En una democracia seria los escándalos de los entes de control y de la fuerza pública, como los que han pasado en los últimos cuatro meses en Colombia y que han llenado todos los titulares de prensa, serían tema de profundas investigaciones, de serios debates de control y de cuidadosas transformaciones y cambios de raíz donde hubiese que hacerlos.
Las instituciones quedan y los hombres pasan, señor presidente Juan Manuel Santos. Los hombres pasan pero las manchan y el buen nombre de la Policía Nacional no puede seguir de boca en boca por culpa de un puñado de hombres a los que sus mismos compañeros han denunciado, valientemente, con pelos y señales de todo tipo de conductas indecorosas que rayan con lo penal y disciplinario, sabiendo las consecuencias para sus carreras.
En estos cuatro años de la Bogotá Humana nos cansamos de recibir en Canal Capital denuncias, casi que semanalmente, sobre los abusos de autoridad y atropellos de los patrulleros y suboficiales en los CAI de la ciudad, muchas de las cuales emitimos con las respectivas voces de la institución asegurando investigaciones que nunca se dieron. Claro, eran ciudadanos de a pie y qué podría importar su suerte finalmente, piensa uno.
Fueron denuncias contra agentes y patrulleros que uno también podría pensar son uniformados que no tienen la mejor formación para diferenciar entre la delgada línea que divide lo que son sus funciones y lo que es el abuso de la fuerza. Pero el tema adquiere matices más preocupantes cuando uno empieza a recibir denuncias contra coroneles y generales, porque evidencia a priori que algo de fondo no anda bien.
Los coroneles y los generales son oficiales en los que el Estado ha invertido en muchos casos más de mil millones de pesos en su formación a lo largo de 20, 25, 30 o 35 años de carrera y que uno pensaría tendrían que ser ejemplares caballeros, cumplidos ciudadanos y por supuesto modelos de policías; Pero lamentablemente en algunos casos no es así.
Nos encontramos con los publicitados episodios de los exjefes de seguridad del expresidente Álvaro Uribe Vélez, los generales Mauricio Santoyo y Flavio Buitrago Delgadillo. El primero extraditado a Estados Unidos y condenado por asociación con grupos paramilitares; y el otro a la espera de un juicio que también podría condenarlo por presunto enriquecimiento ilícito derivado de sus relaciones no santas.
Otro caso que sigue en la impunidad gracias a las dilaciones de los abogados de los implicados es el asesinato de Diego Felipe Becerra, un menor de 17 años a quien un patrullero presuntamente no tuvo reparos en dispararle porque pensó que era un asaltante de buses. En el caso del ‘grafitero’ como quedó bautizado Diego Felipe luego de su muerte, están involucrados más de 25 miembros de la Policía Metropolitana de Bogotá, entre estos 4 coroneles y dos generales ya retirados quienes presuntamente habrían dado las órdenes para encubrir el grave error del patrullero a pocas horas de la final del mundial juvenil de fútbol que se disputó en Bogotá, sólo porque estaba en juego la imagen de la ciudad, ningún hecho podía empañar el evento mundial y muchos menos los ascensos en la cúpula.
Nos tocó conocer de cerca el crimen del teniente Mario Gamboa, un oficial honesto que se jugó la vida decenas de veces y que, según los investigadores del caso, el 1 de septiembre de 2011 fue asesinado en un falso operativo por uno de sus propios compañeros. Gamboa investigaba, presuntamente, a altos oficiales y por eso decidieron eliminarlo. Una historia de película, como el operativo donde lo mataron y que, como en el caso del grafitero, no tuvieron reparo en alterar la escena de los hechos e, incluso, vincular dudosamente a 4 personas como responsables de un falso robo y del homicidio del oficial.
Lo más curioso es que el compañero de Gamboa que le disparó prácticamente lo confesó en la audiencia de juicio. Quizás por esta razón los cuatro sujetos no fueron condenados por este homicidio y el Tribunal Superior de Bogotá ordenó realizar una nueva investigación esta vez y como debió hacerse en un principio por el CTI de la Fiscalía y no por la misma Policía.
Este caso donde policía mata policía duerme en la Fiscalía y está en la impunidad. Al presunto responsable lo ascendieron y lo protegen en Bogotá. ¿Será que les tiene más de un guardado a los señores oficiales de mayor grado?
Un testimonio de un subteniente retirado de la Policía que fue víctima, según él, de todo tipo de vejámenes en un apartamento del norte de Bogotá por el coronel Jerson Jair Castellanos, jefe de seguridad del Congreso de la República, y un grupo de amigos donde había magistrados de las altas cortes revivió uno de los casos más penosos de esta institución: ‘La comunidad del anillo’.
Este relato era apenas el primero que se conocía en enero de 2014, y el oficial retirado es una de las más de 300 víctimas de una red de prostitución de cadetes hombres de la Escuela General Santander, que eran ofrecidos a congresistas, magistrados y poderosos empresarios.
Los investigadores hablan de la presunta responsabilidad de tres generales, entre estos Janio León Riaño, también inmerso en escándalos de supuesta corrupción y hermano del exdirector de la Policía José Roberto León Riaño; que fueron comandantes de esa escuela de formación y que durante varios años habrían permitido todo tipo de acosos y chantajes del poderoso coronel Castellanos, responsable de la seguridad del Congreso quien habría contado con el apoyo de varios oficiales de planta de esa escuela.
Una bochornosa historia que ha cobrado varias muertes, entre estas la del mayor Pérez Lizcano experto en armas quien se atrevió a denunciar los hechos y a quien misteriosamente se le disparó su pistola de dotación causándole la muerte; pero también la de la cadete Lina Maritza Zapata a quien presentaron inicialmente como una suicida para tapar el homicidio porque aseguraron los investigadores del caso y su propia madre, se había dado cuenta de un catálogo donde aparecían las fotografías de los cadetes de la ‘Comunidad del Anillo’ y pensaba hacerlo público.
Las primeras declaraciones de los cadetes y de varios oficiales de la Escuela de Policía reposan en Fiscalía y en Procuraduría hace 9 años. En esta última fueron archivadas al no encontrarse nada meritorio para avanzar en las mismas, decisión tomada por el entonces procurador delegado para la Policía Fernando Brito, quien antes había sido director del DAS, la Policía secreta.
En los testimonios se evidencian varios episodios donde queda claro que buena parte de los oficiales la Escuela de Policía, por no decir todos, sabían lo que estaba pasando, y sin embargo nunca lo denunciaron al nivel central. Al leerlas también se puede concluir que le tenían mucho respeto o mejor demasiado miedo al poderoso coronel Castellanos, quien manejaba poder, relaciones y dinero.
En los últimos 18 meses se han adjuntado nuevos y determinantes testimonios, como el del capitán Angelo Palacio, que vincula, a través del coronel Castellanos, al general Palomino, quien hizo varios negocios con este coronel justo en 2006 cuando ocurrían los hechos de la ‘Comunidad del Anillo’, investigación realizada por Vicky Dávila y su equipo de La FM.
Para rematar, unos días antes, también en La FM el coronel Reynaldo Gómez Bernal señalaba al general Palomino de haberlo acosado sexualmente. Gómez tuvo que pedir la baja por presiones y faltas de garantías y fue demandado por injuria y calumnia.
Después nos enteramos por Daniel Coronell que el coronel Jorge Octavio Vargas Méndez, el mejor oficial de su promoción durante toda su carrera y con méritos de sobra para ser general, no fue incluido en la lista de quienes adelantarían curso de Altos Estudios Militares y de policía en 2016, y que por decreto fue llamado a calificar servicios el pasado 11 de noviembre de 2015, solo por haber filtrado que el capitán Lasso, en vez de haber sido sancionado, había sido enviado al exterior a un importante cargo.
Y podríamos seguir contando tristes y lamentables hechos donde unos pocos empañan la imagen de toda una institución. Donde algunos hacen seguimientos e interceptaciones ilegales ampliamente demostradas contra los periodistas que se atreven a denunciar a quienes por mandato constitucional están para todo lo contrario: garantizar la vida de los colombianos, incluido la de los periodistas que investigan. O el caso de la multimillonaria, confusa y secreta compra de la Plataforma Única de Monitoreo y Análisis, PUMA, revelada en Canal Capital y actualmente investigada en la Contraloría General de la República por pedido de varios congresistas y que hoy podría estar siendo utilizada para interceptar las comunicaciones, correos y redes de periodistas.
Si todo lo anterior ocurrido desde su paso por el Ministerio de Defensa hacia adelante son chismes, señor presidente Santos, entonces no hay nada que hacer. La historia se seguirá repitiendo con o sin acuerdo de paz en La Habana. La paz debe comenzar cortando de raíz la corrupción y los abusos indelicados del poder. La paz no es pedir perdón en un escenario lleno de víctimas y después cambiar el discurso en otro. Tampoco validar unos chismes y negar otros de acuerdo a la conveniencia del gobierno. La paz no es firmar un simple papel.
La paz justifica muchas cosas respetado presidente Santos. Los sapos que nos tenemos que tragar son muchos, pero tampoco tenemos que esperar hasta que pase lo peor para que se tomen decisiones serias y rápidas por la vida de los periodistas en Colombia. No se le olvide que usted también es periodista como casi toda su familia y que absurdamente en sólo un caso de más de 140 asesinatos de periodistas en Colombia, el de Orlando Sierra, se ha hecho justicia. La paz, por más incómoda que está le pueda resultar, es también con todos los periodistas, no solo con los amigos.
