La solución del conflicto socioeconómico-político colombiano es imposible lograrla, solo con aprobación y promulgación de ley y designación de comisiones. La solución demanda remover y revertir las causas que lo generaron y sustentan e implica la pérdida de privilegios, poder político y económico de las élites y asociados, que durante más de doscientos años, han explotado las riquezas y usufructuado el poder institucional.
La solución del conflicto socioeconómico-político exige eliminar todos los privilegios estructurados e instituidos por y para los usufructuarios del poder político y económico, desde hace más de doscientos años, obliga el desarrollo integral de la nación y la eliminación de la corrupción, la politiquería y el clientelismo.
Exige incondicionalmente, reconstrucción honesta de la institucionalidad, la ética y moral públicas, para poder crear condiciones para formar sociedad en potencialidades sociales, y desarrollo científico y tecnológico y visión de futuro constructivo.
Además, exige consistencia y pragmatismo en el desarrollo integral de la nación.
Al menos, “hay ya silbos de llama en la brasa”, al haber logrado el ascenso al poder ejecutivo, un colombiano con una visión e interpretación positiva de los derechos sociales y humanos, de las mayorías nacionales.
Y ahí están las causas del malestar de la extrema derecha y la evidente resistencia al cambio y a las reformas, que trata de lograr, el nuevo gobierno, para las mayorías nacionales. Y ahí esta el meollo del desafío y el peligro, para los objetivos del nuevo modelo de gobierno.
Sus enemigos y detractores, como estamos viendo y evidenciando en el presente, recurren a todas las formas de lucha, tanto en forma encubierta y directa como con el ensayo de recursos supuestamente legales. Las mayorías nacionales, deben tratar de entender las acechanzas contumaces de la extrema derecha, los gremios económicos y financieros y sus fementidos argumentos.
Los usufructuarios tradicionales del poder político y económico, han saboteado, desde siempre, la posibilidad de construir condiciones de paz, convivencia y equidad socioeconómica, con el propósito mezquino, ruin, de mantener el régimen de impunidad que los beneficia y el poder económico y político que explotan.
El nuevo gobierno, de acuerdo con lo que se observa y se escucha, sobre la interpretación del conflicto socioeconómico-político e institucional colombiano y las incipientes acciones anunciadas para su solución, son aceptables.
Pero debe ser pragmático en la interpretación de las condiciones a las que tiene que enfrentarse, tanto de parte de los enemigos de los cambios institucionales, como de los requerimientos mínimos del desarrollo nacional socioeconómico-político.
De otra parte, es un hecho que la lucha armada ya no augura perspectivas de solución socioeconómicas y políticas en el siglo XXI. Los resultados de los conflictos negociados e implementados en los últimos lustros, en el planeta, son referentes válidos que deben tenerse en cuenta en el caso colombiano, lo mismo que los inminentes cambios en curso, en la geopolítica global.
El gobierno, los órganos de poder institucionales, los empresarios sensatos, social y políticamente honestos y las mayorías de la sociedad, deben comprender y dimensionar la conveniencia de acelerar los procesos de reinserción socioeconómica de los colombianos y de superar la inequidad socioeconómica integralmente, única alternativa cierta para superar las causas del conflicto y construir equidad socioeconómica y justica social.
El gobierno del presidente Petro, debe dinamizar la economía con aplicación de conocimientos, ciencia y tecnología de punta y definir políticas y metas de sustitución de importaciones por producción nacional. Esos mismos productos que se producían antes de la desafortunada e irresponsable Apertura Económica, intensificada a principio de los años 90, impuesta por el poder económico mundial y los secuaces gobernantes colombianos anteriores al actual, a través del Consenso de Washington.
El gobierno debe entender que el desarrollo integral nacional, exige redefinir y reestructurar la formación académica, en términos de calidad y pertinencia. Esto obliga reformas del marco legal que rige el sector académico nacional. Eliminar del sector, el carácter de mercancía, que le impuso el capitalismo salvaje, y en consecuencia vigilar e intervenir las Universidades de Garaje, diseminadas por toda la geografía nacional. La reforma de la ley 30/92, anunciada por el gobierno actual, no es la que necesita Colombia. Más parece una reforma cosmética o paños de agua tibia.
La solución de la inseguridad y la criminalidad, que ya alcanza niveles de desastre nacional, debe ser objeto de análisis critico por parte del gobierno y debe eliminar las causas que la generaron y dinamizan. Exige construir equidad socioeconómica y desarrollo integral nacional, para poder responder con generación de empleo racionalmente pagado, con lo que se estimula el consumo y la economía en general.
Requiere redefinición del marco legal judicial, para poder responder racionalmente a la amenaza criminal, y por el derecho a la seguridad que tienen todos los ciudadanos.
El desafío, de cambiar la inseguridad por seguridad general, es cósmico. Requiere de decisiones concretas, normas legales y procedimientos permanentes eficaces.
Se requiere que haya quien las haga cumplir. Exige cortar privilegios rentísticos, politiqueros y de conveniencia de los usufructuarios del poder. Es el meollo del problema y por eso no hay solución fácil, pero es posible con voluntad política y ordenamiento legal acorde.
Se requiere que el régimen que gobierna, crea y actúe consciente y responsablemente. Que crea en los efectos del desempleo, la marginalidad, la pésima educación. Esos son el caldo de cultivo de todo lo que se relaciona con la inseguridad de los ciudadanos y la criminalidad nacional.
Con la estructura de poder legal del régimen imperante hasta el gobierno de Iván Duque, es imposible garantizar seguridad ciudadana y justicia social. Se tiene que derrotar la corrupción y la mediocridad burocrática. Sin contar con las condiciones referidas aquí y sin políticas acordes con los objetivos para alcanzar la PAZ TOTAL, ésta es imposible lograrla. El pueblo raso, integrado por más del 80% de colombianos, tiene la obligación ética y moral, de hacer todo lo que le sea posible, para construir la PAZ TOTAL, que esta decidido a impulsar el actual gobierno, proyecto al que se oponen integralmente los usufructuarios sistemáticos del poder político y económico, en su condición de enemigos del pueblo y del desarrollo nacional.
Pensemos: No puede haber seguridad donde los organismos del Estado, cuya función es la seguridad ciudadana, recurren al crimen, para mostrar resultados y donde la misma autoridad puede ser perseguida por organismos del Estado, bajo el ropaje de acciones de inteligencia y contrainteligencia y donde la brecha entre pobres y ricos es cada día más amplia y se concentra más la riqueza, cada día.
Son los cósmicos desafíos del gobierno actual y de los ciudadanos conscientes que deben respaldarlo y apoyarlo, integralmente.19-08- 2023.
