En el escenario de la opinión pública, en las últimas semanas, ha tomado fuerza un tema en especial y digno de todo debate en la sociedad democrática: el porte legal de armas por parte de los civiles. De antemano expreso que concuerdo enfáticamente con las opiniones de diversos (y mayoritarios) sectores de la sociedad: legalizar un arma y permitirle a un civil portarla es lo más insensato que podríamos hacer en Colombia. Expreso lo anterior basado en la historia del país y en el debate mismo y elemental de toda democracia.
La historia de Colombia nos da la razón del lamentable uso de las armas y de la condenable justificación a la legítima defensa. Haciendo uso de aquél discurso y de otros amañados sobre la inseguridad y la necesidad de defenderse, diversos sectores en Colombia se han alzado en armas y han hecho uso de estas para actos sangrientos y que se salen de toda lógica de la institucionalidad. Recordemos el caso de las ya famosas Asociaciones comunitarias de Vigilancia Rural (Convivir) en 1994. Con el Decreto Ley 356 de 1994, del gobierno de la época, se crearon esas cooperativas que según los defensores de estas buscaban “generar una alternativa de seguridad a los gremios y a las personas que en Colombia y por falta de una mínima seguridad estatal, se veían desprotegidas ante el actuar de la criminalidad".
El objetivo de las Convivir no era otro que armar a los civiles y crear “batallones” de “gente de bien” para que se defendiera ante cualquier amenaza de los grupos al margen de la ley y las guerrillas que había en el país. Las cooperativas de civiles armados que prestaban servicio de seguridad se convirtió en el motor para la consolidación y expansión de los grupos paramilitares (eso fue lo que expresó en su momento 'HH', cabeza visible del paramilitarismo). Armados hasta los dientes y con el beneplácito de los gobiernos locales, esa gente de bien empieza a dirigir su actuar en combatir los grupos guerrilleros, no sin antes asesinar, secuestrar y torturar a civiles y en general a las personas que se sospechara tendrían relación alguna con los grupos insurgentes de izquierda. Cualquier acción llevada por estos era justificada con la “legítima defensa”, y como se suponía que era acción legal dentro del marco normativo de las cooperativas, estas eran pasadas al anonimato y a la impunidad. Ya hemos permitido a los civiles que se armaran y pagamos ese error con millones de víctimas de la guerra en Colombia con actores como las Farc o los grupos de autodefensas.
Legalizar el porte de armas y darle a los civiles una oportunidad de hacerse con un arma es desconocer el principio elemental de toda democracia: el monopolio del uso de la fuerza es en el Estado. Es que es el Estado y sus instituciones es el único que debe tener legítimo control sobre la fuerza para protegerle a sus ciudadanos la vida, la propiedad privada y la libertad, además de otros. Y es que bajo este principio elemental es el Estado el que debe brindar la seguridad a sus ciudadanos, es este el que debe tener el andamiaje necesario para preservar la paz y la tranquilidad.
Frente a esto muchos de los partidarios de la legalización de las armas en Colombia expresan que al Estado le ha quedado grande llegar a los territorios y brindar seguridad a todos los colombianos y que, inclusive, así lo ha reconocido la misma Policía Nacional. La salida más rápida que ven estas personas frente a esta problemática es la legalización del porte de armas, pero considero yo la solución debe ser estructural y definitiva. La solución estructural se debe trabajar desde dos aristas: la primera, es el fortalecimiento del aparato judicial y de las instituciones encargadas de hacerle frente a las amenazas que se presentan en el territorio nacional. Aparato judicial que debe ser totalmente independiente de los poderes burocráticos y de la corrupción que en estos momentos lo carcome. Aumentar el pie de fuerza pública no sirve de nada si no impartimos justicia de una manera contundente.
Estas primeras acciones de las que hablo líneas arribas son las más fáciles y rápidas de implementar, pero es la segunda arista la verdaderamente importante en una sociedad como la colombiana: hay que trabajar en la formación social, ética y moral del colombiano. Este segundo frente de acción es el más difícil de desarrollar, pero se puede lograr si existe voluntad política para empezarlo. Debemos pasar de medidas correctivas a medidas preventivas y educativas. Es un deber que tenemos como sociedad empezar a educarnos en principios básicos de convivencia y respeto hacia el otro. Hacer entender al colombiano que todos somos iguales y que merecemos el mismo respeto, nos asegura cumplir con el propósito de llegar a ser una sociedad que no necesita un arma para sentirse protegida. Lo verdaderamente importante aquí es empezar a transitar el camino en principios básicos y en el respeto hacia la integridad de mi semejante.
Si siendo restringido el acceso a las armas, si siendo perseguido el porte y venta de estas, Colombia tiene uno de los niveles más altos de homicidios en América Latina, es claro que, si hacemos más fácil el acceso a un arma a la población civil, los niveles de homicidios se van a disparar. La solución verdadera es fortalecer el funcionamiento del Estado para que este pueda cumplir con lo que le corresponde: preservar la seguridad y no con "pañitos de agua tibia" de legalizar el porte de armas en Colombia. ¿A quién le favorece la legalización del porte de armas y que estas estén en poder de los civiles?
Es una obligación con la historia del país y con las víctimas evitar que en Colombia se materialice la intención de legalizar el porte de armas para “gente de bien".
