En el año 2007, cuando Claudia López era investigadora de la Fundación Arcoiris, denunció las relaciones de Luis Alfredo Ramos y las Autodefensas Unidad de Colombia. Desde entonces comenzó un proceso que hoy parece llegar a su final: la Corte Suprema de Justicia lo condenó, en primera instancia, a casi 8 años de prisión.
Ramos, quien fue senador entre 2002 y 2006, se alió con los paramilitares para llegar al Congreso, especialmente con los jefes de las autodefensas en su departamento, Antioquia. Y es que, según las denuncias, el exsenador que también fue gobernador del departamento incluso llegó a reunirse con Ernesto Báez. Aunque Ramos asegura que esa reunión se dio en 2004 dentro del marco de las negociaciones de paz de Justicia y Paz, también existen testimonios que indican que la reunión se dio en 2005 en la finca La Bellanita, propiedad de Hugo Albeiro Quintero, el patrón de Bello, como era conocido el también condenando por sus nexos con los paramilitares. En dicha reunión también estuvo el conservador Óscar Suárez Mira, quien ya fue condenando por los hechos.
Desde el 2011, cuando se abrió formalmente un proceso en su contra, Luis Alfredo Ramos emprendió una ardua defensa que los sacó de los cargos públicos. El exgobernador antioqueño fue capturado en 2013 y estuvo preso durante tres añs. Su proceso, se mantuvo dormido hasta que en 2018 se proyectó una primera sentencia, pero nunca se confirmó por una reforma en la Corte Suprema. Así, el caso cayó en manos del magistrado Ariel Torres, quien ahora lo condenó en primera instancia.
"Fui a la reunión como invitado donde se me enseñó que pasaba con la desmovilización y los proyectos productivos. Mi participación fue pasiva. Les dije que tenían que acogerse a lo que decía el Gobierno Nacional", afirmó Ramos en el juicio adelantado ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.
Sin embargo, otra cosa fue la que dijo el propio Ernesto Báez, quien aseguró que Ramos era conocido de los hermanos Castaño y puso a su servicio su cargo en favor de los paramilitares. Según la Corte Suprema, Ramos recibió financiación de las AUC y fue su constante colaborador desde por lo menos el año 2001.
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