Se cumplen tres semanas de una portentosa movilización social. El descontento y la ira de la juventud y las comunidades se acumularon durante décadas de abandono, promesas incumplidas, engaños y frustraciones, penurias de todo tipo, racismo y aporofobia. La decisión de hacer trizas el Acuerdo y la indolencia y cinismo del gobierno de Duque extremaron la situación. Ahora sabemos que la pandemia aplazó el 21N y lo transformó en 28A.
Con el transcurso de los días se desnuda la profundidad de la crisis. La barbarie militar no da tregua. El jueves pasado se conoció el suicidio de una niña de 17 años en Popayán, después de denunciar que había sido agredida sexualmente por 4 integrantes del Esmad, quienes la detuvieron cuando grababa sus desmanes. “Me manosearon hasta el alma”, escribió poco antes de morir.
A pesar de los videos y evidencias, el general de la Policía calificó la denuncia como “falsa, vil y ruin”. Ha sido una práctica patriarcal y sistemática de las FFMM durante décadas: abuso sexual y feminicidios de indígenas, estudiantes, jóvenes de barriadas populares.
En informe reciente de las ONG Temblores e Indepaz, se denuncia la magnitud de los atropellos: 2.110 casos de violencia policial, 40 homicidios atribuidos a la fuerza pública, 30 víctimas de agresiones oculares. La Defensoría registra 87 víctimas de violencia sexual. Otras entidades cuentan 49 muertes y casi 400 desaparecidos.
Hay denuncias muy delicadas, que llevaron a las dos ONG a solicitar una visita de la CIDH: la existencia de un presunto incentivo de manejar una “cuota” por detenciones de manifestantes a cambio de ascensos, el modus operandi de los “falsos positivos”. A ello se suman el uso indiscriminado de armas de fuego contra la gente, presuntos sobornos a los detenidos de manera arbitraria, lanzamiento de gases lacrimógenos a viviendas, torturas dentro de las guarniciones militares y centros de detención.
Duque y el Ejército han respondido con un despliegue descomunal de fuerza y violencia. El presidente sigue encerrado en su extraño mundo. Dijo que no iba a Cali para no distraer el trabajo de la fuerza pública. El general Zapateiro, amigo del extinto Popeye, anunció que pacificaría esa ciudad en horas.
Colombia arde en medio de lo más duro de la pandemia. Cesar la barbarie es condición necesaria para negociar el pliego de emergencia.
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Los ministros de Defensa y del Interior insisten en la hipótesis del terrorismo como responsable. Los dirigentes sociales son tratados como criminales y designados con “alias”
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Los ministros de Defensa y del Interior insisten en la hipótesis del terrorismo como responsable. Los dirigentes sociales son tratados como criminales y designados con “alias”, como lo denunció el gobernador del Cauca. Subido en su pedestal, el Fiscal avala las tropelías de las FFMM y vocifera los supuestos resultados de su entidad. El Defensor se niega a escuchar a los indígenas.
Agobiada por la situación, la extrema derecha despliega todo su potencial. El Espectador publicó apartes de la grabación de una reunión privada de zoom entre cien empresarios y políticos del Centro Democrático de Pereira y el Valle. Pero sobre todo, amigos de Uribe.
Hablan allí de la soledad de Duque, de la necesidad de decretar la conmoción interior y de seguir chuzando al Ejército para que responda. Insisten en presionar a la prensa mediante la pauta, pública y privada, para que “cambie su narrativa”, y en concentrarse en “voltear la torta”.
Rechazan el diálogo de plano porque los manifestantes son terroristas infiltrados. “Tenemos que buscar los medios de sacar a la luz a los responsables de esto, llámense Fecode, CUT, Cric, todos esos”, señala la directora de Caracol en el eje cafetero.
Sin duda, todo ello va en la línea del famoso tuit de Uribe llamando al Ejército a utilizar las armas en las protestas. También hablan de armarse: “Aquí en el conjunto ya han pasado preguntando que quiénes tenemos armas, que si nos vamos a organizar”. Se invoca la “legítima defensa”. De hecho, la teoría de la revolución molecular disipada, traída a Colombia por el neonazi chileno y difundida por Uribe, parecería tener efecto.
El ataque a la minga en el sur de Cali y la manipulación mediática en su contra hace una semana fueron un indicio claro de esa tendencia, como lo es también el mensaje de la médica caleña que pide matar al menos a mil indígenas y revivir el paramilitarismo.
El gobierno parece cercado. La dura reacción mundial contra sus desafueros no para. En EE. UU. 55 congresistas le enviaron una carta a su presidente, pidiéndole que denuncie con claridad los atropellos y el uso excesivo, agresivo e indiscriminado de la fuerza contra los manifestantes. Quieren que suspenda la ayuda militar al Esmad y que rechace públicamente las declaraciones del gobierno de calificar la protesta como terrorista. En el Reino Unido 17 parlamentarios se pronunciaron en el mismo sentido.
Colombia arde en medio de lo más duro de la pandemia. Cesar la barbarie es condición necesaria para negociar el pliego de emergencia. La crisis sanitaria y la renta básica son puntos prioritarios. Pero debe dialogarse también en los territorios, como han insistido monseñor Darío Monsalve y el padre De Roux. El Comité de paro, con toda su legitimidad, debe continuar sus esfuerzos por incorporar liderazgos de la juventud insumisa y diversa del país. Y el Gobierno Nacional debe garantizarles la vida.
