Las señales de polarización en la contienda política, y la actual violencia relacionada con el narcotráfico, justifican resaltar la conclusión, extensa y sólidamente sustentada de Fernán González G. (2014) de que la explicación de la reciente violencia colombiana —desde hace medio siglo— es un resultado no planeado previamente de manera voluntaria, sino como algo impremeditado fruto tanto de contradicciones estructurales de larga duración en y entre los actores de los niveles nacional, regional y local, como de interpretaciones complotistas y maniqueas de la sociedad en los sectores de izquierda y de derecha, en un contexto internacional que en las últimas décadas lucha contra el terrorismo y el narcotráfico.
Por ello, la polarización se está construyendo principalmente en el plano de las interpretaciones maniqueas y complotistas desde los dos bandos. La organización petrista (PE) centrando el oponente en una oligarquía retardataria, corrupta e insensible al problema estructural de la exclusión social. Por su parte, la organización del Centro Democrático (CD) configura el contradictor en la guerrilla terrorista y sectores “afines”, incluso negando el conflicto, intentando así destruir el acuerdo de paz —a pesar de que el gobierno Uribe decidió dos encuentros directos con las Farc en septiembre 2006 (con despeje) y en marzo de 2010 (Acosta, 2017)—.
En menores niveles de agudeza se manifiesta el antagonismo. En lo político, el PE acentuando la necesidad de la participación ciudadana desde lo local, e intentando construir el concepto de seguridad humana como combinación del ejercicio de la libertad y de disminución del riesgo por la exclusión; sin embargo, no se entiende cómo en el gobierno de Bogotá no se implementaron los presupuestos participativos que, en Nariño y en Antioquia, se experimentaron con éxito en la primera década de los años 2000. El CD, de manera explícita, deja un mensaje claro que no es partidario de la democracia participativa, ya que en el programa de gobierno solo se hace referencia a unos “talleres” de escucha de la población y a la posibilidad de denuncia pública de delitos; y hay que recordar el carácter clientelista de reuniones similares en los dos gobiernos del líder del CD, y la práctica de la “seguridad democrática” manchada de abusos de la inteligencia estatal y crímenes de lesa humanidad como los “falsos positivos”.
En el plano económico, el PE propone el fortalecimiento de la agricultura y la reindustrialización en sectores estratégicos, resaltando de manera tajante que se trata de un cambio productivo estructural para dejar, en un esquema de transición, el modelo extractivista minero-energético y asumir las energías limpias y la gestión hídrica como centro del desarrollo en todos los niveles de la sociedad. El CD concentra su propuesta en el fortalecimiento de la gran empresa agroindustrial, planteando apoyos a las pymes sin mayor sustentación, y haciendo énfasis en la “economía naranja” sin hacer claridad sobre los cambios esperados con relación a su situación actual; la alusión a la sostenibilidad ambiental es mínima.
Uno de los temas en el plano social es el de la educación. El PE propone una educación universal, gratuita y pertinente a la cultura y al desarrollo de la economía. El CD pone énfasis en el mejoramiento de la efectividad del sistema educativo, y para alinearlo a la demanda del sector empresarial, pero no hay, de manera explícita, alusión a la necesidad de fortalecer capacidad de pensamiento crítico, tan necesario para la innovación y para el fortalecimiento de la democracia y la ciudadanía.
Siendo esencialmente, entonces, el antagonismo fruto de interpretaciones ideológicas, existen, además, hechos que son comunes a los dos extremos y que contribuyen a atenuar la polarización. Uno de los problemas estructurales de la sociedad colombiana es la corrupción que es transversal, verbigracia en el sistema político corrupto del clientelismo, del que también ha hecho parte algunos sectores de la izquierda —por ejemplo, el caso del apoyo a la elección del exprocurador Ordoñez por algunos miembros del Polo Democrático Alternativo, y el cartel de la contratación en Bogotá que afectó gravemente al que pareció ser el primer partido moderno en Colombia—; y amplios círculos del CD y otras organizaciones políticas han sido condenados por diversos delitos. Asimismo, la lógica populista los acerca ya que ambos identifican un enemigo de los “elegidos”: la oligarquía y la guerrilla, respectivamente, frente a las ciudadanías y a la gente de bien o la opinión; además, se acercan en la demagogia debido a la desmesura de las metas del desarrollo y los medios disponibles, ya que en el caso del PE, la disponibilidad de recursos, capacidades y tiempos es mucho menor para soportar la profundidad y cantidad de los cambios propuestos; en el caso del CD, las supuestas metas de mayor bienestar para la población se sustentan en la verificada incapacidad del enfoque del Consenso de Washington, que implícitamente mantiene el CD, para lograr una mayor inclusión social; todo esto último es, también, fruto de una generalizada ausencia de políticas públicas basadas en investigación.
La propuesta de la Coalición Colombia, en mi concepto, se constituye en un espacio para sugerir una “empatía colectiva” con nosotros mismos, frente a la verdadera barbarie de una violencia no premeditada que nos condujo a la vorágine y al infierno en vida de una indignidad convertida en verdadero estiércol –realidades distantes de la conciencia de un gran porcentaje de la población urbana, como se comprobó con el resultado y la gran abstención en el Plebiscito por la Paz. Dicha empatía puede ser la simiente esperanzadora de una conciencia individual y colectiva para trascender el odio estéril y paralizante, en aras de apoyar la decisión política radical de vencer la corrupción, y la práctica de un pragmatismo ético coherente que apropie principios en una formulación democrática de políticas públicas y de Estado. La empatía no implica, en modo alguno, la prédica de la impunidad.
La propuesta estratégica de la educación como motor de la transformación de Colombia y nuevo valor central y real en nuestra sociedad confronta la corrupción y la lógica populista: en primer lugar, la educación desde el preescolar hasta los posgrados, y la educación durante toda la vida, para la apropiación de principios éticos, tiene impactos profundos en la construcción de ciudadanía para fortalecer la democracia participativa, el respeto de los derechos de los seres vivientes, superando de raíz las diferentes modalidades de la corrupción, afianzando la legitimidad del Estado colombiano. Y construyendo una cultura de paz.
La educación, en segundo lugar, en conjunción con la investigación, la innovación y la cultura relacionadas con ella, apoyando el desarrollo productivo, mediante un despliegue de metas realistas y medios adecuados y suficientes, con una oferta calificada de personal, contribuye al crecimiento de la productividad a través de la diversificación y la sofisticación; y, asimismo, realiza un decisivo aporte a la prestación de servicios sociales como la salud y vivienda.
Y la conciencia de nuestra impremeditada tragedia de violencia trasciende con la poesía: Ann Druyan canta: “Somos polvo de estrellas que piensa sobre las estrellas”. Y sobre todo cuando Hölderlin reza: "Con coronas de nieve bajo el sol cruzan los reyes".
