Ni ganar una acción de tutela ha sido garantía para que a toda la población de la vereda Granizal les suministren el servicio de agua potable, que según un estudio de la Universidad de Antioquia, al conectar las mangueras en el sector de Piedras Blancas, provenga contaminada con residuos de heces fecales de humanos y animales.
Un territorio atravesado por la guerra
El contexto de la vereda Granizal es un territorio que se consolidó como una zona de invasión donde ocurrían enfrentamientos entre las FARC y el ELN, que ayudaron a formar el poblamiento con personas desplazadas por la violencia de Urabá. Posteriormente, llegaron los paramilitares, y hasta el sol de hoy, la banda de San Pablo, de Manrique, que obedece a los intereses de la Oficina de Envigado, es quien tiene el control territorial y extorsionan a cerca de 30 mil habitantes, que en su mayoría, son víctimas de desplazamiento forzado.
“Esto acá es territorio que se presta para muchas cosas, es totalmente abandonado y olvidado por la institucionalidad y el Estado colombiano. Hay momentos en que la banda presiona mucho por el cobro del agua como lo está haciendo en este momento”, asegura un habitante de la vereda a quien se le protege su identidad por su seguridad.
Con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos negociaron para que la banda de San Pablo redujera el cobro a cinco mil pesos, cuando antes cobraba 7 mil semanales. Como consecuencia de recibir menor ingreso, empezaron a presionar más porque perdieron una renta de dos mil pesos por familia o vivienda. Sus habitantes manifiestan que incrementaron la presión y la agresividad, mochando la manguera sin importar que sea un adulto mayor, población con discapacidad o una madre cabeza de hogar. La ley en la vereda Granizal la impone la banda a su estilo y a su ritmo.
Casualmente comenzaron una racha de robos en las casas, por ejemplo: se llevan los alambres de energía, se meten a las casas llevándose lo que encuentren y desocupan los bienes de sus pobladores; la comunidad cree que no es gente de otra parte, sino personas que conocen a sus vecinos, que saben dónde y cuándo pueden hacer el daño; por eso la banda es la que aparece como la responsable.
Sumado a ello, están cobrando por la vigilancia y dependiendo del marrano, le cobran entre 5, 10 o 15 mil pesos semanales. Extorsionan a los tenderos, a los que dejan su transporte afuera o al que tenga cualquier tipo de negocio.
La zozobra del día a día es la constante porque al mismo tiempo EPM no ha cumplido, pese a que hay una tutela, ordenando que debe abastecer de agua potable la vereda Granizal.
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A los sectores del Pinar y a Manantiales de Paz les está cumpliendo EPM subiendo el agua potable, en este momento hay cerca de 170 tanques distribuidos en los 8 sectores. Por la vía principal se le pretende dar solución, pero en sectores como los ramales en Altos de Oriente no se está cumpliendo. El 14 de mayo del 2020 salió favorable la decisión del juez para reclamar el derecho de igualdad. Se obligó al municipio a suministrar agua a todos los sectores.
“En este momento en los sectores altos de la vereda hay 14 tanques en Altos de Oriente que hace más de un año no los surten de agua. El agua está pésima y los moradores deben bajar al Pinar por el galón de agua y adicionalmente pagar los cinco mil semanales a la banda. No se ha adecuado la vía y con cada aguacero se daña, continuamente se tapona la carretera lo que dificulta la movilidad y que se cumpla el mandato constitucional de abastecer de agua potable la vereda Granizal en Bello”, asevera uno de sus habitantes.
En algún momento la banda quiso cobrar por los tanques de agua que había puesto EPM en la vereda, hasta mil pesos les exigían, pero luego se tuvieron que rebelar para no pagar por algo que le ganaron por vías judiciales al Estado.
¿El Plan de Ordenamiento Territorial en la zona?
El Plan de Ordenamiento Territorial todavía no reconoce la vereda Granizal, este año tenía la revisión del Plan, pero no se hizo y con la condena del alcalde Óscar Andrés Pérez, del Centro Democrático, quien deberá dejar su cargo, no está claro el panorama para los habitantes con la inclusión de este territorio dentro del municipio de Bello.
“Del Gobierno Nacional todavía no hemos recibido respuesta; la Administración Municipal siempre sale con pañitos de agua tibia diciendo que están trabajando, que tenían 3 mil millones de pesos para desembotellar la vereda y conectarla con Croacia, pero de interés social no hay nada; y ni modo de pedirle algo a la Gobernación de Antioquia”, afirma otro habitante.
Semanalmente pueden llegar 3 o 4 familias y así mismo salir una desplazada. El reloteo con el que les venden a compradores, puede terminar en estafa, que difícilmente se pueda solucionar hasta que el Estado no haga presencia.
Un habitante de la vereda asegura que les están quitando los tanques, en un principio, supuestamente para poner unos de mayor capacidad. Pero ahora les dicen que los retiran porque ya no tienen más contratos con la alcaldía de Bello. La comunidad asegura que esto se debe a una retaliación frente al incidente de desacato que interpuso la población frente a los sistemáticos incumplimientos de Empresas Públicas de Medellín. Aunque contactamos al equipo de comunicaciones de EPM para escuchar su versión sobre los hechos, al momento de publicar esta nota, no recibimos ninguna respuesta.
