Colombia y el negacionismo histórico y coyuntural

"Esta elección que hacen las sociedades impide que el Estado asuma el deber de combatir la presencia paramilitar como corresponde"

Por: Maureén Maya S
mayo 17, 2016
Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2Orillas.
Colombia y el negacionismo histórico y coyuntural

El negacionismo es una elección que hacen las sociedades y los individuos para negar la realidad y evadir una verdad incómoda, en la cual -en algunas ocasiones- se vale del empleo de tácticas retóricas de evasión que se ocultan bajo preceptos de falsa legitimidad, como los enunciados en una investigación judicial que no corresponden a la lógica procesal ni a básicos criterios legales y constitucionales.

La respuesta dada por los organismos responsables de impartir justicia e investigar crímenes y delitos como la Fiscalía General de la Nación, a los atentados sufridos por Piedad Córdoba (el primero de abril de 2016) y por Imelda Daza (el 6 de mayo de 2016), nos revela que el Estado ha cambiado de estrategia para ‘combatir a la oposición’, -porque la justicia universal y la vigilancia internacional existen-, pero sigue en su empeño de profundizar los altos índices de impunidad, negar los hechos y burlar los derechos de las víctimas, en especial cuando ellas representan una obstrucción al interés de perpetuar un mismo modelo socioeconómico, antidemocrático y expoliador.

Un Estado cómplice del crimen, por acción u omisión, que burla a las víctimas y que pretende obtener lucro político de la violencia y el dolor de sus ciudadanos no es constructor de paz sino de guerra. Un Estado genuinamente democrático garantiza, en condiciones de justicia y equidad, la acción política deliberante de los sectores de la oposición; los blinda, no los combate.

La estrategia de propiciar y encubrir acciones criminales, de minimizar hechos, ocultar la verdad, desviar investigaciones, lanzar cortinas de humo, manipular a la opinión pública a través de la prensa y negar crímenes, homicidios y atentados o calificarlos de acciones delictivas menores, tiene mucho que ver con la posición del Gobierno Nacional de llamar Bacrim a las estructuras narcoparamilitares. Para la Corte Constitucional (Sentencia C-253A/12) el hecho de que las BACRIM sean catalogadas como delincuencia común, posibilita que las autoridades realicen una interpretación restrictiva de las normas, lo que puede llevar a que las víctimas de estos grupos sean excluidas de la reparación.

­“En cuanto a la posibilidad de una interpretación restrictiva que daría lugar a la exclusión de víctimas de violaciones de derechos humanos o infracciones al DIH como consecuencia de actos que se imputen a personas y organizaciones que se consideren de delincuencia común, hacen referencia a las denominadas bandas criminales emergentes (BACRIM), para señalar que distintas instituciones, como la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y la OEA, concuerdan en que estas bandas son exparamilitares que se reorganizan, y son consideradas como los herederos del paramilitarismo.”

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Palacio de Justicia. Fotomontaje, 1994. Por Gustavo Zalamea Traba

Durante años en Colombia se negó el genocidio contra la Unión Patriótica (UP), se negó la existencia de planes de exterminio gestados por altos miembros activos de las Fuerzas Militares con el apoyo de grupos paramilitares contra éste y otros movimientos políticos y sociales; se negó que las ejecuciones extrajudiciales, llamadas “Falsos Positivos”, fueran una política de Estado (aunque la fiscal de la CPI así lo declaró), incluso se negó la palpable realidad del conflicto armado interno; pero con el tiempo, las investigaciones, los procesos judiciales y algunos fallos de Tribunales Internacionales de Justicia contra el Estado, se confirmó la veracidad de los hechos y de los relatos de las víctimas.

El negacionismo histórico, bajo el uso de instrumentos mediáticos de interés político, no ha servido para limpiar la imagen del Estado ni de sus Fuerzas Militares, ni para fortalecer la ética social, y tampoco ha sido útil para propiciar las condiciones sociopolíticas y económicas que se requieren para avanzar hacia la consolidación de un genuino Estado Social de Derecho.

Para forjar un modelo de Estado en el que nunca sea necesario acudir a la acción armada como mecanismo para la trasformación social y política, es necesario que el país conozca cuáles son los propósitos ideológicos que se ocultan tras el negacionismo de nuestra historia y de nuestro presente, que asuma el costo -por doloroso y alto que sea- de tantos años de cómoda indiferencia y que ejerza el deber de reclamar una justicia eficaz.

En un reciente artículo de prensa, el académico y miembro de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas (CHCV), Sergio de Zubiría, explica que el filósofo alemán Theodor Adorno en sus ensayos sobre el psicoanálisis del fascismo, llamaba la atención sobre la “disposición actual a negar o empequeñecer lo ocurrido.” “Se interroga sobre las finalidades psicológicas y políticas de la negación o desvalorización del pasado y el presente. Considera que la pervivencia del nacionalsocialismo en la democracia es más peligrosa potencialmente que la pervivencia de tendencias fascistas contra la democracia. Para este investigador el negacionismo produce efectos sociales devastadores: atrofia la conciencia histórica, debilita socialmente la autorreflexión del yo, disminuye el sentimiento colectivo de culpa, impide la reelaboración del pasado, habitúa psicológicamente a la guerra y la agresividad, debilita la posibilidad de resistencias colectivas, desintegra el valor de la verdad, entre muchos otros. La mayor consecuencia ideológica del negacionismo es que aun las más grandes mentiras, repetidas con suficiente frecuencia, empiezan a ser aceptadas como ciertas.”

La Fiscalía, menos de una semana después de ocurrido el ataque contra el Sindicato Único de Trabajadores de la Industria de los Materiales de Construcción de Cartagena (Sutimac), en momentos en los que se desarrollaba una reunión política entre varios dirigentes de movimientos políticos, sociales y sindicales, entre ellos Imelda Daza de la Unión Patriótica y Manuel Fernández, presidente de Sutimac, informó a la prensa que el hecho pudo ser un intento de hurto.

Daza respondió a un canal de noticias nacional rechazando tajantemente esta hipótesis. "A mí me parece que es funesto si hablamos de justicia y eficiencia en la investigación. …Un episodio en el cual se disparan alrededor de 30 tiros, donde no se hurta nada, donde hay un escolta herido, ¿se pueda calificar de un hurto?

Luis González, director nacional de fiscalías, apuntó a que "estas personas que tienen antecedentes, que tienen registros y que tienen allí en Cartagena, estas dos personas que ya tenemos identificadas y otras más, tienen antecedentes de hurto calificado".

Los integrantes de las estructuras paramilitares son criminales y desadaptados sociales,  de modo que no es extraño que tengan antecedentes por hurto u otros delitos. No es válido entonces el silogismo empleado por la Fiscalía para descalificar la tesis del atentado cuando afirma que los atacantes del Sindicato tienen antecedentes por hurto, pues ello no significa que sean esas siempre sus únicas intenciones delictivas, que no hayan cometido otro tipo de delitos en el pasado, que no estén dispuestos a incurrir en otra modalidad criminal o que no puedan actuar bajo otras directrices. La existencia de antecedentes por hechos menores no niega la posibilidad de que sean parte de grupos narcoparamilitares y tampoco aclara el móvil del atentado. Pero además de ello, la hipótesis presentada por la Fiscalía es fácilmente controvertible desde el más elemental sentido común. ¿De cuándo acá un hurto se realiza disparando contra una casa con luces encendidas, muchas personas en su interior, escoltas parapetados en el primer piso y  carros blindados estacionados cerca del lugar?

La policía logró capturar a dos de los atacantes. Se trata de Yair Pedraza Castelli, alias ‘Vaca’ y Ricardo Oliver De Arco, alias ‘Pito’, quien desde hacía un mes había sido sentenciado a casa por cárcel por porte ilegal de armas, y según el testimonio del escolta herido durante el ataque, llegó al lugar preguntando por el presidente del sindicato, lo que deja sin sustento la declaración de la esposa del gatillero, quien aseguró que  él solo pretendía robar unos celulares de alta gama. La prensa también informó que alias ‘Pito’ trabajó en la Refinería de Cartagena (Reficar), lo que hace sospechar a las organizaciones sociales que miembros de grupos armados infiltran las empresas para espiar la actividad sindical.

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Congreso- Titanic". Tarjeta Postal del Proyecto Bogotá (1989-1991) Por Gustavo Zalamea Traba

En todo proceso de transición de un Estado terrorista a uno democrático o de fin de un conflicto armado, lo primero que se rescata es la verdad verdadera acerca de lo sucedido, tanto para comprender la naturaleza del fenómeno criminal en sus múltiples expresiones como para explicitar las políticas, prácticas y contextos que determinaron o facilitaron la perpetración de abusos de manera sistemática o generalizada de modo que el aparato de investigación y de juzgamiento, más allá de describir la comisión del acto criminal, pueda elucidar la operación de los elementos de la maquinaria criminal (Reed, 2010). La verdad también tiene un impacto reparador en tanto da cuenta de lo sucedido y de sus causas, permite reconocer a las víctimas como titulares de derechos y contribuye a identificar las responsabilidades individuales y colectivas a que haya lugar.

El negacionismo de la realidad histórica, en la que se inscribe con letras de sangre la presencia paramilitar, impide que el Estado asuma el deber de combatir estos grupos como corresponde. Además, pone en riesgo el proceso de construcción de paz luego de la firma del Acuerdo Final, y, de paso, frena la posibilidad de que la sociedad en su conjunto desate su capacidad de indignación y su potencial humano para expresar solidaridad con las víctimas y para cuestionarse tanto sobre el papel que jugó frente a hechos de enorme sevicia y crueldad ocurridos en medio de la guerra,  como para entender cuál es el rol que le corresponde asumir de cara a un eventual proceso de transición y de fin del conflicto armado. Una labor encomiable del revisionismo histórico, cuando se opone al uso político de la historia, es que posibilita una justa reinterpretación de los hechos del pasado, ubica a cada actor en el lugar que le corresponde y facilita la realización de los duelos sociales que la guerra y la violencia impidieron hacer durante años.

@mayamayas

 

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