Caquetá: los que viven del abandono

En el Caquetá, el abandono se denuncia con tanta frecuencia que empieza a parecer una profesión política. Cada cuatro años aparecen candidatos dispuestos a salvar al departamento de los mismos problemas que sus antecesores prometieron resolver. Cambian los rostros, las alianzas y las consignas. Bogotá sigue debiendo y siempre aparece alguien dispuesto a cobrarle en nombre de los demás.

El centralismo colombiano es real. Pero también es un magnífico refugio para quienes prefieren explicar sus fracasos antes que responder por ellos. Si falta una carretera, la culpa es del Gobierno nacional. Si una inversión no llega, Bogotá se olvidó del departamento. Si un proyecto tropieza, siempre hay una entidad lejana a la cual señalar. A veces tienen razón. Otras veces, la distancia sirve para esconder responsabilidades mucho más cercanas.

La deuda histórica con el Caquetá no puede convertirse en un cheque en blanco para sus dirigentes.

Una cosa es reclamar recursos y otra gobernar. Sin embargo, cierta política regional ha logrado presentar ambas actividades como si fueran idénticas. Conseguir una audiencia con un ministro se anuncia como una hazaña. Una fotografía se convierte en noticia. Una promesa de financiación adquiere el tamaño de una victoria. Los seguidores aplauden y el dirigente regresa convertido en héroe de una gestión cuyo resultado todavía nadie conoce.

¿Desde cuándo conseguir que un funcionario público cumpla su trabajo merece una ovación?

La prueba de una gestión no está en la fotografía, sino en lo que ocurre después. En el Caquetá hay razones concretas para exigir esa diferencia. En 2025, la Procuraduría abrió una indagación por posibles irregularidades en las obras de la doble calzada de Florencia hacia el norte del departamento. En febrero de 2026 anunció otra sobre la vía Morelia–Valparaíso–Solita, relacionada con presuntas fallas en la planeación y el seguimiento de los recursos. Ninguna de esas indagaciones demuestra culpabilidad. Pero ambas justifican preguntas sobre cómo se preparan, contratan y supervisan proyectos que comprometen dinero público.

Ahí debería concentrarse la discusión. ¿Quién responde por los estudios? ¿Quién vigila la ejecución? ¿Quién explica las modificaciones? ¿Por qué el anuncio de una inversión suele recibir más atención que las dificultades para convertirla en una obra útil?

No todo depende de Bogotá. La Constitución les reconoce a los departamentos y municipios competencias, autoridades y recursos propios. No son simples oficinas encargadas de esperar instrucciones de la capital. Por eso resulta tan contradictorio escuchar discursos apasionados sobre la autonomía mientras se evita examinar cómo se ejerce el poder que ya existe.

La autonomía no puede reducirse a pedir más dinero para que lo administren los mismos círculos políticos. Tampoco consiste en cambiar los nombres de los funcionarios cada cuatro años y presentar como nuevo lo que alguien había comenzado antes. Si una iniciativa sirve, debe continuar. Si fracasa, debe explicarse. El departamento no puede empezar de cero cada vez que cambia el ocupante de un despacho.

También conviene desconfiar de quienes parecen conocer todas las necesidades del Caquetá desde una tarima. Hablan de campesinos, jóvenes, comerciantes y comunidades rurales con una seguridad admirable. Pero una cosa es nombrarlos en campaña y otra permitir que sus experiencias influyan en las decisiones. Un productor que necesita sacar sus mercancías conoce dificultades que no desaparecen porque alguien las incluya en un plan. Un joven que no encuentra oportunidades no puede vivir de la promesa de que ahora sí llegará el desarrollo.

Esa palabra, desarrollo, merece menos aplausos y más preguntas. ¿Qué cambió para la gente? ¿Qué puede hacer hoy una familia que antes no podía? ¿Qué oportunidad se abrió? El dinero ejecutado importa, pero no basta. Una inversión puede cumplir sus trámites y dejar resultados decepcionantes. La obligación de un gobernante no termina cuando consigue los recursos ni cuando los gasta.

El problema también está en la manera como se juzga a quienes gobiernan. Al político amigo se le perdonan los errores; al adversario se le atribuyen incluso los problemas que no controla. Hay ciudadanos que exigen transparencia únicamente cuando gobierna el contrario. Después se sorprenden de que la política termine convertida en una disputa por proteger a los propios.

Ese comportamiento tiene consecuencias. Un dirigente rodeado de seguidores dispuestos a justificarlo todo encuentra pocos motivos para reconocer sus equivocaciones. La crítica se interpreta como enemistad, la vigilancia como persecución y cualquier pregunta incómoda como un ataque político. Así se puede conservar una reputación mientras se deteriora la capacidad de exigir resultados.

Desde Florencia, la contradicción resulta evidente: el Caquetá reclama que Bogotá deje de decidir por él, pero también necesita preguntarse quiénes han decidido dentro del departamento y qué han conseguido. No se trata de absolver al Gobierno nacional ni de culpar indiscriminadamente a las administraciones regionales. Se trata de impedir que unos utilicen las obligaciones de los otros para escapar del escrutinio público.

El abandono afecta a personas que no pueden esperar indefinidamente. Por eso merece algo más que discursos indignados, campañas de salvación y dirigentes que se presentan como intermediarios indispensables ante el poder central.

Bogotá le debe mucho al Caquetá. Pero algunos políticos también le deben explicaciones. Y mientras sigan cobrando electoralmente la primera deuda sin responder por la segunda, el abandono seguirá teniendo demasiados defensores y muy pocos responsables.

También le puede interesar: