Cae el velo de los fondos privados de pensiones: ¿pasará lo mismo con el agro y la salud?

Después de 38 años, nos damos cuenta de que el régimen pensional privado no es tan bueno como lo pintan. Pasa igual con la salud, la educación y el agro

Por: RICARDO MEZAMELL
abril 13, 2022
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Cae el velo de los fondos privados de pensiones: ¿pasará lo mismo con el agro y la salud?

Con mensajes falaces se está invitando a votar “para mantener la libertad y la democracia” por el candidato a la Presidencia Federico Gutiérrez, frente al supuesto peligro que representa para las mismas el aspirante Gustavo Petro.

No me atrevo a afirmar que lo hacen por ignorancia, porque si de algo estoy seguro es que se consideran tan superiormente inteligentes que piensan que el resto de colombianos seguimos siendo sus opuestos, ‘tan supremamente ignorantes’ que nos pueden engañar con mentiras sacadas de un sombrero, como para salir en estampida a ‘defender la democracia maestro’, y de esa manera ustedes, políticos de oficio, garanticen el continuismo del modelo de democracia representativa, mas no participativa, que les sirve tanto para proteger los intereses de los grandes monopolios económicos que controlan la economía del país y financian sus campañas como para mantener incólumes los privilegios y beneficios personales que reciben por su gestión, sin importarles un comino que vayan en detrimento del bienestar de todos los colombianos.

En el ejercicio de determinar, con mediana sindéresis, con cuál de los candidatos mencionados peligraría la forma de democracia que tenemos, se hace imprescindible remitirnos a nuestra Constitución Política de 1991.

En los Artículos 1° y 2° dispone que “Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general.

Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo”.

Al comparar ese ideal con lo que tenemos materialmente, podemos fácilmente concluir que la forma de democracia participativa no se ha expresado a lo largo y ancho del territorio nacional, por cuanto a pesar de estar plasmada en nuestra Carta Política, a pocos días de cumplir 30 años de vigencia, lo que se evidencia en cada rincón de la Patria es abandono, inequidad, exclusión, discriminación, inseguridad, desempleo, improductividad agrícola, encarecimiento de los alimentos, carencia de atención de las necesidades básicas en salud, educación, agua potable, etcétera, debido a la falta de implementación, a profundidad, de la misma.

Como el vocablo democracia está referido a la forma de gobierno en la que el poder político es ejercido por el pueblo y para el pueblo, aun cuando redundante es decirlo, conlleva implícito el propósito de darle la mejor solución a la problemática antes enunciada, con decisiones sobre políticas públicas resultantes de una amplia concertación, con la mayor participación posible de los ciudadanos en los procesos deliberativos y decisionales, en la medida que las resoluciones adoptadas nos afectan a todos los asociados.

Se debe rescatar para la memoria colectiva, que la democracia participativa surge en el contexto político mundial como una opción para superar los problemas políticos derivados de la representación, los cuales tienen mucho “que ver con la corrupción, por las agendas individuales de los delegados, aunado a la distancia que se presenta entre las decisiones de éstos y las necesidades de sus representados”.

Dentro de ese escenario, sin esfuerzo mental alguno, podemos concluir que el mayor peligro que puede existir para la democracia representativa que tenemos como forma de gobierno utilizada por la clase política para mantenernos en la misma situación de incertidumbre y penuria social en que vivimos desde hace muchos años, indudablemente lo representa Gustavo Petro, en la medida que él ostenta una capacidad probada para convocar a los colombianos en la cruzada de reconocer y realizar los postulados de la Constitución Política de 1991, de la cual, viene al caso precisarlo, si fue uno de sus autores, toda vez que Antonio Navarro Wolff llegó a la Asamblea Nacional Constituyente, y actuó en ella, en representación de todos los militantes del M-19, y no a título personal, o a nombre de quienes integraron las comisiones que lo asesoraron.

Y sí, tienen razón, Gustavo Petro encarna para la democracia que a ustedes les sirve la más grande amenaza, por venir él luchando con denodado ahínco para que le den pista revistiéndolo de la dignidad presidencial que necesita para presentar ante el Congreso de la República, como proyectos de ley, las propuestas de su programa de gobierno, elaboradas con la finalidad de solucionar las apremiantes necesidades de los colombianos, porque le inquieta, a diferencia de vosotros, el que los problemas generadores del descontento social estén subiendo a niveles preocupantes.

No quiere que se repitan, por la inercia en el propósito de resolverlos, nuevas manifestaciones violentas por las insatisfacciones sociales, porque sabe muy bien que el actual gobierno, así como lo hicieron los que le precedieron, y seguramente lo haría, en un lejano e hipotético evento de resultar elegido, el candidato del mismo pensamiento ideológico, que tan descaradamente apoya el presidente Iván Duque, lo único que pueden ofrecer como repuesta, por así estar demostrado hasta la saciedad, es la indiscriminada y violenta represión policial.

Máxime cuando dicho aspirante es un reconocido defensor de la doctrina de ‘la seguridad democrática’. No hay que olvidar que este representante del continuismo es un reconocido experto en la utilización de sus métodos, tal como lo evidencian los contratos de asesorías que suscribió para enseñarlos a miembros de organismos gubernamentales de las ciudades de Buenos Aires y Ciudad de México.

O acaso podríamos olvidar el saldo de muertos y lesionados dejados por el estallido social del año 2021 que “puso en evidencia las enormes desigualdades y abandonos históricos invisibilizados por décadas (María Ximena Montaño Rozo).

Y por esa sencilla razón, en el mismo sentido, pero desde la arista opuesta, es el candidato Federico Gutiérrez, por no darse cuenta, o quizá por negarse a aceptar que es mediante profundos cambios que hay que realizar los postulados de la Carta Política, quien personifica un colosal peligro para la democracia en sí misma, entendida ésta como la forma en que el pueblo gobierna para beneficio de todos, y no para unos cuantos privilegiados.

Su programa de gobierno, enmarcado en la comodidad del continuismo de políticas públicas, reafirmantes de desigualdades y abandonos, refleja un conocimiento y visión de país muy distinta a lo que es en la realidad, lo cual, sin ser mensajeros apocalípticos nos permite avizorar un teatro de violencia inimaginable propiciada por un presidente adepto a las soluciones de choque, en un momento de máximo escalonamiento del inconformismo social.

La fortaleza que no se le puede desconocer a Gustavo Petro, demostrada con suficiencia en su gestión como alcalde de la ciudad de Bogotá, hoy reiterada en su campaña, y de la cual carece Federico Gutiérrez, es su voluntad y obstinación para presentar e impulsar, contra viento y marea, dentro del cauce jurídico, propuestas de transformación con el propósito de resolver los problemas invisibilizados.

Esa gran capacidad, parangonándola con la atribuida al expresidente Alfonso López Michelsen en el sentido de que cuando hablaba “ponía a pensar al país”, bien podría encuadrársele a Gustavo Petro, diciendo que con sus propuestas ‘pone a pensar en el país’.

Acaso podría ignorarse el que nos tenga cavilando, después de más de 38 años de estar operando sin que nadie se preocupara por ello, que el régimen pensional privado no es tan bueno para los afiliados y pensionados como lo pintan, al saberse ahora que “cuenta con el 73 % de los afiliados, casi 18 millones de personas (contra 6,8 millones de Colpensiones), pero apenas con el 12,8 % de los pensionados, unos 220.000 de un total de 1,7 millones (Jorge Armando Rodríguez, UN Periódico), lo que explicaría en parte la excelente rentabilidad que obtienes las AFP del negocio (Salomón Kalmanovitz)” la cual, sin embargo, no llega a los dueños de los dineros ahorrados, toda vez que al reconocer la pensión de jubilación su monto es de apenas un 30% del salario base de la liquidación y, el incremento anual de las mismas, corresponde al mismo rendimiento ordinario de cualquier cuenta de ahorro individual.

Como también nos ha puesto a pensar en la urgencia de renegociar los TLC y democratizar la tierra productiva e inutilizada del sector rural con el mismo propósito de “estimular el mejoramiento de la productividad y la estabilidad de la producción agropecuaria” por la cual se expidió a Ley 1152 del 25 de 2007 (Estatuto de Desarrollo Rural), firmada por Álvaro Uribe Vélez, en calidad de Presidente de la República; Oscar Iván Zuluaga, como Ministro de Hacienda y Crédito Público; y, Andrés Felipe Arias Leiva, en su condición de Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural.

En el Artículo 72 la citada ley establece:

“A fin de estimular el mejoramiento de la productividad y la estabilidad de la producción agropecuaria, el Estado, a través de la Unidad Nacional de Tierras Rurales, podrá comprar bienes inmuebles rurales improductivos de propiedad privada.

Cuando el propietario no acepte expresamente la oferta de compra, o cuando se presumiere su rechazo de conformidad con lo dispuesto en el inciso segundo numeral 5 del artículo 135 de la presente ley, la unidad procederá a ordenar que se adelante el proceso de expropiación mediante el procedimiento previsto en el artículo 169”.

Llama poderosamente la atención que durante el gobierno del expresidente Uribe no se cuestionó la emisión de esa ley de expropiación de predios rurales improductivos.

Aunque imaginable, vaya uno a saber sus reales motivos, y por eso bien podría admitirse, a menos de que exista una mejor explicación, que se expidió con el propósito de obligar a los pequeños propietarios rurales a que, por incapacidad económica para ponerlos a producir, corrieran a vender a bajo precio sus predios.

Con el mismo norte, esto es, el de transformar para mejorar nuestras condiciones sociales, nos ha puesto a recapacitar sobre las posibilidades de tener un mejor servicio de salud, replanteando la organización y funcionamiento de las EPS, al igual que de una educación superior universal gratuita, como existe en Francia, Finlandia, Luxemburgo, o en Uruguay, aquí en Sudamérica, por solo citar algunos ejemplos.

Las propuestas de Gustavo Petro, por lo visionarias que son obligarían a los congresistas a salir de su zona de confort para adentrarse en el estudio y debate con rigor de los grandes temas de su agenda de trabajo, los cuales a pesar del cuestionamiento que de manera insulsa le hacen sus contradictores, conformistas con lo que sin mayor esfuerzo pueden avizorar, tendrían que ser objeto de un análisis concienzudo, sensato y responsable.

En verdad no veo por ninguna parte al candidato Federico Gutiérrez, por su talante empavonado con las políticas públicas continuistas, luchando con tesón por las reivindicaciones sociales de todos los colombianos, especialmente de los ninguneados de la Patria, de ‘los nadies´ de Eduardo Galeano.

Basta comparar los temas enunciados a continuación, insertos en sus programas de gobierno, cuya realización implicaría afectación de los intereses económicos de grandes monopolios que manejan sectores importantes de la economía del país, para notar la gran diferencia que existe entre la concepción que cada uno tiene sobre la necesidad de implementar políticas públicas tendientes a desarrollar el mandato de nuestra Constitución Política.

1-Empleo

Gustavo Petro: reforma laboral para acabar con los contratos de prestación de servicios, y para la formalización del empleo.

Federico Gutiérrez: pagar al asalariado por horas laboradas.

2-Salud

Gustavo Petro: reforma de la Ley 100 de 1993, para que las EPS no intermedien en la prestación de los servicios de salud.

Federico Gutiérrez: acabar con las filas de los usuarios del servicio.

3-Pensiones

Gustavo Petro: reforma pensional con sistema de pilares que garanticen la pensión a los colombianos.

Federico Gutiérrez: mantener, tal como están, el régimen público a cargo de Colpensiones, y el privado, en manos de las Administradoras de Fondos de Pensiones.

4-Educación

Gustavo Petro: educación superior pública universal y gratuita para todos los colombianos.

Federico Gutiérrez: seguir con el sistema actual de créditos con el Icetex y becas para algunos estudiantes.

4-Seguridad

Gustavo Petro: acabar la confrontación armada entre los colombianos por la vía pacífica, llevando a Colombia a una era de paz.

Federico Gutiérrez: perpetuar el enfrentamiento armado con los métodos de la doctrina de la seguridad democrática.

5-Agro

Gustavo Petro: renegociar los TLC para evitar importar, y producir más productos alimenticios e insumos en Colombia, para mejorar la economía del campesino.

Federico Gutiérrez: continuar con la importación de comida e insumos a precio del dólar, cada día en aumento.

Finalmente, se debe precisar que la Constitución Política de 1991 es el mayor y más infranqueable dique jurídico que existe para contener cualquier asomo de autoritarismo de Gustavo Petro, toda vez que las antedichas reformas solo pueden realizarse mediante leyes expedidas por el Congreso de la República, órgano que ejerce el control político a las actuaciones del gobierno. Y, el elegido mediante las elecciones del pasado 13 de marzo, por su forma de composición, no le aprobará propuestas que vayan en detrimento del bienestar de los colombianos.

La única facultad que tiene el presidente de la República es la de presentar, por intermedio de sus ministros, los proyectos de ley.

Las irregularidades, por así calificarlas con mucha generosidad, ocurridas en anteriores legislaturas, fueron producto de la corrupción propiciada desde el ejecutivo con la nefasta práctica de repartir ‘mermelada’ a inescrupulosos legisladores a cambio de recibir su apoyo en proyectos de ley de que le interesaban.

De ahí que son innecesarias, por estar inmersas dichas prohibiciones en nuestra Ley Fundamental, la denominadas ‘líneas rojas’, que le antepone el expresidente César Gaviria Trujillo, para darle el apoyo oficial del Partido Liberal, a su candidatura presidencial.

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