morera Rebolledo, directora de la División y Presupuesto del Senado, y responsable de rematar -en increíble alarde de despilfarro-, los carros de la corporación), y quien, según un comunicado del Ejército, ofreció cien millones de pesos para sobornar a los uniformados que lo detuvieron. Hoy Rojas Morera se encuentra bajo arresto domiciliario sin que el país conozca qué aportes ha hecho a la justicia. ¿Por qué Morera Rebolledo y García Rodríguez no han sido detenidos?

Pero no fue ésta la primera vez que un carro con placas oficiales terminó en manos criminales, como lo denunció un artículo publicado hace una semana. En mayo de 2013 fue sorprendido en plena zona rosa de Bogotá, el jefe de los urabeños Martín Bala, usando un vehículo blindado con placas oficiales. Y en Sincelejo fue descubierto otro auto oficial al servicio de la campaña electoral de Milene Jaraba, esposa del ex congresista Yahir Acuña, investigado por parapolítica y quien además fue sorprendido con más de 480 millones de pesos en efectivo dos días antes de las elecciones regionales de octubre de 2015, en las que participaba su esposa. “De acuerdo con el Certificado de Tradición y libertad expedido en Septiembre de 2015 la camioneta no solo pertenece al Congreso sino que formaría parte de un lote de camionetas desaparecidas, cuya investigación se encuentra en curso y no se sabe porque está en Sincelejo en manos del exrepresentante a la Cámara.”

El Ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, aseguró que las llamadas Bacrim (bandas criminales)  “son una expresión del crimen organizado y hoy son un objetivo de alto valor, vamos a desarticularlas”. Por su parte, el jefe de Estado, al recibir las denuncias sobre amenazas y asesinatos de defensores de Derechos Humanos y líderes reclamantes de tierras pidió a las organizaciones sociales que designaran cinco representantes para investigar estos casos y también las llamó a tener un diálogo más fluido con el Gobierno. Pero no son escenarios de interlocución los que hoy reclaman las organizaciones sociales y políticas; ya hay bastantes de ellos, lo que se espera son acciones concretas y que las investigaciones arrojen resultados precisos, procesos, capturas y que las estructuras armadas y financieras de estos grupos sean desarticuladas.

Aída Avella Esquivel, sobreviviente de un atentado con rocket, ocurrido el 17 de mayo de 1996 en Bogotá cuando era Concejal, exiliada durante 17 años en Europa y candidata presidencial por la Unión Patriótica en las pasadas elecciones, entiende que las amenazas y los recientes asesinatos selectivos de líderes sociales y políticos que cobraron también la vida a dos menores de edad, tienen un fin político, y no es otro que sabotear el proceso de paz. “Esos son palos que le atraviesan a la paz en Colombia. Los enemigos de la paz no quieren que se firme un Acuerdo ni que haya paz. Los crímenes pueden quedar impunes aquí, pero en los tribunales internacionales no quedarán impunes”.

El alto consejero para los DD.HH. de la Presidencia, Guillermo Rivera, comparte esta opinión. En marzo declaró ante la prensa nacional que “claramente existen en el país estructuras criminales que quieren sabotear el proceso de paz y  por eso están amenazando y asesinando a líderes de izquierda.”

El Gobierno Nacional ha propuesto la creación de comités regionales de protección y garantías para los Derechos Humanos en varios departamentos del país, pero esta medida es dilatoria e insuficiente cuando las organizaciones sociales enfrentan a diario hechos de  guerra que cobran la vida de sus dirigentes. No es con actos de buena fe ni con reuniones sociales ni con mesas de trabajo como se combate la acción armada de los grupos ilegales. Hace falta voluntad efectiva, acciones militares ofensivas y garantías reales para revelar toda la verdad sobre el auge del paramilitarismo y para aplicar justicia ejemplar.

La negociación de paz con las FARC, que pondrá fin a un largo conflicto armado, se encuentra en su recta final y el impacto que tendrá la firma del Acuerdo Final en la historia del país y en la vida de las presentes y futuras generaciones será definitivo. Sin embargo, aún no están dadas las condiciones para sellar un acuerdo definitivo ni para que los desmovilizados se incorporen a la vida civil, logren ejercer sus derechos políticos y sobrevivir a las balas de los sicarios. La criminalidad encubierta, las alianzas entre políticos, empresarios, terratenientes y sectores de las Fuerzas Militares con grupos narcoparamilitares, más la falta de compromiso y de voluntad por parte del Gobierno y de las autoridades para erradicar el fenómeno paramilitar, dificultan esta posibilidad. Colombia hoy se resiste a vivir otro genocidio, a tolerar la impunidad, el despojo que antecede la expansión minera, la implementación de monocultivos y a padecer otra burla en su anhelo de construir una paz real en el país. Pero la última palabra la tiene el gobierno: o se la juega por construir una paz seria y efectiva o permite la prolongación una brutal guerra en el país.  No hay más.

@mayamayas

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