Desde hace varios años en Colombia se ha llevado a cabo la fumigación con glifosato en cultivos ilícitos. Actividad de gran controversia. Existen quienes apoyan el uso de químicos, sin importar lo nocivo que es para la salud y otros, desde el principio, mostraron su oposición.
Opositores como el Consejo de Estado prohibieron el uso de este compuesto en parques naturales y la OMS advirtió al Gobierno sobre los efectos que este químico cancerígeno podría traer al país. Incluso, sectores del mismo Gobierno pedían la suspensión de estas fumigaciones, entre ellos es el caso del ministro de Salud, Alejandro Gaviria, quien afirmaba que "la vida y la salud humana están encima de cualquier política".
Por el contrario, personajes importantes a nivel nacional que estaban a favor de esta actividad eran el procurador Alejandro Ordoñez y el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón. Este último siempre estuvo de acuerdo con que se realizara la actividad asegurando que “suspenderla era debilitar la lucha contra el narcotráfico”. Estados Unidos (productor del glifosato) se presentó como defensor de las fumigaciones, señalando que “si Colombia empleaba el herbicida era porque conocían la seguridad del compuesto”.
Los más afectados por las fumigaciones siempre fueron los campesinos, indígenas, afrocolombianos etc., quienes le exigían al Gobierno que prohibiera la utilización de ese veneno el cual traía consecuencias negativas a su salud; por ejemplo, irritaciones dérmicas, descenso de la presión sanguínea, pérdida de conciencia, destrucción de glóbulos rojos y daño o falla renal, entre otros.
A los campesinos los cultivos ilícitos les brindan mayor “estabilidad” económica que los cultivos legales. La agricultura, de por sí, no es rentable en este país. Empeoró justo cuando el Gobierno decidió firmar con los Estados Unidos El Tratado de Libre Comercio (TLC).
Este sábado, el presidente Juan Manuel Santos confirmó la suspensión de dichas fumigaciones y la implementación de nuevos mecanismos para combatir uno de los problemas sociales que más aqueja a Colombia.
Frente al anterior anuncio se presentaron varias manifestaciones; una de ellas fue la del senador y expresidente Álvaro Uribe, este afirma que “fueron las FARC que le exigieron u obligaron al Gobierno a tomar esta decisión”. Quien también se pronunció al respecto fue el alcalde Distrital Gustavo Petro, pero, por el contrario, respaldó la decisión del mandatario. “Estamos en una investigación, aún sin resultados. Todavía estamos en el proceso que tiene que ver con el impacto en la red hospitalaria de Bogotá de las fumigaciones y sus incidencias en los seres humanos, sea por la vida de la población desplazada o sea por afectados que llegan a la ciudad”, manifestó.
Por ahora, solo queda esperar la implementación de los nuevos mecanismos propuestos directamente por el presidente, y, de igual manera, aguardar que los impactos ambientales en los bosques, causados por la fumigación con el glifosato, no sean transcendentales.
