Después de 12 días de Paro, los pueblos indígenas, campesinos, afros y sectores populares llegaron a un acuerdo con el Gobierno bajo una Mesa Única Nacional. Allí se precisaron seis puntos clave:
- Un Acuerdo sobre el tema Minero -Energético Nacional: se busca un análisis de los títulos de explotación y exploración de minerales e Hidrocarburos
- Medioambiente: construir un mecanismo de aplicación de las sentencias de la corte en materia de revocatoria de licencias y protección de territorios, páramos, cuencas hidrográficas, y tierras de vocación agrícola.
- Paz y Derechos Humanos –Construcción de la CACEP, como mecanismo consultivo y de participación decisoria de la sociedad en el proceso de construcción de Paz.
- Garantías en Derechos Humanos: No estigmatización de la Cumbre Agraria Campesina étnica y popular, ni vincularla con grupos armados. Garantías de la protesta social. Gobierno –Naciones Unidas en un marco jurídico para garantías de la protesta social.
- Tierras, territorios colectivos y ordenamiento Territorial: ruta del reconocimiento de los campesinos como sujetos de derechos. Viabilizar mecanismo para el reconocimiento de figuras de territorialidad agraria como Zonas de reserva Campesina y Territorios Campesino Agroalimentarias. Derogar la ley Zidres
- Restitución de tierras para los campesinos, indígenas y afros (punto de conversación al día 12 de junio).
El Paro y la movilización de la Minga es, sin duda, un reto para el gobierno de Juan Manuel Santos, ante el histórico ordenamiento territorial que proponen las comunidades como modelo económico y de desarrollo. Esta propuesta implica, necesariamente, la inclusión de planes de vida de las comunidades indígenas, campesinas y afro ante los organismos del Estado. El gobierno debe realizar acciones de política pública, efectividad presupuestal para validar el pleno goce de los derechos de las comunidades como “sujetos de derechos”.
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