Así se desprende de las recientes propuestas que, cada uno por su cuenta, han lanzado el presidente Duque y las senadoras Paloma Valencia y María Fernanda Cabal como soluciones a la crisis presupuestal de estas instituciones. Los dos primeros proponen que sea la buena voluntad de los ciudadanos, a través de donaciones, la que se encargue de financiar la educación superior pública; la última, por su parte, considera que, simplemente, las universidades públicas no deberían ser financiadas y que el Estado debería enfocarse en subsidiar a las universidades privadas.
El común denominador de estas tres propuestas es que ninguna concibe la posibilidad de que los recursos públicos sean el eje central a través del cual se sostengan financieramente las universidades públicas. Al contrario, estas propuestas sugieren que o bien las universidades públicas apelan a una especie de caridad por parte de sus egresados (en el caso de Valencia) o por parte de los declarantes de renta (en el caso de Duque), o bien deben ser liquidadas, dejando en operación únicamente a las universidades privadas, que es la propuesta de Cabal.
Más que afirmaciones polémicas o controvertidas, propias de la idiosincrasia de quienes las emiten, estas propuestas están expresando la concepción que ciertos sectores políticos tienen acerca del rol de lo público y lo privado en nuestra sociedad. Esas afirmaciones, aparentemente aisladas, hacen parte de un proyecto político que va más allá del neoliberalismo tradicional y su reivindicación del mercado y la iniciativa privada como los medios más indicados para la provisión de los bienes y servicios que una sociedad requiere, y dando un paso más, llega a considerar que esa iniciativa privada debe ser sostenida o subsidiada por lo público. A este proyecto político ya no le basta con la recuperación de la autonomía del mercado y la iniciativa privada frente a las restricciones de la regulación estatal, ahora reivindica, además, que los recursos públicos se destinen a sostener financieramente esa iniciativa privada.
El modelo de financiación de la educación superior que defienden los voceros de este proyecto político es una versión radical de la privatización de la seguridad social (salud y pensiones) que se realizó en Colombia en la década de 1990. Programas como Ser Pilo Paga/Generación E se basan en una lógica hasta cierto punto similar a la de los regímenes subsidiado de salud y de pensiones. Sin embargo, se diferencia de estos regímenes en que con dicho programa el Estado ha decidido usar los subsidios educativos para pagar en algunas universidades privadas, al precio más elevado del mercado, servicios que están disponibles con igual, y a veces superior calidad, a un precio inferior en las universidades públicas. Es como si el Estado usara los subsidios en salud para pagar a un grupo reducido de pobres un seguro que cubre lo mismo del PBS (antiguo POS) pero cuyo precio es tres o cuatro veces mayor. Aquí la lógica ya no es la de usar los subsidios para garantizar el acceso de la población más pobre al disfrute de un derecho que los demás colombianos pueden obtener con base en sus propios ingresos, sino, más bien, la de beneficiar a las “empresas” que venden el mismo servicio pero a un precio muchísimo más elevado. Se trata, viéndolo bien, de una especie de “Agro-ingreso Seguro Educativo”: una serie de subsidios dirigidos a los “latifundios” más grandes y onerosos de la educación superior.
Si los atacantes contra la educación pública tienen éxito, como lo han venido teniendo, las universidades públicas dejarán de serlo. Seguirán tal vez llamándose “públicas”, pero su lógica de financiamiento será cada vez más la de una universidad privada. Y se enfrentaran tarde o temprano a una disyuntiva: congelar la ampliación de cobertura o incrementar de modo cada vez más intenso el recaudo por matrículas. Ambos caminos conducirían a una muerte lenta de la educación superior pública, ya sea por deterioro paulatino de su calidad o por su conversión en una universidad privada de facto disfrazada bajo la engañosa etiqueta de “universidad pública”.
