Colombia está hoy en el peor de los mundos; no solo por los efectos letales y dolorosos del COVID-19, que deja ya cerca de 10000 personas fallecidas, sino también por el grave estado de postración moral y profundización de la quiebra ética en la que durante este gobierno nos hemos venido sumiendo, por la forma en que con sus malos ejemplos se derruyen los cimientos y valores supremos de la democracia.
La situación es en extremo calamitosa con un presidente cuya legalidad y legitimidad está duramente cuestionada, debido a una supuesta compra de votos con dineros provenientes del narcotráfico y por recibir para su campaña, contrario a la norma, donaciones de una familia venezolana; con la vicepresidenta enmarañada por vínculos de sus familiares o por negocios realizados directamente por ella con reconocidas figuras, también del narcotráfico, y con un embajador al que, en pleno ejercicio de su cargo, le descubren un laboratorio de producción de cocaína en el patio de su casa.
Al inventario se suma la figura del fiscal general, deslucido en su cargo por mostrarse como un personaje que no reúne las virtudes de transparencia e imparcialidad que se le exigen para estar al frente de uno de los órganos principales de administración de justicia. Su amistad y su abyección al presidente acentúa la desconfianza de una ciudadanía que no espera resultados transparentes de las investigaciones que le corresponde realizar a su despacho, sobre el ingreso de dineros de dudosa procedencia a su campaña. Los intentos de ocultar o manipular información que ya es de público conocimiento, han sido evidentes y, para completar, abusa de su poder haciendo uso indebido de los bienes y recursos del Estado, infringiendo normas con argucias arrogantes y utilizando la condición de menor de edad de su hija.
A la sombra del fiscal y por las mismas sendas, se deja ir el contralor, con quien se liga por el amiguismo que los mantiene familiarmente cercanos e presuntamente intercambiando favores en las dependencias y funciones a su cargo. Recién se ha conocido de un negocio de fabricación de tapabocas por cerca de mil trescientos millones de pesos con una empresa en cuya dirección, de acuerdo con investigaciones, lo que figura es un taller de reparación de motocicletas. El asunto es que la compra fue firmada por la esposa del contralor, subalterna hasta hace pocos días del fiscal general, cuya esposa es a su vez subalterna del contralor. Todo aparte de los paseos de las dos familias con recursos del erario y en fechas restringidas por la cuarentena.
Por si algo nos quedaba por ver, se elige como presidente del Congreso de la República a Arturo Char, un personaje sobre quien cursa también una investigación por la presunta comisión de delitos electorales, por la que en pocos días, ya en ejercicio de su cargo, deberá rendir indagatoria ante la Corte Suprema de Justicia. Además, ha tenido familiares vinculados con el paramilitarismo y en su función como congresista solo es conocido por su irrelevancia, ya que nunca ha presentado un solo proyecto de ley y tiene un elevado número de ausencias en las sesiones de trabajo parlamentarias. A todo señor, todo honor.
Estamos pues en manos de una dirigencia que, aunque muy bien acomodada, se muestra cada vez más carente de virtudes, infecta, profundamente desvalorizada y con pocos activos a su favor para regir los destinos del país; en un momento en que lo que se requiere es insuflar el ánimo que nos ayude a superar el estado de angustia y depresión colectiva en que nos encontramos.
Mientras el encierro agobia, la evolución del contagio genera cada vez mayor temor y se agotan las fuentes de subsistencia para una gran parte de los ciudadanos, la moral de las instituciones sigue colapsando y no se advierte nada que nos permita pensar que estamos al menos cerca de ver la luz al final del túnel. Nos vemos en una crisis institucional y de liderazgo muy profunda, con ejecutivo, legislativo y parte al menos de los órganos de control y del poder judicial, en cabeza de personajes arrogantes, desdeñosos y carentes ante todo de la sabiduría y la estatura ética que los enaltezca para lucir la dignidad de sus cargos.
Presidencia y Congreso actúan solo para mostrarse obsecuentes con esa parte del país que continúa atada a las lógicas del caudillismo y las castas familiares que, fundadas exclusivamente en sus derechos de propiedad, controlan todos los hilos del poder y nos ratifican como una nación premoderna y lejos todavía de contar con una cultura política y un sistema institucional verdaderamente civilizado y democrático.
Eso es lo que simboliza la elección de Arturo Char como presidente del Congreso, miembro de un clan familiar que controla el sistema empresarial, los medios de comunicación, los cargos principales de representación política y hasta la fanaticada del fútbol en la costa Caribe. Aparte entonces de la debacle moral, el país se mantiene en las inercias de un pasado cuyos umbrales civilizatorios otras sociedades superaron hace más de dos siglos.
Para reforzar estas inercias, la estirpe presidencialista de nuestro sistema político ha vuelto a relucir y la crisis ocasionada por el COVID-19 se ha utilizado para que, al amparo de la declaratoria de emergencia económica y social, haya fluido una disentería de decretos que atentan contra la división y la independencia de poderes, razón y fundamento de cualquier sistema democrático. Al Congreso, no solo sanitaria sino políticamente se lo ha declarado en cuarentena y a los miembros de los partidos de oposición se los mantiene literalmente confinados y con el tapabocas bien asegurado; más que para que se protejan del contagio, para que eviten incomodar al reyezuelo en que ha terminado convertido el jefe del ejecutivo. Y eso que no gobierna en nombre propio.
Con una democracia en estado de excepción y con el predominio de personajes de la talla de Arturo Char en el Congreso de la República, el presidente tiene aseguradas las mayorías para que, sin ningún óbice, sean aprobadas las iniciativas que él y su partido presentarán en la nueva legislatura. La misma y vieja guardia bipartidista, solo que hoy diseminada en nuevos rótulos, conserva su hegemonía para seguir legislando a espaldas de una nación sumida en el letargo de quienes se niegan a emprender las transformaciones que se requieren para salir de la situación que nos mantiene como una democracia en ciernes y a una gran parte de sus ciudadanos viviendo en condiciones de miseria y exclusión.
Para mantener su imagen, el presidente se exhibe en una alocución diaria de televisión, con la que solo busca distraer de la pobre condición de su jefatura, que pasará sin gloria y nos dejará seguramente con la pena de sobrevivir en un país enfrascado en la peor de las crisis. Si la historia lo recordará, será porque, en el año del coronavirus, no había motivos para izar el pabellón nacional en la celebración del Día de la Independencia, sino más bien la bandera roja con la que miles de familias llamaban la atención para indicar que estaban padeciendo hambre.
Solo resta mantener la esperanza y que no desfallezcamos quienes, en medio de tantas vicisitudes, creemos que es posible seguir pensando en otro modelo de sociedad y en nuevas formas de liderazgo que pongan sobre fundamentos éticos el ejercicio del poder y de la función pública, para que las estirpes añejas de nuestra actual dirigencia no vuelvan a tener, ojalá, una segunda oportunidad sobre la tierra.
