A un año de las protestas

La protesta se refiere a un sentimiento de libertad que forma el espíritu de la sociedad y sirve de herramienta de los débiles frente a la arbitrariedad

Por: Orlando Guerra Bonilla
abril 28, 2022
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A un año de las protestas
Foto: Archivo

Una costumbre inveterada de viejas prácticas de ciertos gobernantes colombianos es el ejercicio sistemático del tape-tape, lo que no quieren que salga a la superficie y que no se sepa al tratar de construir fake news a fuerza de “versiones oficiales”, sobre la realidad y su verdad. Y ahí las van avalando intelectuales, opinócratas, locutores y medios de comunicación fletados afines al desacreditado modelo de gobernabilidad chueco, unificando sus ideas para prevalecer contra viento y marea y para negar hasta lo evidente.

La inconformidad representada por la penuria e indigencia social interpretadas por las protestas y fricciones permanentes que las han precedido, representan un verdadero cuestionamiento contundente a la errática política oficial instrumentada hasta ahora y es una clara expresión de la vigencia del derecho de los ciudadanos a la resistencia, ante la indiferencia y la incompetencia de gobernantes y autoridades, que pretenden eludir sus responsabilidades, cuestionando el llamado de los ciudadanos, muchos de ellos víctimas de la inseguridad y las estrecheces económicas, al acusarlos de que al cuestionar las acciones del Estado se distrae el daño social a la propiedad pública y a la propiedad privada y la responsabilidad de quienes delinquen en la protesta.

Cuando nos afirmábamos como niños, la hipocresía social estaba en pleno vigor e incluso cuando ya había cruzado el tembladeral de la adolescencia y comenzaba a ser un adulto muy joven, la juventud de hoy sufre además de la hipocresía sufre el cinismo descarado.

Esas que imponían la supuesta buena educación y modales que prohibían expresar con libertad sus opiniones acerca del mundo circundante. No estaba bien visto usar la franqueza y la posteriormente llamada "honestidad brutal".

Ciertos gobernantes comenzando por Duque, el CD, el partido conservado-liberal y demás movimientos políticos diezmados —que con sus líderes electos en contextos democráticos son los que paulatinamente se vuelven contra la propia democracia al despedazar deliberadamente el equilibrio del poder esencia del Republicanismo, amén de negar la legitimidad del oponente, alentar la violencia que se expresa en la indiferencia e insensibilidad humana frente al genocidio, la predisposición de restringir las libertades y de paso, ignorar y desconocer la tragedia del hambriento y el indigente— les irrita la protesta porque parten de la base de que cada hogar colombiano se come caviar.

De ahí la relevancia de estas manifestaciones cívicas, que mantienen la exigencia de un Estado democrático frente al intento de establecer un Estado de excepción, al cobijo del clima de zozobra y el derramamiento inútil de sangre.

El deslizamiento de la machacona y desvergonzada propaganda ha impuesto en amplias franjas sociales una visión errónea de democracia. Los autodenominados protectores del pueblo parecen ser, en gran medida y según revelan las investigaciones periodísticas y judiciales, la de contemporizar con los saqueadores de la riqueza nacional.

La debida transparencia inherente a una democracia verdadera es encubrimiento tenaz y hasta burlón. La República es desguazada sin clemencia delante de nuestros ojos día tras día, con mentiras al galope, con fundamento en el sacrificio de nuestros ejército y policía instituciones respetables que nos dejaron los próceres, pero las han manipulados para protección y defensa de interés antidemocráticos

Esa regresión salvaje en el ejercicio del poder consistió en el uso −por parte de los gobiernos, representantes políticos y poderes fácticos− de las capacidades económicas, políticas, culturales y jurídico-institucionales del Estado con el propósito de satisfacer o beneficiar intereses oligárquicos, en contra o en detrimento del interés público y general de la población, y a costa de desatender las condiciones mínimas de reproducción y desarrollo de la vida social y de supeditar el ejercicio de los derechos individuales y colectivos del grueso de la ciudadanía, dinámicas económicas ajenas a sus intereses.

La función prioritaria del Estado se reformuló para convertirlo en organizador y/o ejecutor del despojo y las expropiaciones, de la transformación y destrucción de la estructura productiva y de la implementación de masacres, represiones y numerosas violaciones de derechos necesarios para el quiebre del tejido social comunitario.

Dicen que los pobres son el vertedero de la desgracia humana. Pues dice doña María Moliner que tienen razón. Vertedero: sitio en donde se echan escombros, basuras o cosas inservibles. Entonces ¿Dónde está la dignidad? Para recuperarla y que tenga vigencia está establecido el derecho a la resistencia ante la autoridad que es una forma legítima de defensa de los ciudadanos frente a las omisiones o el abuso de poder.

Este derecho se consagra en el artículo 39 de nuestra Constitución que establece: “toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente. Sólo la ley podrá establecer de manera expresa los casos en los cuales se podrá limitar el ejercicio de este derecho.”

Este precepto constitucional de la protesta apoyada hasta por el presidente Biden, se refiere, además —más allá de la interpretación del derecho al cambio social dentro de legalidad—, a un sentimiento de libertad que forma el espíritu de los hombres y que sirve de herramienta de los débiles frente a la arbitrariedad y que recuerda a los políticos que el pueblo es el origen del poder público y fuente de su legitimidad.

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