La Corte Constitucional dijo que los próximos tres gobiernos no pueden modificar lo pactado sobre el acuerdo de paz. Lo pactado no son los acuerdos firmados en el teatro Colón, son las leyes de implementación que sean aprobadas en el Congreso en el actual gobierno.
“El acuerdo no tiene en sí mismo un valor normativo, sino que requiere su incorporación a la constitución”, declaró Luis Guillermo Hoyos, presidente de la Corte Constitucional.[1] Esto es, el acuerdo en sí mismo no se convirtió en un mandato constitucional que ha sido declarado intocable. Es en ese sentido que creo que los titulares deberían ser más explícitos, pues al no serlo ayudan a fortalecer la posición —implantada cínicamente por el uribismo— de que el plebiscito fue robado.
El pronunciamiento de la Corte está dejando claro, una vez más, que no fue así: si el plebiscito no hubiese tenido efectos, el primer acuerdo no hubiese sido modificado. Tampoco, hubiéramos tenido que votar en el Congreso el segundo acuerdo, con todos los riesgos que trae el hecho de que los puntos se puedan modificar en épocas preelectorales. Hoy esas modificaciones se están dando en Congreso en función de todos los intereses electorales y corruptos, no en función del bien común ni de los derechos de las víctimas.
Así, lo que hay que decir fuerte y claro es que “el sí” está asumiendo los costos de perder el plebiscito del 2 de octubre, sin importar de qué modo se dio ese resultado. El hecho de que lo que no será modificable sea lo que se apruebe antes del fin del gobierno Santos nos sigue dejando en un camino lleno de incertidumbres y retos porque incluso si se logra la aprobación jurídica de lo pactado en los acuerdos, los procesos legales no sustituyen los procesos políticos.
Lo bueno es que ahora sabemos que, al menos jurídicamente, existe tal camino por recorrer, que no se esfumará del todo en 2018. Esto quiere decir que la realidad de lo que ocurra en el país depende de si decidimos o no recorrer ese camino —que simplemente está ahí—. De decidir recorrerlo, de qué manera lo haremos. Depende de si nos apropiamos de nuestro proceso político o si dejamos que los políticos se apropien de nuestro futuro.
Yo solo quería decirles que por favor salgamos de la polarización y de ser piezas funcionales de los políticos corruptos que nos dicen cosas “para que la gente salga a votar berraca” y para que les seamos funcionales. También, que dejemos de creer que es Santos o es Uribe, porque en realidad es la gente que vivió la guerra la que importa. Por último, que hagamos posible afrontar juntos los retos que nos plantea el camino de incertidumbres.
Debo repetir, las veces que sea necesario, que el hecho de que igual se haya terminado del conflicto armado no es porque se haya desconocido esa democracia formal y limitada que muchos sienten que les robaron, es porque dentro de las reglas primordiales (dentro de la constitución) está que la paz es un derecho (Art. 22) y los derechos no se votan. Sin embargo, no espero reducir la discusión a los aspectos legales. Si bien las cortes pueden jalonar los procesos, no se puede simplemente judicializar los aspectos políticos subyacentes al proceso de reconciliación Nacional, es decir, las cortes no pueden reemplazar el proceso político que debe vivir la sociedad.
Por eso escribo este artículo a modo de aclaración, porque me preocupa profundamente que con esta noticia muchos colombianos se sientan aún más ajenos a este proceso de largo aliento en la construcción de nuevas realidades. Porque me preocupa que sientan que fue solo una vez más en que su voz no fue escuchada, cuando es precisamente ahora cuando podemos y tenemos que alzar la voz para defender nuestro derecho a un país mejor; no para defender a Santos ni a Uribe, ni a ningún otro político. Si las cortes siguen haciendo todo el trabajo no es posible consolidar estructuras sociales que permitan la paz a largo plazo. Si como sociedad nos mantenemos cansados, conformes con lo menos peor y desapropiados de la realidad en la que vivimos, es imposible que las cosas de las que nos quejamos cambien.
El sí asumió los costos de perder el plebiscito; asumamos todos juntos el deber de hacer posible una reforma política decente, una JEP que establezca el mayor grado de justicia posible en un contexto de transición, que nos permita recuperar el tejido social, una comisión de la verdad para las víctimas…y así con todo lo que falta terminar de aprobar. Lo hacemos posible con el tipo de presión y el tipo de posicionamiento que como sociedad generemos al respecto.
Aceptemos que el debate político nos permee de verdad, por medio del respeto y no del odio por la posición contraria, de los argumentos y no de los asesinatos a líderes sociales. No neguemos, en nombre del cambio de concepto de justicia punitiva al de justicia restaurativa, los procesos tanto individuales como colectivos que son necesarios no solo para comprender este nuevo modo de ver la justicia, sino para apropiarlo. No neguemos la dificultad que implica para muchos el perdón. La construcción de paz no se reduce a lo legal y su dimensión netamente política parece no encontrar resolución favorable. La construcción de paz no se reduce al acuerdo entre dos partes, la construcción de paz sostenible está indiscutiblemente ligada a la apropiación que la población hace de ella.
