El nombre del general Iván Ramírez Quintero -ya retirado- es asociado con la Brigada XX del Ejército, la única unidad militar clausurada en la historia reciente del país por casos de violación de derechos humanos. Él fue su comandante en la década de los 90, cuando se inició el ciclo más fuerte de la expansión de las autodefensas y actualmente comparece ante la JEP donde se enfrenta al deber de contar la verdad sobre sus relaciones con Salvatore Mancuso y otros jefes paramilitares de la época.
El gobierno de Estados Unidos, que ya le había quitado la visa en aquella época, acaba de prohibir su ingreso a territorio de ese país y extendió ese castigo a los miembros de su familia.
En la misma condición quedarán el coronel, también retirado, Hernán Mejía Gutiérrez, excomandante del batallón La Popa a comienzos de los 2000, cuando el bloque norte de las autodefensas anegó de sangre buena parte de su jurisdicción. Al ex oficial se le atribuyen no menos de 75 crímenes y su renuncia a colaborar con su esclarecimiento le valió la expulsión de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
El veto impuesto por Washington alcanza además al coronel (r.) Juan Carlos Figueroa Torres, también excomandante de La Popa, en Valledupar, y expuesto a una condena a 20 años de prisión por crímenes de lesa humanidad.
El anuncio sobre el veto impuesto a los tres exoficiales fue anunciado desde Washington por el secretario de Estado, Antony Blinken, quien anunció contra los tres “medidas para promover rendición de cuentas para los tres”. Aunque no lo precisó en su declaración, esas medidas podrían consistir en solicitudes de extradición.
Blinken reflejó en su declaración la postura de Washington sobre la necesidad de que se cumpla el Acuerdo de Paz con las Farc porque considera que “aborda las atrocidades y los abusos relacionados con el conflicto que tuvieron lugar durante más de 50 años, a través de un Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación, Reparación y No repetición
Washington ofrece su respaldo a la JEP y felicita a sus magistrados, jueces y funcionarios por el trabajo vital que cumplen a favor de las víctimas.
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