Iván Cepeda: la normalización de la hipocresía

Durante una visita a Praga conocí la historia de Gustáv Husák, el dirigente comunista que gobernó Checoslovaquia bajo una palabra tan sencilla como engañosa: normalización. Después de la invasión soviética de 1968, normalizar significaba devolver a los ciudadanos a la obediencia, acostumbrarlos al silencio y enseñarles a convivir con aquello que antes habían rechazado. El poder había encontrado una manera de tranquilizar la conciencia: cambiar el nombre de las cosas.

Aquella historia me hizo pensar en Iván Cepeda. Hay una debilidad humana que atraviesa las épocas y las ideologías: nuestra facilidad para encontrar justificaciones cuando los principios comienzan a estorbar a quienes defendemos. Entonces la conciencia deja de juzgar y aprende a explicar.

Cepeda ha construido buena parte de su trayectoria pública como un hombre de convicciones inquebrantables. Su discurso contra el paramilitarismo es severo, persistente y acusador. Exige memoria, justicia y responsabilidades. Y hace bien. Sus palabras transmiten la seguridad de quien sabe dónde están los responsables de los males del país.

Pero esa seguridad parece perder firmeza cuando los cuestionamientos alcanzan a quienes comparten sus banderas.

En la Checoslovaquia de Husák, muchos ciudadanos terminaron repitiendo consignas en las que ni siquiera creían. Nadie necesitaba anunciar que había renunciado a sus principios. Bastaba con dejar de aplicarlos cuando resultaban inconvenientes. La obediencia se convirtió en costumbre y la costumbre comenzó a confundirse con la virtud.

En Cepeda encuentro una pregunta semejante: ¿cuántas explicaciones necesita una persona para seguir creyendo que su causa conserva intacta su superioridad moral?

Cuando se habla de los crímenes del paramilitarismo, la condena debe ser contundente. Pero cuando se examina la violencia guerrillera, la memoria de sus víctimas y las responsabilidades de quienes la ejercieron, esa misma condena no debería necesitar un lenguaje más comprensivo.

Una madre que enterró a su hijo no tiene por qué escuchar que su sufrimiento adquiere otro significado según las ideas de quien ordenó matarlo. Un campesino secuestrado no recupera su dignidad porque sus captores hayan proclamado una revolución. Un soldado asesinado no merece menos memoria porque su muerte resulte inconveniente para determinado relato político.

El dolor no tiene ideología. La conciencia tampoco debería tenerla.

La misma exigencia alcanza al gobierno de Gustavo Petro, al que Cepeda respaldó pese a los múltiples escándalos que golpearon su promesa de cambio: corrupción, cuestionamientos por abuso de poder e investigaciones relacionadas con el narcotráfico. Cepeda ha reconocido públicamente la gravedad de la corrupción dentro de su propio sector. Pero incluso al hacerlo ha encontrado espacio para denunciar supuestas manipulaciones de sus adversarios. Sus críticas me resultan débiles frente a la beligerancia que ha reservado para quienes considera sus enemigos políticos.

Aquella actitud recuerda una vieja costumbre de los aparatos comunistas: cuando la realidad desmentía las promesas del partido, siempre aparecía una explicación para preservar la fidelidad al proyecto. Los errores podían reconocerse, siempre que la causa permaneciera por encima del cuestionamiento.

Y esa es la cuestión moral que Cepeda debería enfrentar: ¿qué pesa más cuando las promesas se derrumban, la conciencia o la lealtad?

Defender una causa exige convicciones. Defenderla cuando sus propios dirigentes la contradicen exige reconocer errores, asumir consecuencias y tener el valor de contrariar a los compañeros. Ningún partido es dueño de la verdad. Quien solo encuentra faltas en sus enemigos termina confundiendo la lealtad con la honradez.

Bajo Husák, las palabras ayudaban a domesticar la conciencia. La imposición se llamaba normalización; la obediencia se presentaba como disciplina. Repetidas hasta el cansancio, esas expresiones hacían familiar lo que debía provocar rechazo. Algo semejante ocurre cuando una denuncia merece toda la atención si compromete al adversario, pero exige primero examinar las intenciones del denunciante cuando alcanza a los propios.

Para unos, la condena. Para otros, el contexto.

Eso es lo que cuestiono en Cepeda: una indignación que parece encontrar siempre mayor energía cuando se dirige hacia sus contradictores. Su palabra se vuelve un martillo frente al adversario y adquiere la delicadeza de unas pinzas cuando debe examinar a quienes acompañan su proyecto.

En cualquier barrio de Colombia esa diferencia se entiende sin discursos. Es el hombre que exige castigo cuando roban en la casa del vecino y encuentra todas las disculpas cuando descubre que el ladrón pertenece a su familia.

La falta sigue siendo la misma. Lo que cambió fue la lealtad.

La honradez se demuestra cuando somos capaces de contrariar a quienes queremos. Un hombre puede pasar la vida hablando de justicia y descubrir, cuando los suyos alcanzan el poder, que sus principios pesan menos que sus afectos.

Ahí comienza la derrota de la conciencia.

La memoria tampoco admite propietarios. Cepeda ha exigido durante años que Colombia recuerde los crímenes del paramilitarismo. Pero esa memoria también pertenece a los secuestrados, a los soldados, a los policías y a los civiles que padecieron la violencia guerrillera. Ninguna causa tiene autoridad para decidir qué víctimas merecen mayor indignación.

Praga me enseñó que una sociedad puede acostumbrarse a casi todo cuando aprende a justificarlo. Primero cambia las palabras. Después cambia sus exigencias. Finalmente, deja de reconocer la contradicción.

Iván Cepeda debería comprenderlo mejor que nadie. Quien ha hecho de la denuncia su oficio tiene una obligación mayor: conservar sus principios cuando la verdad compromete a sus aliados.

Ha pasado buena parte de su vida señalando con el dedo a los demás. Ha llegado la hora de mirar la mano que sostiene ese dedo.

Porque la indignación que reconoce amigos antes que víctimas deja de servir a la justicia y comienza a servir a la conveniencia.

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