Alex Saab: ¿pícaro consumado o violación al debido proceso?

"El problema jurídico que plantea su caso es más mayúsculo de lo que cualquiera podría imaginar para el magistrado ponente que por reparto le toca resolver el asunto"

Por: JUAN CARLOS ESPINEL
julio 17, 2020
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Alex Saab: ¿pícaro consumado o violación al debido proceso?

João do Rosário, abogado del colombo-venezolano-antiguano Alex Saab, presentó ayer (16 de julio 2020) un documento en el que se opone al envío de su cliente a Estados Unidos.

El barranquillero vendedor de candados y chucherías en el Parque Murillo, hoy acusado por Trump de ser el testaferro del presidente colombo-venezolano Nicolás Maduro, alcanzó a interponer este jueves, fecha límite propuesta por el Ministerio de Justicia de Cabo Verde, un recurso en el que impugna el pedido de extradición por parte de Estados Unidos.

La defensa del colombiano argumenta en el documento tres aspectos que podrían tener mucha validez jurídica, más allá del grado de responsabilidad o no de Saab en crímenes de cuello blanco en el país de Bolívar.

Quienes como abogados penalistas observamos posibles violaciones sustanciales a principios inherentes al debido proceso, como el de legalidad, jurisdicción territorial y publicidad —pese a que sea reprochable que Alex Saab presuntamente se haya enriquecido a costa del pueblo venezolano y con posible complicidad de Maduro, lo que no solo pone en aprietos a las autoridades judiciales de Cabo Verde frente al mundo, sino le abre puertas enormes desde la legalidad para que salgan impunes dichas presuntas conductas o se violen baluartes establecidos desde el imperio romano en el derecho internacional y penal—, creemos que el asunto ni es de poca monta ni tan fácil de resolver sin lastimar el derecho por cualquiera de las aristas que se aborde.

No defendemos posiciones criminales, que de ser ciertas son justificativas de ser perseguidas por la justicia internacional ya que la venezolana es cómplice del sistema. Tampoco creemos que es correcto que 350 millones de dólares hayan sido birlados de las famosas cajas Clap de los venezolanos pobres —que hoy son la mayoría—, que presuntamente terminarán aterrizando en cuentas de amigos del régimen chavista en el exterior con la presunta complicidad y contubernio de Saab.

Sin embargo, sí preocupa que pudiesen haber sucedido hechos oscuros o al menos poco transparentes desde el derecho internacional y el penal, como: que le violaran la posible inmunidad diplomática, por su supuesta vinculación como un agente del gobierno venezolano, asunto que cambiaría la tradición de respeto entre países en el mundo; que su arresto el pasado 12 de julio en el país africano fuera ilegal porque no existía circular de Interpol previa (esta llegó un día después de capturado); y el hecho de que no tenía crímenes atribuidos en Estados Unidos, el país requirente, o al menos no cometidos contra ciudadanos o intereses norteamericanos, lo que pondría también en entredicho la limitación de jurisdicción territorial, pues el gobierno caboverdiano estaría reconociendo explícitamente lo que el mundo hace tácitamente: que estados Unidos es el policía y el juez del mundo pero a ellos nadie los toca.

Así pues, ¿con qué derecho, dice la defensa de Saab (y podría tener razón), el gobierno estadounidense puede reclamar el envío de Saab por supuesto robo y blanqueo de dólares robados a venezolanos entre venezolanos y con anuencia del presidente venezolano, salvo que fuera cierto que solo se trata de una persecución política al régimen desafecto a los intereses norteamericanos y ahí sí sería una intromisión de la política en el derecho penal internacional?

De acuerdo con Noticias do Norte de Cabo Verde, este planteamiento, que no está equivocado desde el punto de vista jurídico, sería la base del escrito del abogado João do Rosário junto con otros tres abogados de nombre internacional, para lograr la impugnación o en su defecto nulidad de la extradición anunciada del colombiano naturalizado venezolano y también en la república de Antigua y Barbuda.

Alex Saab, acusado hace un año por Estados Unidos de lavar dinero, habría transferido 350 millones de dólares de Venezuela a cuentas en el extranjero, obtenidos con negociados en la compra de alimentos, la construcción de viviendas populares, y el manejo de divisas y oro.

Por este motivo, su extradición a EE. UU. fue autorizada, pero el problema jurídico planteado es más mayúsculo (así con redundancia y todo) de lo que cualquiera comúnmente podría imaginar para el magistrado ponente que por reparto le toca resolver el asunto.

Están en juego la posible impunidad del saqueo de Maduro a Venezuela si lo devuelven al régimen bolivariano sano y salvo; el posible abuso y manipulación política o por la fuerza de un gobernante que quiere ser reelegido en la primera potencia mundial a costa de lo que sea; y el sistema judicial de un país africano pequeño.

Cualquiera que sea la decisión a tomar, esta se llevará por delante los pilares que nos enseñaron en las facultades de derecho de todas las universidades del mundo: la limitación jurisdiccional territorial de la justicia penal nacional y el respeto a la inmunidad de diplomáticos, versus el abuso de regímenes que cedulan como nacionales y gradúan de diplomáticos a extranjeros que les puedan ser útiles para saquear los pueblos que gobiernan.

He aquí el dilema

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